Al defender el presupuesto que el Poder Judicial recibirá en el 2019, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, alegó este martes que “se han satanizado” los pluses que su institución les paga a los funcionarios, es decir, los pagos extra al salario base.
Así lo expresó en la Asamblea Legislativa, en una de las audiencias realizadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios para evaluar el próximo presupuesto ordinario del Gobierno central.
“Yo no puedo satanizar todos los pluses. Sí puedo decir que se puede hacer una racionalización”, afirmó el jerarca de la Corte cuando el legislador Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le preguntó por qué el Poder Judicial paga más en privilegios que en salarios base.
En ese foro, los diputados cuestionaron que, en la crisis fiscal que vive el país, ese poder de la República destina una buena parte de su presupuesto al pago de pluses.
El presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el 2019 es de casi ¢475.000 millones, de los cuales ¢180.000 millones se destinarán al pago de pluses (casi el 38%), mientras que ¢103.000 a sueldos base (poco menos de un 22%).
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Actualmente, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, por mes, casi ¢1 millón solo en incentivos.
De hecho, 46 altos jerarcas reciben un plus, llamado índice gerencial, que significa entre un 26% y un 96% adicional al salario base.
Se trata de un privilegio que afronta una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV. Por lo tanto, Cruz aseveró que no se referiría a este durante la audiencia con los diputados.
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Para el año próximo
Los pluses responden a retribución por años de servicio, restricción del ejercicio liberal de la profesión, aguinaldo, salario escolar y un rubro llamado otros incentivos salariales.
El presidente de la Corte les dijo a los legisladores que el pago de esos beneficios “responde a una política institucional... para que los trabajadores se sientan estimulados a estar en el Poder Judicial”.
“Estos incentivos tienen muchos años; algunos 25 o 30 años. Habría que cambiar el sistema de pagos para los funcionarios, porque ha habido una acumulación de incentivos dados en función de la competitividad y de criterios técnicos”, argumentó.
Implicaría ‘una ley de empleo público’
Según explicó Cruz, cambiar el sistema de pago de pluses supondría un replanteamiento de la actual legislación de salarios, pues cada uno de esos privilegios responde a criterios técnicos. No obstante, dejó claro que sí es posible modificar o reducir algunos.
“¿Cuáles son los incentivos que sí debieran pagarse y cuáles no? Tendríamos que entrar a analizar rubro por rubro, que sería eso una ley de empleo público”, expresó el líder de la Corte y también magistrado.
Cruz afirmó que revisar cuáles incentivos deberían desaparecer implicaría dos pasos: hacer primero una valoración técnica de cada uno, y luego comparar la escala de pluses judiciales con los del resto de poderes de la República.
El jerarca de la Corte aclaró que ese replanteamiento de pago de privilegios debería regir para los nuevos funcionarios del Poder Judicial, tomando en cuenta el factor de derechos adquiridos de los actuales empleados.
Asimismo, argumentó que la cancelación de incentivos responde a una necesidad de la entidad por conservar su personal. “Si ya tenemos problemas de hacer atractiva la carrera judicial, con una reducción eso se puede poner en peligro”.
Prosiguió: “Por ejemplo, nosotros tenemos que competir con los bufetes en relación a los jueces. Entonces, hay que hacer atractivos los puestos, para que jóvenes ingresen al Poder Judicial. Ahí están los rubros de pago de carrera profesional, de prohibición, y muchos de esos rubros están previstos en otros poderes de la República”, comentó.
Privilegios en estudio
El presidente de la Corte comunicó a los diputados que desde hace mes y medio, el magistrado y presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, elabora un informe sobre los privilegios que paga el Poder Judicial.
Cruz aclaró que esto no quiere decir que vayan a eliminar el pago de algunos de estos beneficios, sino que se hace “para determinar qué podría valorarse con respecto a esos incentivos”.
El documento estaría listo en unos “dos o tres meses”, afirmó el máximo jerarca de la Corte.
Cruz aclaró que el Poder Judicial es consciente de la situación fiscal del país y, por ese motivo, dijo, se le encomendó a Castillo la ejecución del informe.
La diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le pidió a Cruz enviar el documento a la Comisión de Asuntos Hacendarios cuando esté listo.
Por su parte, Wélmer Ramos, de la misma fracción, mostró satisfacción por que el Poder Judicial esté revisando el presupuesto que destina a pluses, pues “hay preocupación por el gasto”.
Ramos recalcó la importancia de realizar esa indagación, debido a las diferencias salariales que hay en la función pública entre personas que desempeñan los mismos puestos, pero en distintas instituciones.