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La comisión encargada de investigar los actos de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y recomendar al plenario de la Asamblea Legislativa si ella ha actuado de forma negligente o no, será presidida por María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Así lo determinaron los miembros de ese foro investigador este martes, luego de que el presidente del Directorio, Eduardo Cruickshank, dio a conocer quiénes serían los miembros del panel.
Con Solís, estará en la secretaría de la comisión el liberacionista Jorge Luis Fonseca. Completan el foro la verdiblanca Aida Montiel, la oficialista Nielsen Pérez, el restauracionista Melvin Núñez, el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez.
La investigación se abrió luego de que el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, ordenó dicha apertura y solicitó a las fracciones legislativas que aportaran los diputados para integrarla.
Dicha determinación la tomó el jerarca según lo establecido en el inciso 2 del artículo 7 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes.
En ese numeral dice que, cuando haya presunción de negligencia de parte de quien ejerza la jerarquía de esa entidad, la presidencia del Congreso ordenará a una comisión que estudie el caso, le dé audiencia al defensor o defensora y emita un informe en 15 días.
“La competencia de la comisión se circunscribe a tres aspectos: dar audiencia a la defensora de los Habitantes sobre la denuncia interpuesta, realizar la investigación dentro del plazo establecido y rendir el informe de la investigación al Plenario Legislativo”, dijo Cruickshank.
Cruickshank tomó la decisión después de recibir una denuncia firmada por 82 funcionarios de la Defensoría que le solicitaban abrir una comisión investigadora, pues consideran que la actuación de Crespo “atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos”.
Dicho pronunciamiento llegó tan solo días después de que la defensora decidiera suprimir el Consejo de Directores de la institución mediante una publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Crespo anuló el Consejo después de que este le solicitó la renuncia al considerar que violentó los procesos preestablecidos en la investigación sobre Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
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En un oficio enviado a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, el cual estuvo catalogado como confidencial en el sistema interno de la institución, Crespo cuestionó si la Asamblea Legislativa es o no la institución superior jerárquica de la Defensoría de los Habitantes, en términos administrativos y disciplinarios.
Dentro de la serie de señalamientos que se le achacan a la defensora, está la desaparición de parte del audio de la entrevista que hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, por el caso de la UPAD. El anuncio lo hizo dos meses después del momento en que se enteró del incidente.
Además, según un testimonio interno, Crespo también solicitó eliminar el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, del informe de pesquisa.
La renuncia de la defensora también la han pedido 54 funcionarios de la Defensoría, quienes en junio indicaron que la jerarca perjudicaba la imagen y credibilidad de la institución. Aseguraron que “no existe dirección estratégica desde el despacho de la defensora'.
