EscucharElian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó este jueves que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actúan como un sindicato en defensa de sus intereses. La afirmación la hizo luego de que, la noche del miércoles, la Corte Plena rechazó, de nuevo, el proyecto de reforma al empleo público, el cual ya había sido ajustado por los diputados a las observaciones de la Sala Constitucional.
En declaraciones al periodista Óscar Ulloa, de Noticias Repretel, el ministro afirmó que la Corte “le está fallando a la historia, le está fallando al país y eso es lamentable”.
Ante la consulta de por qué considera que los magistrados actúan como un sindicato, Villegas respondió: “Porque están defendiendo más los intereses internos del Poder Judicial, de los trabajadores, de ellos mismos como magistrados, que los intereses de todo un país.
“El país necesita la ley de empleo público, la Corte Suprema de Justicia está utilizando todas las armas que tiene a mano para evitar que la ley de empleo público entre en vigencia y eso es lamentable, absolutamente”, criticó el jerarca.
Esta reforma sustituiría el sistema actual de sueldos con incentivos salariales por un esquema de salario global, en todo el sector público. Además, le impondría límites a la negociación de convenciones colectivas, de manera que no en estas no se puedan negociar alzas salariales, pluses o plazas.
No obstante, la Sala IV consideró inconstitucional que las instituciones autónomas o con independencia constitucional, como el Poder Judicial, dependieran de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) en materia de empleo público. Por ello, los diputados las exceptuaron de esa rectoría.
El Tribunal Constitucional sí avaló la existencia de una ley de empleo público para todo el Estado, así como la aplicación del salario global y la regulación de las convenciones colectivas.
Este miércoles, en sesión de Corte Plena, 19 magistrados acogieron un informe que dice que, si bien la nueva versión del proyecto establece que las instituciones con independencia o autonomía definirán el futuro salario global de sus funcionarios de categorías exclusivas, el Poder Ejecutivo sí podría regular lo relativo a los puestos comunes para todo el sector público, como choferes u oficinistas, mediante el Mideplán.
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Con ese y otros argumentos los máximos jueces determinaron que la nueva redacción del plan afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Para apartarse de ese criterio, el plenario legislativo debería aprobar con 38 de los 57 diputados la iniciativa.
Sin embargo, posiblemente, le correspondería a la Sala Constitucional determinar si el plan de empleo público requiere, o no, de esa mayoría calificada, en caso de que el tema le sea consultado.
Esta no es la primera vez que la Corte Plena rechaza el proyecto de empleo público. En dos ocasiones anteriores, sobre dos redacciones distintas, los magistrados se pronunciaron de forma similar.
En ambas oportunidades, la segunda en el mes de junio del 2021, cuestionaron principalmente la rectoría del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
El ajuste no satisfizo a los magistrados de la Corte Plena. “Se interpretó que el Poder Judicial está conformado por dos sectores de personas funcionarias, lo cual no es correcto. La normativa del proyecto debe ver al Poder Judicial como un solo conglomerado de personas servidoras destinados a cumplir con la función que -por mandato constitucional- se le encomendó a este Poder de la República”, dice el informe.
La reforma al empleo público forma parte de los compromisos adquiridos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con este plan, el Estado se ahorraría en promedio un 1,04% del producto interno bruto (PIB) anual en remuneraciones, por los próximos diez años, al eliminarse el factor creciente de los incentivos salariales.
Si se usa de referencia el tamaño de la economía del próximo año, estimado por el Banco Central, significa que el rendimiento equivaldría a ¢430.000 millones anuales, de los cuales ¢318.313 millones se economizarían en el Gobierno Central y ¢111.637 millones en en el resto de instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades estatales, las empresas públicas que no están en competencia y las municipalidades..
El presidente Carlos Alvarado dijo este miércoles que, en la próxima revisión del equipo técnico del organismo, a finales de año, se tomará en cuenta el avance de la discusión de la iniciativa.
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