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La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, requería de autorización del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para utilizar como escoltas a los agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Además, el mandatario requiere de un criterio técnico para permitir que la UEI brinde protección a un jerarca no previsto en la ley.
Así lo expuso la Procuraduría en la opinión jurídica PGR-OJ-057-2024, emitida en respuesta a consultas de la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ramírez cuestionó la legalidad de que Esquivel utilizara agentes especializados en acciones antiterrorismo para apartarla de los periodistas que buscaban hacerle preguntas sobre el hospital de Cartago y un presunto maquillaje de la situación financiera de la Caja.
Según la PGR, el presidente de la República debe sopesar si se cumplen los motivos de excepcionalidad para autorizar, “de forma previa y expresa, la participación de los miembros de dicho cuerpo policial en cualquier operativo”, dice la opinión jurídica.
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El 25 de enero pasado, la presidenta ejecutiva de la CCSS ingresó a la Asamblea Legislativa con dos escoltas de la UEI, para asistir a una comparecencia ante la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Públicos.
La presencia de los escoltas generó polémica entre los diputados. Los guardaespaldas impidieron el trabajo de los periodistas. Hubo empujones y forcejeos de parte de los escoltas hacia los reporteros.
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Aunque la PGR puntualizó que no podía referirse al caso específico de Esquivel, pues podría incurrir en un adelanto de criterio si el asunto llegara a conocimiento formal de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), sí emitió criterio sobre la necesidad de que el mandatario sea quien autorice la utilización de estos agentes en casos excepcionales.
La Procuraduría también enfatizó que la norma es clara respecto de quiénes pueden tener la protección de escoltas de la UEI, según el artículo 19 de la ley (General de Policía). Se trata de los miembros de los supremos poderes y los dignatarios que visiten el país.
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Por eso, cuando se gestione la protección para funcionarios de un rango inferior al presidente, vicepresidente y ministros, la PGR puntualizó que es obligatoria la autorización presidencial.
La UEI también se dedica a la detención y desactivación de explosivos, así como a operativos de alto riesgo contra el terrorismo y narcotráfico.
El abogado del Estado precisó que, en el caso de exjerarcas y funcionarios del Poder Ejecutivo distintos a los jerarcas, la actuación de la Unidad “tiene un carácter excepcional, pues solo puede darse en casos justificados y sujetos a la valoración técnica de ese cuerpo de policía, sobre si se presenta o no una condición de riesgo comprobado para dichas personas que amerite brindarles seguridad a su integridad física”.
En su momento, el Ministerio de la Presidencia aseguró que sí existía un estudio en poder del director de la UEI, Jeffry Cerdas Lobo, que justificaba la protección para Marta Esquivel. Sin embargo, se trataba de un documento emitido en diciembre del 2022, es decir, 13 meses antes de que la jerarca asistiera a la Comisión de Gasto Público.
Además, Esquivel consiguió los dos guardaespaldas cuatro horas antes de su audiencia en la Comisión de Gasto Público, sin la autorización presidencial exigida por ley.
A raíz de la respuesta emitida por la PGR, la diputada Paulina Ramírez enfatizó que ninguna de las normas legales se cumplieron en el despliegue de los agentes de la UEI que escoltaron a la presidenta de la Caja en enero.
“Con este oficio, se confirma que los escoltas policiales que habrían maltratado a periodistas tenían que recibir orden del presidente de la República para poder venir a la Asamblea Legislativa y, efectivamente, actuaron al margen de las funciones de la UEI”, dijo la verdiblanca.
