El despacho de la defensora Catalina Crespo declaró confidencial, en el sistema informático interno de la Defensoría de los Habitantes, un documento que la jerarca utilizó como fundamento para suprimir el Consejo de Directores de la institución.
Se trata del oficio DH-548-2020 que Crespo le envió el 21 de julio a la contralora general de la República, Marta Acosta, para solicitarle información sobre la normativa que regula el quehacer del Consejo Consultivo de la Contraloría General de la República.
Según el oficio de Crespo, la intención era “mejorar el funcionamiento del Consejo de Directores” de la Defensoría, justo después de que este órgano le solicitó la renuncia por considerar que violentó el macroproceso de investigación en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y que afectó la credibilidad de la institución.
Dentro de la Defensoría de los Habitantes, existe un sistema electrónico de transparencia, donde se cuelga la correspondencia del despacho de la defensora, a fin de que los funcionarios tengan acceso a las consultas que salen de la oficina de la titular de la institución.
No obstante, este oficio dirigido a la CGR, sobre el Consejo de Directores, nunca pudo ser conocido por el personal por la calificación de “confidencial” que se le otorgó.
Cuando un documento es declarado confidencial, este no puede ser observado por ningún funcionario. Esta categoría se aplica para aquellos casos que poseen datos sensibles de personas o denuncias donde se debe proteger la identidad del denunciante, como casos de acoso o corrupción.
La Nación tuvo acceso a imágenes del sistema informático donde se evidencia que el oficio dirigido a la contralora general tenía la calificación de confidencial, pese a que no posee datos e información sensible.
El documento careció de acceso para el personal y, el 3 de agosto, Catalina Crespo publicó en La Gaceta un acuerdo con el que reformó el Estatuto Autónomo de la Defensoría de los Habitantes y le quitó todas las funciones al Consejo de Directores, dejándolo sin voz ni voto.
De esta forma, el Consejo ya no podrá tomar acuerdos y se limitará a ser un órgano asesor de Crespo, en el cual solo participarán las y los funcionarios de alto nivel que la propia defensora escoja.
Una vez conocido el cambio, la defensora argumentó que la respuesta de la contralora, a una consulta suya, permitió “zanjar una serie de dudas y cuestionamientos que se habrían generado durante las últimas semanas en nuestra institución, por lo que mediante acuerdo N°2290, se decidió modificar el artículo 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización, Acuerdo N°528-DH”.
No obstante, el 6 de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) desmintió el argumento esgrimido por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Mediante un comunicado de prensa, la Contraloría aclaró que “no ha emitido criterio alguno” sobre la organización interna de la Defensoría.
El 22 de julio, la contralora general, Marta Acosta, le había contestado a Crespo que, según la Ley Orgánica de la Contraloría, esta entidad tienen un Consejo Consultivo integrado por funcionarios de alto nivel de la misma institución, el cual asesora al contralor y al subcontralor respecto de sus políticas.
Le añadió que el Consejo de la CGR tiene un carácter asesor, deliberativo y, por tanto, no tiene reglas formales de cuórum, ni tampoco se adoptan acuerdos.
Aunque Crespo insistió en que se basó en la respuesta de la contralora para tomar su decisión, por ser una institución homóloga, la CGR sostuvo: “No es responsabilidad del órgano contralor ni su competencia dar criterio sobre dicho tema; de modo que las decisiones que haya tomado la Defensora no se basan en ningún criterio generado por la Contraloría para tal efecto”.
La propia Contraloría hizo público el oficio que, en el sistema interno de la Defensoría, aparecía como confidencial.
Este lunes 10 de agosto, este medio le consultó al despacho de la defensora de los Habitantes información sobre el funcionamiento del sistema de transparencia y solicitó que se le compartiera el oficio enviado a Acosta.
Para ese momento, la consulta a la Contralora seguía catalogada como confidencial en el sistema informático.
Este martes, La Nación tuvo acceso a documentos que comprueban que se generaron cambios recientes ya que ahora, pese a seguir como confidencial, el documento que Crespo le envió a Marta Acosta aparece colgado en el sistema.
Al cierre de esta edición, el oficio no fue entregado al medio y el despacho indicó que, para poder conocer el funcionamiento de sistema de transparencia, se debía de enviar una carta formal que sería contestada según el plazo establecido por la ley.
Funcionarios le piden cuentas a Defensora
Este martes, el Sindicato de Funcionarios de la Defensoría (Sidef) le envió un oficio a Crespo, donde le pide explicaciones sobre los criterios utilizados para que se declaren confidenciales los oficios.
“En este año 2020 nos hemos encontrado con la limitación de que muchos de los documentos consignados en el sistema de oficios del Despacho, no están disponibles para consulta porque se catalogaron como confidenciales; situación que está entorpeciendo la labor de este sindicato en procura de salvaguardar los intereses institucionales y los derechos de las personas trabajadoras de la Defensoría, al tiempo que violenta los principios de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, aspectos medulares del enfoque basado en derechos humanos y el control interno”, sostiene el documento.
Según explica esta carta, este no es el único caso, pues alegan que durante este año la situación se ha vuelto común, ya que hay un listado de consultas emitidas a diversas instituciones bajo confidencialidad.
Asimismo, indican que hay oficios que no son confidenciales y no están disponibles en el sistema de correspondencia, lo cual señalan que atenta “contra los principios de unicidad, acceso y transparencia de la información de la correspondencia institucional”.
En la imagen adjunta en el documento enviado por los funcionarios de la Sidef a la defensora de los Habitantes, se muestran trece consultas confidenciales, de las que piden copia de los oficios y que de la debida justificación del porqué fueron catalogados como confidenciales.