La Contraloría General de la República (CGR) desmintió el argumento esgrimido por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, a la hora de emitir el acuerdo con el que suprimió el Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes.
Mediante un comunicado de prensa difundido la mañana de este jueves, la Contraloría aclara que “no ha emitido criterio alguno” sobre la organización interna de la Defensoría.
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“Es indispensable indicar que la CGR no ha emitido criterio alguno sobre la forma de organización interna que la normativa determina para la Defensoría de los Habitantes y, en modo alguno, podría considerarse la explicación sobre nuestra forma de organización interna como criterio emitido para la Defensoría de los Habitantes”.
La explicación surgió luego de que la defensora Catalina Crespo publicó el lunes pasado, en La Gaceta, una reforma al Estatuto de la Defensoría, con la que suprime las funciones de evaluación que ejercía el Consejo de Directores de la Defensoría desde hace unos 30 años, integrado por los directores de la institución.
Con ese cambio, ahora este Consejo carece de voz y voto y sólo participarán en él las personas que Crespo decida, únicamente con fines de asesoría.
La jerarca aplicó el cambio luego de que, en junio, el Consejo de Directores acordó solicitarle la renuncia por considerar que puso en riesgo la credibilidad e imagen de la institución, al violar los procesos de investigación en la pesquisa de la Defensoría sobre la UPAD.
En la investigación que Crespo hizo sobre la UPAD, se desapareció la grabación con la declaración del presidente Alvarado, sin embargo prohibió al Consejo de Directores hablar con la prensa al respecto. La defensora informó de la desaparición dos meses después de que se enteró.
Al defender su decisión de eliminarle las funciones a este órgano, la defensora de los Habitantes argumentó que le hizo una consulta a la Contraloría General sobre la forma en que esta institución opera, porque encontró en la CGR “una institución homóloga, bajo el entendido de que ambas tienen mandatos y naturalezas legales distintas, pero cuya labor fiscalizadora y de control de legalidad les asemeja en determinadas áreas de su mandato”.
El 22 de julio, la contralora general, Marta Acosta, le contestó a Crespo que, según la Ley Orgánica de la Contraloría, esta entidad tienen un Consejo Consultivo integrado por funcionarios de alto nivel de la misma institución, el cual asesora al contralor y al subcontralor respecto de sus políticas.
Le añadió que el Consejo de la CGR tiene un carácter asesor, deliberativo y, por tanto, no tiene reglas formales de cuórum, ni tampoco se adoptan acuerdos.
Al respecto, la defensora argumentó: “La respuesta de la señora contralora permite zanjar una serie de dudas y cuestionamientos que se habrían generado durante las últimas semanas en nuestra institución, por lo que mediante acuerdo N°2290, se decidió modificar el artículo 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización, Acuerdo N°528-DH”.
No obstante, la Contraloría la desmiente y dice que “no es responsabilidad del órgano contralor ni su competencia dar criterio sobre dicho tema; de modo que las decisiones que haya tomado la Defensora no se basan en ningún criterio generado por la Contraloría para tal efecto”.
El martes 5 de agosto, 82 funcionarios de la Defensoría firmaron una carta, enviada a la Asamblea Legislativa, en la que consideran que la decisión de Crespo deja un sinsabor a arbitrariedad y autocracia.
Este grupo de funcionarios solicitaron a la Asamblea Legislativa abrir una comisión investigadora alegando acciones negligentes por parte de la titular de la Defensoría.
Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, explicó que el lunes envió una consulta al departamento jurídico y de servicios técnicos de la Asamblea para determinar quién debe valorar si la defensora incurrió o no en actos que ameriten habilitar dicho órgano investigador.