Una reciente respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la presidencia del Congreso concluye que este tipo de pagos es improcedente.

En el video, Prendas alega que hay toda una “tradición jurídica o legal” en el Congreso para pagarles prestaciones a los asesores cuando pasan a la curul.

Según dijo, hay algún tipo de relación entre la llegada del dictamen de la Procuraduría sobre las prestaciones de los exasesores y su intención de votar, el lunes, a favor de la apertura de una investigación contra las finanzas electorales de tres campañas políticas del PAC.

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“¿Qué es lo más problemático y lo más sensible de todo esto? Es el hecho de que el gobierno del PAC siga haciendo de las suyas. El abogado del gobierno del PAC es la Procuraduría y este criterio lo hacen llegar a la Asamblea, manifestando que hay ilegalidad en un pago, pocas horas después de que un diputado vota a favor de investigar al PAC, como parte de sus campañas electorales", arguyó el congresista.

En un ataque reiterado contra la PGR, Jonathan Prendas alegó que es preocupante que se emita un dictamen, que sin embargo no lo menciona a él en ninguna parte.

“Si así les parece que van a callar a este diputado de las denuncias que hace, todos los malos manejos y las malas decisiones del PAC, se equivocan”, dijo en su clip.

Incluso, adujo que ese dictamen jurídico del abogado del Estado es una “ligereza”, y se lo atribuyó tanto a la Procuraduría, como al gobierno de Carlos Alvarado o a la fracción legislativa del PAC.

“No van a hacer mella sobre mí. No vamos a permitir que nos sigan callando, no vamos a permitir que nos amedrenten”, dijo Prendas.

El alegato del diputado fue apoyado por su exjefe en la Asamblea, el exdiputado y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado.

El dictamen al que se refiere el diputado del bloque fabricista tiene fecha del 7 de junio y se emitió ante una consulta hecha por la diputada Carolina Hidalgo, en enero del 2019, cuando era presidenta del Directorio del Congreso.

En su respuesta, la Procuraduría explicó, de forma genérica y no específicamente para el caso de Prendas, que resulta improcedente el pago de prestaciones a funcionarios que pasan de una dependencia a otra del Estado, así sea que de asesores asciendan a la curul.

Para la institución, no es posible conceder el pago a funcionarios que, al ser removidos de sus puestos de confianza, inmediatamente pasen a ocupar cargos remunerados en oficinas estatales, incluida la Asamblea Legislativa.

Así ocurre, añadió, “con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva que asuman en el nuevo cargo”.

El procurador Luis Guillermo Bonilla explicó que el artículo 686 del Código de Trabajo impide el reingreso en cualquier dependencia del Estado a personas que hayan recibido la cesantía por dejar un puesto.

Los servidores públicos que se acojan al beneficio no pueden ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma de la cesantía.

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“No obstante, si dentro de ese lapso llegasen a aceptarlo (un cargo), quedarían obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas, deduciendo aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante el tiempo que permanecieron cesantes”, añade el criterio.

Hidalgo había consultado a la Procuraduría qué pasa si un funcionario de confianza resulta electo en un cargo de elección popular: ¿debe cobrar prestaciones por el cambio de puesto?

¿Por qué cobró prestaciones?

Antes de lanzar los ataques contra el órgano técnico que defiende los intereses del Estado, Jonathan Prendas aseguró que él pudo cobrar las prestaciones legales cuando terminó un periodo de siete años como asesor legislativo de confianza gracias a una “tradición jurídica o tradición legal” del Congreso.

Esta “tradición jurídica” es defendida por el director de Recursos Humanos del Congreso, Hugo Cascante, quien alega que se trata de regímenes salariales y laborales diferentes y que eso permite que un asesor que sabe que va a empezar una diputación pueda cobrar prestaciones, cuando pasa de un puesto al otro.

“Eso me motivó a que yo, semanas antes de terminar el nombramiento, pidiera criterio a Legal, Financiero y Recursos Humanos (todos departamentos administrativos del Congreso), para saber cuáles eran los extremos de cesantía que me correspondían como asesor que terminaba un contrato", relató el fabricista.

Narró, además, que esos departamentos le explicaron que, una vez que un asesor llega a diputado, tiene derecho a cobrar el 100% de los dineros, puesto que “son regímenes laborales totalmente diferentes”.

Finalmente, pidió el dinero y semanas después se lo pagaron. En total, ¢9 millones, incluyendo cesantía y vacaciones.

Según Prendas, el problema ahora es que “la Procuraduría está diciendo que a mí no se me tuvo que haber dado ese dinero, porque nunca se me rompió la continuidad con el Gobierno y la Asamblea como patronos".

Añadió que las diferencias entre ser empleado legislativo y diputado radican en que un legislador no puede ser parte de la asociación solidarista de empleados, que no tiene derecho a prestaciones ni a salario escolar, además de que no cobra un salario, sino dietas.

“Si ellos (la Procuraduría) tienen razón, la Ley de Asociaciones Solidaristas estaría en el limbo, con una profunda inseguridad jurídica, porque nunca podrían saber cuándo se rompe la línea de trabajo y, además, la relación laboral con el diputado cambiaría, y ahora sí podríamos pedir prestaciones, salario, salario escolar y ser parte de las asociaciones de empleados”, comentó el diputado.

Ante el conflicto que tiene entre manos, la administración del Congreso pediría una ampliación del criterio a la Procuraduría, pues el dictamen emitido tiene carácter vinculante.