La reforma fiscal no servirá para librar al Estado de tener que aumentarles los salarios a los médicos cada vez que el Gobierno le otorgue un incremento a cualquier otro de sus trabajadores, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.
Esta mañana, el partido de gobierno, el PAC, echó para atrás y se unió a Restauración Nacional, al Frente Amplio y al PIN para conservar vivo el mecanismo conocido como “enganche salarial". Los hechos ocurrieron en la comisión especial que tramita el plan fiscal.
El 22 de agosto, cinco diputados aprobaron una moción del diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, para eliminar este mecanismo, el cual le ha costado miles de millones de colones al erario. En aquella ocasión, votaron a favor cinco diputados: Wélmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC); Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN); y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Y votaron en contra José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN); y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), quien es médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, este miércoles, luego de las medidas de presión de los sindicatos de médicos, el PAC se pasó de bando y, en una votación de revisión, inclinó la balanza al unirse a los dos diputados de PRN, uno del FA y uno de PIN. Los cinco restablecieron el enganche.
La decisión del congresista del PAC generó fuertes reacciones en el proponente del desenganche, el socialcristiano Pedro Muñoz, y los liberacionistas.
Pedro Muñoz afirmó: “Peca el Gobierno de falta de pantalones, en un momento crucial, donde lo que se necesita es valentía y no aflojarle a los gremios”.
Añadió que se manda una "señal equívoca" y alegó que el sector salud estaba a favor del desenganche, porque "gran cantidad del sector salud no está enganchado", entre ellos enfermeras, farmacéuticos, administrativos.
Es más, dijo Muñoz, los médicos jóvenes sufren porque los médicos adultos y adultos mayores de este país no se pensionan y "no sueltan el hueso y quieren seguir recibiendo sus salarios".
"Yo le reclamo a don Welmer Ramos, con nombres y apellidos, que haya votado a favor y ahora se haya rajado", apuntó.
Yorleny León afirmó que Liberación no solo lamenta el voto de Ramos, sino también el de José María Villalta, quien "tanto habla de los abusos y los privilegios, pero hoy vota una moción que tiene una fuerte repercusión en el presupuesto de este país".
La verdiblanca añadió que se perdió una oportunidad fundamental para mejorar las finanzas del país y que su partido está totalmente matriculado en el esfuerzo de rebajo de gastos conjunto.
"Lamentablemente, hoy nos vuelven a zafar la tabla como en otras oportunidades se ha dado, pero ahí vamos aprendiendo lo que es la fracción del Partido Acción Ciudadana y los intereses del Poder Ejecutivo", dijo León.
Ramos alegó, en sintonía con Villalta y los restauracionistas, que el problema de la moción era el intento de desenganchar los salarios entre profesionales con igual responsabilidad, trabajos iguales.
“Desde esa perspectiva, creo que es necesario que nosotros le entremos a esta ley y hagamos las correcciones con justicia. Este país tiene una inequidad muy grande entre sector público y privado”, agregó.
Por su parte, el frenteamplista José María Villalta y el restauracionista Eduardo Cruickshank alegaron que, si bien estaban a favor del desenganche, no apoyaban la segunda parte de la moción. Esta es la que libra a las organizaciones privadas de tener que pagar a sus médicos los mismos beneficios que paga el sector público, lo que está llevando a situaciones económicas difíciles a las entidades que administran Ebáis de la CCSS, por ejemplo.
Tales beneficios son tan costosos que una de las cooperativas estima que quebrará si debe costearlos. Otras apuntan a cobrarle más dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la administración de los centros de salud y, de hecho, ya existe una demanda judicial con ese objetivo.
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¿De dónde viene el enganche salarial?
El mecanismo cuestionado está contenido en el artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos, de 1982.
Este artículo establece: “Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en ciencias médicas, con grado académico de licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”.
Es decir, si el Ejecutivo les concede un incremento a los maestros, por alguna circunstancia en especial, todas las instituciones del Estado le deben otorgar el mismo porcentaje a sus médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos. También, lo debe hacer si lo que concede es un incentivo.
El mecanismo tiene un efecto multiplicador. Si a un maestro que gana ¢800.000 le aumentan el salario en un 5%, el Estado le desembolsará ¢40.000 adicionales, pero a la vez, a un médico que gana ¢2 millones, le tendrá que dar otros ¢100.000 más.
El beneficio no solo se extiende a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o al Ministerio de Salud, sino a los profesionales en salud de todas las entidades públicas.
Un ejemplo del efecto de este mecanismo ocurrió durante el último gobierno de Óscar Arias, entre el 2006 y el 2010.
En el 2008, el Gobierno intentó cerrar la brecha entre los salarios de los ministerios y los del resto del sector público. Por ello, decidió aplicar aumentos escalonados sobre los sueldos base, entre el 2008 y el 2010.
Entonces, en la CCSS, se recurrió al artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos para exigir incrementos similares, lo que ayudó, en buena parte, a que el gasto en salarios creciera un 88% del 2005 al 2010, afectando así sus finanzas.
Restablecen exenciones del IVA
Aparte de la moción de desenganche, la comisión fiscal aprobó también otras revisiones, para restablecer ajustes dentro del artículo de exenciones al impuesto sobre el valor agregado.
Entre esas mociones, se aprobó de nuevo la exoneración a los servicios de redes de cuido y los centros de atención para adultos mayores, así como los equipos usados por personas con discapacidad física, auditiva, visual o intelectual.
También, se revivió la no sujeción al IVA de los servicios de los medios de comunicación colectiva prestados al Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades, universidades públicas, la Junta de Protección Social, las juntas de educación, la Cruz Roja Costarricense y otras asociaciones y fundaciones de bien social, científico o cultural.
También, se resucitó la moción que modifica el inciso donde se establece el 2% del IVA para medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos para su producción, con el fin de eliminar la frase “medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud”.
En cuanto a mociones que habían sido rechazadas y, al revisarse su votación, resultaron aprobadas, está la moción 159, que añade un artículo nuevo al título sobre el impuesto sobre la renta, propuesta por José María Villalta.
El nuevo artículo diría: “Cuando se realicen actos que, en lo individual o en su conjunto, sean artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que correspondan a los actos usuales o propios para la obtención del resultado que se haya alcanzado. Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente se aplicará cuando los actos artificiosos o impropios no produzcan efectos económicos o jurídicos relevantes, a excepción del ahorro tributario”.