Un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa derriba la excusa que utilizaron el gobierno y el diputado Welmer Ramos, del PAC, para salvar el mecanismo que infla los salarios de los médicos, cada vez que hay algún aumento en otro gremio del sector público.
Se trata del “enganche salarial” establecido en la Ley de Incentivos Médicos, de 1982, el cual exige a las instituciones del Estado aumentar los salarios de los profesionales en Ciencias de la Salud cada vez que el Gobierno Central le otorgue un incremento a cualquier otro tipo de trabajador o cada vez que les conceda un incentivo.
El 22 de agosto, cinco diputados de la comisión de reforma fiscal aprobaron una moción del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para eliminar dos exigencias de la Ley de Incentivos Médicos: el enganche salarial y otra obligatoriedad, introducida en el 2004, que exige a las organizaciones privadas otorgar a sus profesionales en Salud los mismos incentivos que el Estado les otorga a los suyos.
No obstante, el miércoles, Welmer Ramos, el único diputado del gobierno en la comisión fiscal, cambió de criterio y se unió a Restauración, al PIN y al Frente Amplio para anular la moción.
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Entrada la noche, Casa Presidencial envió un comunicado en el que el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, argumentó que haber mantenido esa disposición en la reforma fiscal “podría implicar un eventual vicio de inconstitucionalidad”.
“Si bien el desenganche del salario de los médicos es un debate que valoro necesario, dicha reforma no debe arriesgar, en ninguna forma, la concreción del proyecto”, dijo Piza, sin especificar razones legales.
No obstante, este jueves, el departamento de asesores parlamentarios concluyó que la primera parte de la moción se acopla perfectamente a las reformas salariales del sector público que propone la reforma fiscal. Esa parte es la que elimina el enganche, al reformar el artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos.
“El denominado ‘enganche médico’ es un privilegio injustificado y fuente de abusos que ha venido a repercutir en las remuneraciones o salarios de un tipo de funcionarios públicos. Su regulación en cualquier sentido, en este caso por la vía de su eliminación y su inclusión en el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, guarda relación directa con el tema de regulación de salarios y retribuciones en la función pública”.
“En este caso, la relación de conexidad por el fondo es más que evidente y, a criterio de esta asesoría, no admite duda alguna", dice el criterio AL-DEST-CJU-080-2018, elaborado por el asesor Gustavo Rivera Sibaja, en el que analizó la conexidad y constitucionalidad de varias mociones presentadas a la reforma fiscal.
El informe sostiene que no hay ninguna inconstitucionalidad en regular el enganche en la reforma fiscal, por cuanto se trata de un “extraño privilegio” que responde "solo a un mandato formal de la ley, pero que es muy cuestionable que tenga un sustento real”.
Además, insiste en que se enmarca dentro de la regulación al empleo público planteada por el Gobierno en el plan fiscal.
Por su parte, el diputado oficialista Welmer Ramos fundamentó su cambio de criterio en la segunda parte de la moción, la que elimina el enganche entre los salarios de los médicos privados y los del sector público. Él alega que ese cambio pudo generar problemas de inconexidad y habría derrumbado la reforma fiscal.
Los problemas de inconexidad surgen cuando a un proyecto de ley se le introduce una propuesta que se aleja de su objetivo inicial.
“Mezclar una iniciativa de finanzas públicas con un asunto de la esfera privada era un riesgo que no podemos permitirnos en ese momento”, dijo el presidente de la comisión fiscla.
No obstante, el informe echa por el suelo el argumento de Ramos pues, si bien reconoce que esta segunda parte de la moción tenía problemas de conexidad con el resto del proyecto fiscal, asegura que ese problema de fondo no afectaría el trámite del plan fiscal.
“La eventual inconstitucionalidad de una disposición por el fondo en un proyecto, por razones de falta de conexidad, compromete únicamente el texto o disposición en cuestión, y no el trámite o la totalidad del proyecto”, expuso Servicios Técnicos.
La segunda parte de la moción reformaba el artículo 23 de la misma Ley de Incentivos Médicos. Esta norma, por cierto, tiene preocupadas a las organizaciones privadas que administran Ebais de la CCSS, pues alegan que pagar los incentivos que paga el Estado es ruinoso económicamente. Una entidad, incluso, ya demandó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que asuma los costos.
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“La eventual inconstitucionalidad por el fondo de dicha disposición no afecta el resto del proyecto ni su trámite. En el eventual caso de que dicha disposición efectivamente fuera declarada inconstitucional, en razón de falta de conexidad por la Sala Constitucional, el único efecto jurídico sería dejar sin validez esa única disposición, sin que afecte en nada el resto del trámite del proyecto”, sentencia el informe.
El miércoles, cuando optaron por revisar la votación de la moción 320, la propuesta de desenganche, y finalmente desechar por el fondo esa moción, Villalta, Cruickshank y Ramos alegaron que era, principalmente, porque temían que reformar ese enganche entre los salarios de médicos privados y de los públicos generara problemas.
Un día después, consultado por La Nación, el jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, usó el mismo argumento. Además, negó que hubiera un conflicto de interés ni una violación al deber de probidad al aportar su voto, en vista de que él es médico de la CCSS.
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Enganche salarial: ‘injustificado privilegio’
Además de analizar los efectos en el trámite de haber incluido la moción para eliminar los enganches salariales de los médicos, el informe técnico plantea que el enganche es un privilegios injustificado establecido en 1982 a la luz de una huelga de médicos bajo el argumento de que “los profesionales en ciencias médicas deben ser los mejor pagados de la Administración Pública”.
De la misma manera, el informe alega que el enganche entre médicos privados y los que son empleados del Estado es “un injustificado privilegio del que goza actualmente el gremio de profesionales médicos, al amparo de una legislación de protección, del que no goza ningún otro gremio profesional o grupo de trabajadores de cualquier sector y que realmente no tiene justificación racional que lo sustente”.