Aarón Sequeira. 19 enero
12/11/2015, UNA heredia, Graduacion de personas privadas de libertad, con el proyecto de Emprendedores Nueva Oportunidad, aqui el viceministro Marco Feoli, foto adrian soto
12/11/2015, UNA heredia, Graduacion de personas privadas de libertad, con el proyecto de Emprendedores Nueva Oportunidad, aqui el viceministro Marco Feoli, foto adrian soto

Marco Feoli, ministro de Justicia, llamó a cuentas, este viernes, a uno de los miembros del Consejo Superior Notarial que prohibió a los notarios celebrar e inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo, porque esa medida contradice la política de este gobierno.

Se trata de uno de los dos directivos nombrados por el Ministerio de Justicia: Juan Carlos Montero Villalobos, quien participó en la sesión del jueves.

El otro representante de Justicia, Óscar Rodríguez, estuvo ausente en la sesión, pero igualmente Feoli le envió una carta exponiéndole la posición del Ejecutivo.

Montero y Rodríguez son dos de los tres representantes que el Poder Ejecutivo tiene dentro del Consejo Superior Notarial. El tercero lo nombra el Archivo Nacional, adscrito al Ministerio de Cultura.

El jueves, por unanimidad, el Consejo Notarial prohibió a todos los notarios la inscripción de matrimonios entre personas homosexuales, a pesar de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que llamó a reconocer derechos a las parejas gais.

En la votación del acuerdo 18-002-024 concurrieron, aparte de Montero Villalobos, Carlos Eduardo Quesada Hernández, Ana Lucía Jiménez Monge y Ana Lorena González Valverde. Óscar Rodríguez no estuvo durante ese acto.

(Video) ¿Qué es la Corte IDH y por qué sus resoluciones son vinculantes para Costa Rica?

En la nota que les envía Feoli a los funcionarios del Ministerio de Justicia, les exige las explicaciones por apoyar la medida y les fija un plazo de 24 horas hábiles para que emitan su informe.

“Deberá incluir las razones que contempló para votar dicho acuerdo, tomando en consideración el carácter vinculante –incluso por encima de la Constitución Política, cuando de ampliar derechos se trate– de la opinión consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante solicitud del Gobierno de la República de Costa Rica”, dice la carta dirigida por el ministro.

A criterio del ministro Feoli, no hay duda sobre la obligación de las instituciones del Estado de cumplir lo establecido en la opinión de la Corte Interamericana.

“En este sentido, el acuerdo del Consejo Superior Notarial contradice no solo la opinión consultiva, sino también la posición del Poder Ejecutivo al respecto”, dice la carta firmada por el ministro de Justicia.

Este medio está procurando obtener una reacción de Montero.

El acuerdo 2018-002-024, del Consejo Superior Notarial, dado a conocer este viernes, alega que “hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14, inciso 6, del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas”.

En el artículo al que se refieren los miembros del Consejo Superior Notarial, se establece una prohibición de que se celebren matrimonios “entre personas del mismo sexo”.

En la opinión emitida a solicitud del Gobierno de la República, la CorteIDH concluye que “es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”.

Pero el órgano superior notarial alega que la Corte no puede ignorar que algunos estados deben “vencer dificultades institucionales”, para adecuar su legislación interna y exteder el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo.

“En especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo”, dice el acuerdo del Consejo Notarial.