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El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) anunció este miércoles a una nueva jerarca al frente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Minae informó en un comunicado el nombramiento de Cynthia Barzuna, especialista en Derecho Ambiental y Urbanístico, ella sustituye a Sergio Bermúdez, quien estaba a cargo, en forma interina, desde junio del 2018.
Ella será la responsable de guiar el plan de transformación de la entidad, que incluye agilizar la resolución de decenas de proyectos de inversión varados en esa dependencia.
Precisamente, desde el año anterior, el mandatario, Carlos Alvarado Quesada se había comprometido a impulsar un plan remedial, que incluía agilizar el trámite de unos 200 expedientes que acumulaban meses varados en Setena y considerados prioritarios.
El comunicado de la nueva jerarca de Setena carece de cifras en referencia a dicho avance.
Alvarado firmó el 10 de julio del 2018 un decreto para conformar una comisión que analizaría el quehacer de Setena, para mejorar la gestión de la institución y disminuir la tramitología en el país.
Esta comisión fungirá como una auditoría que deberá presentar los planes de mejora a la Comisión Nacional de Ambiente en nueve meses, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente Alvarado y el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Carlos Manuel Rodríguez. El plazo se podría ampliar.
Entre las funciones de la comisión, se ordenó realizar un análisis de los procesos, procedimientos y trámites que ejecuta la institución, así como de su marco legal.
Ese mismo mes de julio, este diario había consultado a Bermúdez por las dificultades que enfrentaba Setena.
Cuando todavía seguía al frente de Setena, el funcionario reveló que la Secretaría recibe unas 3.000 solicitudes de viabilidad ambiental por año.
De esas gestiones, el 60% (1.800) corresponde a actividades sin mayor impacto o se presentan con errores (o ambas), por lo que solo vienen a meterse en la fila de trámites para obstaculizar la revisión de permisos para proyectos de mayor importancia.
La viabilidad es un requisito para levantar obras mediante el cual se compensa cualquier impacto ambiental que estas puedan ocasionar.
El atasco de trámites en la Setena provocaba entonces la molestia en el sector empresarial.
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, estimó en aquel momento que empresas asociadas a esa organización dejarían de invertir ¢25.000 millones este año en proyectos comerciales nuevos por la lentitud de Setena con los permisos.
Calculó que eso representaba en el 2018 unos 800 empleos directos y 3.200 indirectos menos.
“En Setena se confundió el tema ambiental con el administrativo. Como otras instituciones en el Régimen de Servicio Civil, Setena perdió avance y ello explica las medidas urgentes de intervención. Al menos tres o cuatro veces en últimos años, con cada arranque de Gobierno, se habla de mejorar Setena”, se quejaba entonces Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
