EscucharEl Partido Liberación Nacional (PLN) busca consolidar un acuerdo para impedir que el Ministerio de Hacienda se convierta en una de las entidades con potestad de pedir el congelamiento de capitales sin origen lícito aparente, tal como lo prevé el proyecto de ley 22.834. El jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, advirtió del riesgo de que esa capacidad, en manos de un órgano del Poder Ejecutivo, sea utilizada para venganzas políticas.
La iniciativa en cuestión permitiría a cuatro instituciones solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. Tal es el caso de propiedades, autos o cuentas bancarias.
Las cuatro entidades son la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público. Este proyecto lo presentó la administración anterior, de Carlos Alvarado, y ahora es impulsado por el gobierno actual.
La medida se dictaría sin audiencia previa y las instituciones pueden pedirla antes de presentar una denuncia sobre capitales injustificados contra el propietario. Luego, los dueños deberán demostrar el origen de sus bienes, pues el objetivo es tener una herramienta más efectiva para perseguir a las organizaciones criminales, atacando su patrimonio.
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Izquierdo aseguró que se ha logrado avanzar para evitar que Hacienda tenga dicha potestad.
La diputada independiente Gloria Navas afirmó que algunos proponen restringir la potestad de solicitud solo al Ministerio Público. Con esa tesis comulga la fracción oficialista, tal como lo indicó la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros.
No obstante, Navas agregó que hay discusión sobre ese punto, porque se trata de un proceso en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde también pueden tener esa competencia la Contraloría y el ICD.
“Tendremos una mesa de trabajo al respecto, para escuchar pros y contras. Incluso, sobre la mesa hay propuestas que permitirían que la Contraloría y el ICD sean coadyuvantes dentro de los procesos, en virtud de que podrían dar información valiosa dentro de los procedimientos. En la mesa, hay cinco propuestas de las diferentes fracciones”, comentó la oficialista.
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De hecho, fracciones como el Partido Liberal Progresista (PLP) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) coinciden en que esas dos instituciones deben tener la función de coadyuvar dentro del procedimiento de persecución de capitales presuntamente ilícitos.
El proyecto fue aprobado en primer debate, pero se retrotrajo para hacerle cambios de fondo; sin embargo, todavía cada fracción tiene sus observaciones.
El proyecto establece que el congelamiento de bienes o capitales puede operarse cuando estos igualen o superen los $50.000.
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Otra duda que han planteado las fracciones es la de bajar el umbral de los $50.000 y dejarlo en $10.000, pero hay otras propuestas para dejarlo abierto, sin un valor específico de los bienes o capitales.
Aunque sobre la mesa de negociación también está planteado que se pueda permitir una audiencia previa a la persona física o jurídica antes de que se ordene el congelamiento del bien o del capital, el jefe del PLN rechazó esa posibilidad, pues dijo que sería como avisar a una organización criminal que se le hará un allanamiento y eso permitiría que actúen para evitarlo.
“Este proyecto es esencial pasarlo. Lo que debemos vigilar es que no se vaya a entorpecer el procedimiento, porque esas capturas de capitales, en esas condiciones, generan presión sobre los grupos delictivos”, dijo Navas.
El subjefe del PLP, Gilberto Campos, indicó que su fracción tiene tres preocupaciones. Primero, que se permita la inversión de la carga de la prueba, es decir, que no sean las autoridades las obligadas a demostrar si el capital es lícito o no, sino que el propietario esté obligado a hacerlo.
Luego, aseguró que la medida cautelar debe enfocarse solo en inmovilización y anotación, para evitar que un bien pueda ser trasladado de mano en mano, y agregó que la medida cautelar debe fundamentarse en un hecho objetivo, que sea parte de una investigación preliminar donde se demuestre la probabilidad de que ese bien o capital no tenga origen lícito.
