El Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Cota Rica (BCR) objetan el proyecto de ley que los obligaría a aportar hasta el 30% de sus ganancias para pagar la deuda pública por cuatro años.

Ambas entidades se oponen si ese porcentaje es adicional a la contribución que ya hacen cada año para el financiamiento de Estado.

El INS alega que, si el proyecto impone hasta un 30% adicional, el 90% de sus utilidades se destinaría a contribuciones para el Estado, lo que reduciría su margen de capitalización. En su criterio, la sostenibilidad financiera del Instituto se vería comprometida a mediano y largo plazo.

Según el pronunciamiento de la aseguradora estatal, solo podría hacerle frente a la iniciativa si se trata de sumar un aporte del 5% al 25% que ya entrega para las cuentas estatales, alcanzando un 30% máximo.

Al respecto, la propuesta de ley estable que el límite del 30% del aporte para la deuda pública incluiría el 25% de sus ganancias netas que ya la institución gira al Estado, según la legislación.

Es decir, al Instituto se le pediría como máximo un 5% adicional de sus utilidades anuales.

El BCR, por su parte, advierte que la nueva contribución, aunada a las cargas parafiscales y al pago de impuesto sobre la renta, reduciría el monto disponible de sus ganancias a un 7%, lo que limitaría la oferta crediticia para actividades productivas y pondrían a la institución en desventaja con la competencia.

El banco expuso así lo que ocurriría con sus utilidades: el 30% se iría al pago del impuesto de renta, un 33% a instituciones por cargas parafiscales y hasta el 30% al pago de deuda pública.

“Lo anterior representa tan solo un 7% para el proceso de capitalización que, para el Banco, resulta insuficiente para su proceso de intervención financiera en competencia, quedando después de 4 años en un estado de indefensión al no poder actualizar tecnologías, implementar estrategias bancarias más eficientes y con el agravante de un banco menos valioso después del proceso”, alegó la entidad bancaria.

No obstante, en el caso de los bancos estatales, el BCR y el Banco Nacional (BN), la redacción del proyecto de ley es clara en que la suma se calcularía sobre la utilidad disponible después del pago de impuestos y cualquier otra carga, incluidas las parafiscales.

Tanto el BCR como el INS enviaron sus criterios por escrito a la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), la cual les consultó su criterio sobre el proyecto de ley que propone que 14 empresas públicas destinen hasta el 30% anual de sus utilidades al pago de deuda pública, que en el 2020 alcanzó el 67,5% del producto interno bruto (PIB).

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El plan pretende obtener unos ¢72.600 millones anuales, el 0,20% del PIB, y forma parte de los compromisos del Gobierno adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a equilibrar las finanzas públicas del Gobierno Central.

Por el INS respondió la consultas el presidente ejecutivo, Roger Arias Agüero, y por el BCR el gerente general, Douglas Soto Leitón.

De acuerdo con la iniciativa, el monto que deberá girar cada institución a Hacienda se podrá ajustar a través de un decreto en porcentajes diferentes, en función de factores como disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, sin que supere el 30% de sus ganancias.

INS: contribuciones alcanzarían 90%

El Instituto recordó que, el 1° de febrero, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) llamó a las compañías de seguros a tomar medidas necesarias para preservar el capital durante el 2021 mientras resisten los efectos de la pandemia.

Sugese les recomendó “suspender la distribución de las utilidades acumuladas en sus estados financieros”.

Al mismo tiempo, el Instituto mencionó que las agencias calificadoras han advertido del riesgo de degradación en las calificaciones, en caso de que el Estado siga requiriendo de sus recursos, lo cual tendría efectos “importantes en las tarifas del reaseguro y su correspondiente impacto en las tarifas de nuestros clientes”.

Un aporte adicional del 30% de sus utilidades, agrega el INS, afectaría “considerablemente” su sostenibilidad futura y, en consecuencia, pondría en peligro la estabilidad del mercado de seguros, por el tamaño e importancia del INS.

Tampoco el Estado podría colaborar en su capitalización, en caso de sufrir esos efectos, dado el deterioro actual de las finanzas públicas, agrega.

“En un mercado tan disputado y bajo condiciones tan adversas del negocio provocadas por la coyuntura actual, esto nos dejaría en una posición muy desventajosa a nivel competitivo”, insistió el INS.

El INS y sus subsidiarias lograron ¢101.865 millones de utilidad neta en el 2020, y ¢69.688 millones en el 2019.

En todo caso, la institución asevera que lo prudente sería que la nueva carga se imponga únicamente sobre las dos subsidiaras que realizan la actividad bursátil y la de fondos de inversión.

BCR: se reducirían créditos productivos

Por su parte, el BCR menciona que necesita capitalizar las utilidades de cada período, en aras de incrementar la suficiencia patrimonial y, con ello, la posibilidad de aumentar su participación en el mercado crediticio.

Con un aporte adicional a las cargas parafiscales que ya hace, el banco perdería competencia y limitaría la oferta de créditos para la productividad, alegó el gerente general Douglas Soto Leitón.

El BCR reportó ¢21.950 millones de utilidad neta en 2018, ¢37.069 millones en 2019 y ¢25.612 millones en 2020.

“No cabe duda, que la contribución parafiscal hecha por la banca estatal es significativa, y abundante, como para poder exigir un monto adicional del 30% que limitaría enormemente la razón social para la cual el Banco fue constituido”, se quejó el BCR.

Por ley, el BCR y el BN deben hacer contribuciones de sus ganancias a diferentes instituciones, Estas se llaman parafiscales.

Al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) le giran el 5%, al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) el 10%, al IVM de la Caja el 15% y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) el 3%.

Con base a cálculos de las ganancias del 2020, después de todos los descuentos, el BCR habría podido aportar hasta ¢7.683 millones para el pago de deuda pública, según la iniciativa del Gobierno.

“Menores niveles de suficiencia patrimonial hoy obligan a cualquier entidad bancaria a ser menos agresivos con el crecimiento del crédito a todos sus clientes, que bajo las condiciones actuales sería un detractor para empujar un mayor crecimiento económico.

“Recordemos que cada colón distraído de la utilidad que se deba trasladar al fisco, está asociado a dejar de prestar potencialmente al menos ¢10 colones, lo anterior por cuando el nivel de suficiencia patrimonial exigido por la Sugef es del 10%”, respondió el BCR a las consultas del PRN.