EscucharEl exmandatario Miguel Ángel Rodríguez aplaudió la propuesta del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de vender el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). Más vale tarde que nunca, afirmó el socialcristiano.
Rodríguez dijo que estas ventas habrían sido más oportunas durante su administración (1998-2002), pues el impacto en ese momento habría impedido que hoy la deuda pública se acerque al 70% del producto interno bruto (PIB).
“Lo propuse en el 98 en mi programa de gobierno; gané las elecciones proponiendo la venta del Banco de Costa Rica, de Bicsa, que en ese tiempo las dos valían mucho más que ahora, del Instituto Nacional de Seguros, su integridad, sin monopolio, por supuesto, y de la Fábrica Nacional de Licores”, aseveró Rodríguez.
El pasado 16 de agosto, en su informe de 100 días de gobierno, el presidente Chaves aseguró que la venta del BCR y de BICSA le daría unos ¢1,2 billones al Estado para pagar parte de su deuda pública; mientras que la venta de las acciones del INS generaría unos ¢593.000 millones adicionales.
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Según el expresidente, si estas operaciones se hubiesen producido durante su administración, dos décadas atrás, hoy la deuda pública no superaría la mitad del PIB.
“Si no hubiera sido porque engañaron a la gente con la lucha contra la apertura del ICE, si no hubiera sido por eso y se hubiera hecho ese pago, la deuda pública hoy día sería un 24% menor de lo que es, en lugar de ser del 68%, sería de menos del 50% del PIB. En esas condiciones, tendríamos recursos suficientes para atender a la gente pobre del país, para hacer la infraestructura, para mejorar la educación, para llevar la tecnología a todos los rincones del país”, dijo Rodríguez.
Para finales del mes de junio, la deuda pública alcanzaba los ¢28,9 billones. La idea del Gobierno con la venta de activos es amortizar la deuda y disminuir los intereses crecientes.
El Poder Ejecutivo no está facultado por la Constitución Política para realizar la venta de los activos del Estado; esta actividad debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Para ello, el presidente anunció que presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa en los próximos días.
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