El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, recomienda a los diputados subir solo dos años la antigüedad de los autobuses del transporte público, en lugar de cinco años como lo avala una comisión legislativa. La medida sería por una única vez e incluiría solo a las unidades ya inscritas, excluyendo a las que se registren a futuro.
Así lo planteó el ministro en el oficio DM-2022-4898 enviado el 13 de octubre a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde se dictaminó una propuesta de elevar de 15 a 20 años la antigüedad de las unidades del transporte público.
Amador también recomienda a los diputados aprobar que la revisión técnica de los autobuses, a partir de los 15 años, sea tres veces al año, en lugar de dos veces al año, como ocurre en la actualidad. “Lo anterior con el fin de garantizar aún más la efectividad de dichos planes de mantenimiento y las óptimas condiciones de las unidades para seguir operando en las rutas ya actualizadas”, agregó.
En el documento, Amador pide no aprobar como está el proyecto que modificaría el artículo 46 bis de la Ley N°. 7.600. Alega la inconveniencia para la seguridad de los usuarios, la calidad del servicio y los planes de renovación de la flota.
En su lugar, sugiere que se extienda la vigencia de operación solo por dos años. Esta sería una norma transitoria que permitiría a las unidades funcionar en ruta regular por una única vez, con un máximo de antigüedad de 17 años. El plazo planteado vencería el 31 de diciembre del 2024, según el jerarca.
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Este aumento de plazo sería el ideal para permitir la recuperación económica del sector autobusero y la estabilización de la demanda del servicio, sostuvo el ministro. “Esta medida se considera más adecuada, por cuanto no le da vocación de permanencia a una situación excepcional como son los efectos económicos y operativos ocasionados por la pandemia de la covid-19″, apuntó.
Una mayoría de cinco diputados del foro de Económicos dictaminó afirmativamente, el 27 de setiembre anterior, un texto sustitutivo al texto base presentado por el exdiputado socialcristiano Erwen Masís. La ampliación en cinco años sería transitoria.
La medida ayudaría a los autobuseros, quienes se vieron afectados económicamente por la reducción de la demanda durante la pandemia, dijeron los diputados.
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Diputados desoyeron recomendaciones
Sin embargo, el Consejo de Transporte Público (CTP) avaló en el 2021 la propuesta legislativa siempre y cuando la medida se mantuviera solo durante la emergencia nacional provocada por la covid-19.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por su parte, advirtió de que la propuesta bajaría la calidad del servicio y aumentaría el costo del transporte para los usuarios.
Las unidades más viejas requieren más mantenimiento y repuestos, por lo que esos gastos se trasladarían a las tarifas, señaló el entonces regulador general, Roberto Jiménez, en octubre del 2021.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), alrededor del 10% de la flotilla de autobuses de ruta regular, unas 450 unidades, tienen 15 o más años de antigüedad. En este momento, indicó el gremio, no pueden circular.
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Afectaría descarbonización del transporte
En el oficio dirigido a los diputados de Económicos, Amador les recuerda que el Decreto Ejecutivo 28337-MOPT plantea para el área metropolitana de San José y zonas aledañas, una reorganización de las rutas, la renovación de la flota preferentemente con unidades nuevas y estandarizadas recomendadas por el MOPT.
Permitir el envejecimiento de la flota de autobuses sería contrario a dichos esfuerzos, dado que atrasarían mucho más las inversiones programadas que de por sí ya son muy lentas, les dijo el jerarca a los diputados.
Cada dos años, les recordó, las empresas deben sustituir el 5% de su flotilla por unidades eléctricas, en concordancia con el decreto 28337-MOPT.