El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, ordenó, este lunes, investigar a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, debido a una serie de señalamientos internos de parte de los directores de esa entidad, quienes le achacan, por ejemplo, haber violentado los procesos de investigación en la pesquisa sobre la UPAD.

La decisión fue avalada por los jefes de fracción de los partidos políticos en la reunión semanal de los líderes de bancadas.

Allí, Cruickshank les informó que la comisión legislativa tendrá siete diputados y deberá rendir informe en 15 días, a partir de su instalación en el plenario del Congreso.

La comisión se crea tal como lo establece el inciso 2 del artículo 7 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes.

Ese artículo dice que cuando haya presunción de negligencia de parte de quien ejerza la jerarquía de esa entidad, el presidente del Congreso ordenará crear una comisión para estudiar el caso, darle audiencia al defensor o defensora, y emitir un informe en 15 días.

Según lo establece la ley, la Defensoría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa.

Cuando se conoció la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en febrero, la defensora anunció una investigación, que estuvo marcada por varios hechos, entre ellos la pérdida de una parte importante del audio de la entrevista al presidente Carlos Alvarado.

También, funcionarios de alto rango de la Defensoría, señalaron que en el informe final de la investigación se omitió el nombre de Rodolfo Piza, exministro de la Presidencia.

Ante supuestas irregularidades, el Consejo de Directores de la Defensoría acordó solicitarle a Crespo su renuncia.

Esta petición aumentó las tensiones a lo interno de esa institución, al punto de que hace una semana, la jerarca publicó un acuerdo con el que suprimió al Consejo de Directores como órgano de evaluación de la Defensoría.

En adelante, en ese Consejo solo participarán los directores que ella considere pueden aconsejarla, ante solicitud suya. Incluso, no tienen ni voz ni voto.

Para publicar ese acuerdo, Crespo se sustentó en una respuesta que le dio la Contraloría General de la República. Pero esta entidad salió a desmentir que haya emitido pronunciamiento alguno que valide la decisión.

Después de que Crespo suprimió el Consejo de Directores como órgano de consulta de alto nivel, llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa una carta firmada por 82 directores y funcionarios de la Defensoría en la que le piden a Eduardo Cruickshank tomar cartas en el asunto.

Potestad del presidente legislativo

La creación de la comisión investigadora no requiere del aval de la Asamblea, pues es potestad del presidente conformarla. Lo único que faltaría es que cada fracción sugiera sus representantes.

Cruickshank anunció su decisión después de que hiciera una consulta al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso y este le confirmara que es absoluta potestad suya la conformación de dicho órgano parlamentario.

“Es resorte exclusivo de esta presidencia conformar una comisión para que haga esas indagaciones; no es un asunto optativo de la presidencia, conforme a la normativa es vinculante configurar esa comisión”, dijo el jerarca parlamentario.

Fue el restauracionista quien decidió que el órgano investigador esté conformado por siete miembros, indicó.