EscucharKattia Rivera, jefa de la bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor del Congreso con 19 diputados, responsabilizó al Gobierno por el estancamiento en la discusión del proyecto para autorizar eurobonos.
La legisladora achacó al Poder Ejecutivo por no aclarar por escrito, desde un principio, qué uso pretendía darle a los $6.000 millones de endeudamiento internacional solicitados a la Asamblea Legislativa, además de que, a la vez, flexibiliza la norma de control de gasto conocida como regla fiscal.
“Seguimos en los ajustes con las otras fracciones para ver cuál puede ser ese camino que nos tiene que brindar el Ejecutivo, porque la responsabilidad desde un principio fue del Ejecutivo que nunca entregó un documento claro sobre lo que pretendían con esos recursos”, expuso Rivera.
De acuerdo con la diputada, desde un principio ella les manifestó a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y al jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, de que lo aprobado debe ser un monto que realmente el Gobierno necesite.
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De momento, Rivera reiteró que su bancada mantiene la posición de autorizar solo $1.500 millones para que el Ejecutivo afronte los vencimientos de deuda del próximo año, pero aclaró que mantiene abierta la discusión con el resto de fracciones para encontrar mecanismos de revisión y control que permitan “poder optar (por) algo más”, es decir, evaluar un monto mayor.
Sin embargo, Rivera lamentó la flexibilidad del Gobierno con la regla fiscal. “Las decisiones a lo interno de la fracción las tenemos claro; sin embargo, las negociaciones con las otras fracciones siguen en constantes cambios, por eso se llama parlamento. (Lo que se busca) es la necesidad de ver cómo abordar esto de la forma más pronta, sin tener una afectación (a los ciudadanos)”, continuó la diputada.
Aclaró que la propuesta del PLN no se origina en el ánimo de oponerse. “En ninguna administración anterior se han aprobado de un solo golpe los $6.000 millones y esto no es por simplemente llevar la contraria. Hay que hacer la lectura de que el mercado internacional es cambiante”, adujo la legisladora.
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El Gobierno había insistido en la necesidad de que el proyecto fuese aprobado con suficiente tiempo para hacer la colocación de eurobonos antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, 24 de noviembre, porque después de esa fecha las condiciones pueden ser más difíciles.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, recordó que en el foro de Económicos de la Asamblea ha reiterado que el uso de los recursos es para el pago de deuda pública.
Sobre la molestia por flexibilizar la regla fiscal, dijo: “Esa flexibilización era necesaria para asegurar una gestión eficiente de los recursos. Además, el decreto que se deroga es porque estaba basado en la aplicación de la regla fiscal al ejecutado”.
El Gobierno derogó un decreto que medía el cumplimiento de la regla fiscal al comparar el gasto devengado de un año con el del periodo anterior, para optar por un modelo en el que se compara el crecimiento del presupuesto del próximo año con lo presupuestado el año anterior, lo que daría margen al Gobierno para aumentar el gasto.
Posteriormente, Hacienda planteó un proyecto de ley para liberar de la regla fiscal los presupuestos de las instituciones estatales con actividades comerciales, excepto las transferencias que recibe del Gobierno, así como levantar la restricción al gasto de capital y al pago de intereses de la deuda pública.
Al liberar del tope a la inversión de capital y los intereses de la deuda, el Gobierno tendría espacio para aumentar el gasto corriente en ¢140.000 millones en el 2023.
Además, el Poder Ejecutivo derogó un decreto de la administración anterior que restringía el gasto público, a la hora de gastar en remuneraciones eventuales, suplencias, transferencias corrientes y adquisiciones de bienes y servicios, entre los años 2021 y 2025.
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La comisión de Económicos inició la discusión sobre eurobonos a principios del mes de junio. Los diputados, cada uno con sus propuestas, no han alcanzado un acuerdo sobre aprobar $1.500 millones en un año, $6.000 millones en cuatro años u otra cantidad, y tampoco sobre las condiciones.
