Josué Bravo. 22 noviembre, 2018
Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República. Fotos: Mayela López
Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República. Fotos: Mayela López

Jonathan Prendas, vocero del bloque de diputados de Nueva República, afín al excandidato Fabricio Alvarado, expuso la posición de su grupo frente a la propuesta de reformar la legislación que regula las huelgas.

Prendas se refirió al tema en entrevista, luego de que los legisladores separados de Restauración Nacional se negaran a darle vía rápida a un proyecto del PLN que cerraría la posibilidad de efectuar huelgas en servicios esenciales y que permitiría rebajar salarios, de forma retroactiva, por movimientos ilegales.

– ¿Están de acuerdo con que no se puedan rebajar salarios en forma retroactiva a quienes participaron en huelgas ilegales?

– El primer examen de la Reforma Procesal Laboral no pasó con nota positiva y no es el hecho de que se puedan rebajar o no salarios del Estado en este tiempo de huelga.

"Es el hecho de que ha habido una inseguridad jurídica bárbara de parte de la norma para con la seguridad jurídica que tienen que tener los sindicados para saber cuándo pueden y cuándo no pueden estar en huelga; inseguridad jurídica para el patrono, en este caso el gobierno, para poder conciliar o para poder terminar en buena lid con la huelga alcanzando algún acuerdo; inseguridad jurídica para el Poder Judicial que ni siquiera tiene a dónde notificar a los miembros del sindicato, por lo tanto, no se le puede dar celeridad al proceso de declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga; inseguridad jurídica para toda la población porque no sabe en qué momento va a poder recuperar su tranquilidad a la hora de prestación de servicios, ya sea de salud, educación o cualquier otro.

“Eso me confirma que la Reforma Procesal no pasó, por algo se había vetado en el periodo de la administración de Laura Chinchilla”.

¿Usted manifiesta un interés de modificar la ley de Reforma Procesal Laboral? El PLN promueve un proyecto de ley para rebajar salarios por huelgas ilegales, algo que no ocurre ahora.

– Eso a mí me genera una necesidad de querer modificar la Reforma Procesal Laboral, pero no necesariamente en sentido de generar herramientas para cobrar (salarios), porque eso es, un además, de lo que hay que solucionar.

“Lo que hay que solucionar es la seguridad jurídica o no del proceso y desarrollar las herramientas oportunas. El proyecto de Carlos Ricardo Benavides es una aproximación inicial, me parece válida, me parece que es de estudio, pero a ese proyecto también le faltan bastantes elementos y dientes para poder fortalecer el Código Procesal Laboral”.

Dada la necesidad de reformas que usted plantea, ¿por qué el bloque no está de acuerdo con darle una vía rápida al proyecto de Carlos Ricardo Benavides?

– El trámite rápido 208 bis no se vislumbra dentro del bloque y a título personal como la herramienta. Hay otras, que es ponerlo en primer lugar de la comisión correspondiente, en este caso Jurídicos; ponerlo en el primer lugar del plenario, eso va forzando y va asimilando el desarrollo de las tomas de decisiones para que todos están tranquilos. ¿Por qué no un 208 bis?, porque en este momento los ánimos están muy, muy densos.

“Es un asunto de prudencia y de paciencia lo que tiene que privar, yo creo que podríamos avanzar incluso más rápido si nos ponemos de acuerdo y con voluntad de mayorías a un proyecto que hay que gestarlo”.

En la política muchas veces hasta negociar cuesta…

– Yo creo que si todos nos comunicamos, podemos llegar a puntos de encuentro. No se le va a quitar el derecho a huelga a nadie. Por el contrario, se le va a decir a los sindicalistas ‘puedes estar tranquilo en una huelga porque las reglas del juego están bien delimitadas y sabés, cuando entrás a un proceso de huelga, que está tranquilo su salario’.

“Pero si en este momento la declaratoria de legalidad e ilegalidad de la Corte va y viene como las olas del mar, entonces no hay seguridad y de hecho hay muchos sindicalistas que en este momento no saben si tienen un salario, no saben si tienen un trabajo porque todo el mundo les dicen ‘tranquilo, no les va a pasar nada'; y la otra mitad del mundo les dice ‘ustedes tienen que buscar trabajo porque los van a despedir’”.

¿Están de acuerdo con que, por interpretación de la ley, no quede claro si el suministro de combustible es un servicio esencial?

– Yo he escuchado también otra propuesta de doña Yorleni (León, del PLN) de depurar qué son los servicios esenciales, que ese es otro problema. Ahorita no se sabe qué es un servicio esencial, por lo tanto la gasolina no entra sobre eso, entonces Recope puede estar igual en huelga. Pero los combustibles son los que mueven el país y, sin eso, se paraliza gran parte.

“Entonces, habría que ver hasta dónde podemos depurar la lista que inicialmente ella está presentando. Me parece sano, no necesariamente darle un visto bueno de entrada pero sí verla, estudiarla, depurar y tomar una decisión”.

¿Y para usted el combustible es un servicio esencial…?

– Para mí sí, por supuesto, el país se paraliza y, si se paraliza, no hay educación, no hay salud y no hay nada.

¿Está de acuerdo con bloqueos en carretera y sabotajes durante la huelga?

– La huelga es un derecho constitucional, el bloqueo es un sin sentido constitucional, porque usted no le puede impedir el movimiento a otra persona.

"El asunto es desarrollar la conceptualización y dividir básicamente qué es una huelga y cómo se consigue y otra qué es paralizar las vías públicas y ahí si no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho al libre tránsito. La libertad tuya llega hasta donde empieza la mía. Y si usted me impide el traslado, usted está bloqueándome, por lo tanto está impidiendo un derecho constitucional que entra a reñir con el otro y ahí ha sido clara la normativa, los votos de la Sala de decir ‘usted no puede bloquear, puede hacer tortugismo y ahí vamos todos en fila, pero usted no puede bloquear’.

Aunque el sector sindical haya provocado bloqueos.

– Ellos pueden hacer huelga siempre y cuando se garanticen las reglas del juego para todos los diferentes públicos y donde los servicios esenciales sí estén garantizados.

¿Usted también considera la educación como servicio esencial?

– La educación por supuesto que sí, la salud por supuesto que sí, el transporte y el combustible por supuesto que sí, ¿las telecomunicaciones? habría que ver hasta dónde, yo creo que sí, porque ahora todo está está interconectado

¿Está de acuerdo con que se suspendan esos servicios esenciales mientras un juzgado dura uno, dos meses o más en resolver la legalidad o no de la huelga?

– El plan remedial tiene que ir de la mano con el sentido común y la capacidad de un sindicato de hacerse escuchar, cuando se trata de un servicio esencial.

El 80% de los docentes del sector público sigue en huelga, los maestros no están dando clases, los estudiantes perdieron meses de estudio, pero los educadores están yendo a cobrar sus salarios

– Lamentable la pérdida de clases, pero no han declarado la huelga ilegal. Es parte de lo que te digo, la Reforma Procesal Laboral no pasó su examen, el arreglo (que se logre en la Asamblea Legislativa) no es retroactivo, por lo tanto no aplicaría para esta huelga también.

“No podemos mentirle a la gente que mañana votamos eso y se despide a todo mundo, porque no es retroactivo. Entonces lo que hay que lograr es salir de la mejor manera desde el punto de vista jurídico, salvar este tema. No podemos quitarles los salarios si no hay una reglamentación, una parte jurídica que diga ‘sí quítelos’, porque iríamos contra la naturaleza legal”.

Si se logra reformar al Código, ¿está de acuerdo con que se le quite el salario de manera retroactiva a los huelguista, cuando la protesta sea declarada ilegal?

– Como te digo, es parte del masticar la ley que viene ahora. Hay que ver cuándo es legal, cuándo es ilegal, el proceso para que la Corte pueda definirlo, que los sindicatos puedan defenderse y puedan exponer.

"Si eventualmente se hace ilegal, ya está por norma internacional y podemos apoyarnos incluso en la OIT. ¿Qué pasa en ese momento con una declaratoria de ilegalidad? ¿Es o no es cobrable? Se le tendría que obligar a la gente a estar in situ en la huelga, no estar en cualquier parte del país; si usted es del Ministerio de Hacienda, estar a las afueras del Ministerio de Hacienda para comprobar que estás en huelga.

“Es todo eso lo que habría que hilvanar con la OIT y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, para poder depurar y darle seguridad jurídica a unos y a otros, porque no podemos dispararle a uno cuando la culpa es de todos”.

¿Estas posiciones suyas han sido dialogadas individualmente o como bloque, con organizaciones sindicales?

– No.