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Un informe anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llamó la atención a Costa Rica por incumplir con los estándares definidos por ese organismo internacional para regular las actividades relacionadas con el lobby (o cabildeo).
La OCDE señaló a Costa Rica por no contar con un marco legal sólido que garantice al Gobierno Central las potestades necesarias para supervisar la transparencia de las actividades de cabildeo.
También destacó la ausencia de períodos de “enfriamiento” que permitan restringir, temporalmente, la contratación de exfuncionarios públicos para labores de cabildeo o el nombramiento de lobistas en cargos regulatorios o consultivos del sector público.
El documento incluyó además al país en una lista con otros 14 Estados miembros de la organización que no tienen un registro público de cabildeo, para la divulgación de información sobre las áreas de participación de los lobistas, los tipos de actividades, los presupuestos y gastos relacionados.
La nómina la completan Dinamarca, Israel, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, República Checa y Letonia.
“Según los estándares de la OCDE sobre el cabildeo, Costa Rica no cumple con ningún criterio para la regulación ni para la práctica”, concluye el informe titulado ‘Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024′.
Influencia asimétrica
Si bien para la OCDE el cabildeo es una “parte natural del proceso democrático”, advirtió que, si no se implementan las salvaguardias adecuadas, este tipo de intervenciones pueden crear “ventajas para ciertos grupos que generan una influencia asimétrica o indebida sobre la formulación de políticas, lo que a su vez conduce a políticas ineficientes, ineficaces o que no sirven al interés público”.
El informe también alertó sobre la evolución de las prácticas de lobby, especialmente a través del uso de redes sociales y la inteligencia artificial, lo que puede complicar la identificación de representaciones legítimas y la toma de decisiones informadas en beneficio del interés público.
Asimismo, subrayó el riesgo de manipulación con contenido falso y la creciente interferencia extranjera en el proceso de formulación de políticas.
Proyecto de ley en trámite
Distintas iniciativas de ley para regular el lobby han pasado sin éxito por la Asamblea Legislativa. La más reciente se archivó en abril del 2023.
El expediente 21.346 fue presentado por la diputada María Inés Solís (2018-2022), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y si bien logró un dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos en noviembre del 2019, nunca fue discutido por el plenario y venció el plazo de cuatro años que tienen las iniciativas de ley para definir si se aprueban o no.
El pasado 10 de enero, la fracción del Frente Amplio (FA) presentó un nuevo proyecto de ley para regular el cabildeo. Se trata del expediente número 24.111, que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración.
El texto propone que los presidentes de la República, diputados, magistrados, alcaldes y otros altos funcionarios, no puedan realizar actividades de cabildeo por un periodo de tres años después de haber dejado el cargo. También les impide laborar o prestar servicios a entidades privadas que operan en el ámbito de las funciones del puesto que ejercieron.
En el caso de las personas dedicadas al lobby, la iniciativa introduce una prohibición, también por tres años, para imposibilitar nombramientos en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Banco Central de Costa Rica (BCCR) y en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Registro de lobistas
La propuesta también plantea crear un ‘Registro Público de Lobistas’, a cargo de la Procuraduría de la Ética Pública, en el cual se debe incorporar el nombre de la persona que se dedica al cabildeo, a quién representa, si percibe una remuneración y el objeto o materia sobre la cual han versado sus gestiones.
Aunado a esto, obliga a que cada institución pública cree un “Registro de Agenda Pública”, en el cual los funcionarios tendrán que consignar toda la información sobre gestiones de lobby a través de audiencias, reuniones, medios electrónicos, viajes, regalos y donativos.
En caso de incumplimiento de las disposiciones, el proyecto de ley establece una serie de sanciones que incluyen el pago de multas y la inhabilitación de ocupar puestos públicos por hasta 10 años.
La iniciativa del FA se encuentra en el proceso de consulta a distintas instituciones.
Otras áreas de mejora
El informe de la OCDE también hizo referencia a otras dos áreas en las que Costa Rica debe mejorar.
La primera está relacionada con la gestión y auditoría de riesgos de corrupción y la segunda tiene que ver con la transparencia de la información pública.
En el primer campo, el documento menciona que si bien las unidades de auditoría interna están dotadas de personal, no se presentan informes de actividad anuales ni se realizan evaluaciones externas sobre la calidad del trabajo efectuado.
De igual forma, cuestiona que no haya datos disponibles sobre el número de organizaciones que han sido auditadas en los últimos cinco años y que no se hagan seguimientos de la adopción o implementación de recomendaciones de auditoría interna.
Respecto a la información pública, la OCDE critica que no haya un organismo supervisor encargado de gestionar posibles problemas relacionados con su acceso y que datos como las agendas de las sesiones gubernamentales, las de ministros y datos agregados sobre cabildeo en la toma de decisiones públicas, no se publican en línea.
