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Los exministros de Vivienda, Irene Campos Gómez y Fernando Zumbado Jiménez, coincideron en que el impuesto a casas de lujo no rinde los frutos esperados, debido a que la recaudación lograda es mucho menor a la prevista.
Este tributo se empezó a cobrar en el 2009 mediante la ley 8683, para financiar la dotación de vivienda digna a personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema.
Actualmente, lo deben pagar los propietarios de viviendas o apartamentos cuyo valor de construcción supere los ¢148 millones. Lo pagan quienes declaren tener una casa en ese rango y actualmente genera unos ¢5.000 millones anuales. La tasa oscila entre un 0,25% y un 0,55% sobre el valor de la casa y el terreno.
“El impuesto a las casas de lujo no rindió los frutos que se esperaba, y eso hay que estudiarlo. Es muy poquito, hay que ver cómo se recauda mejor y cómo se plantea de una manera coherente”, dijo Zumbado el jueves ante los diputados de la Comisión Legislativa de Modernización y Reforma del Estado.
En ese foro se discute el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que pretende fundir el Ministerio de Vivienda (Mivah), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) en un solo ente: el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda.
La exministra Irene Campos coincidió en que la recaudación fue “mucho menor de la esperada”, y ejemplificó que la inversión que realizó el Mivah en La Carpio fue de ¢30.000 millones, pero el impuesto a casas de lujo recauda mucho menos de eso.
La exministra de las administraciones Alvarado Quesada y Chinchilla Miranda agregó que el impuesto a casas de lujo tiene un condicionamiento que dificulta su ejecución.
“La Contraloría General de la República (CGR) estableció que con ese impuesto únicamente se pueden hacer viviendas, pero cuando usted interviene un área de precario, no puede pensar en hacer viviendas, tiene que entrar a hacer infraestructura. Entonces, ese impuesto no me sirve. Hay un tema que revisar”, detalló Campos.
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Zumbado, que ocupó la cartera de Vivienda en las dos administraciones Arias Sánchez, añadió que es necesario acotar adecuadamente cuáles viviendas deben ser gravadas y asegurarse de que aplique solamente sobre el valor de las construcciones.
Sobre este tema, la diputada socialcristiana Vanessa Castro criticó la forma en que se utiliza lo recaudado con el impuesto a casas de lujo.
“Actualmente, de ¢5.000 millones que se recaudan, el Mivah solamente traspasa ¢600 millones. Por ahí me dicen que se usa para otra cosa, que puede ser válido, pero tengamos claridad que es un tema de plata también. El ministerio se deja ¢4.400 millones, esto es una realidad hoy día, este Gobierno”, dijo Castro.
El proyecto de ley en discusión plantea un cambio en la forma de cobrar este impuesto, con el fin de cuadruplicar la recaudación.
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El planteamiento consiste en que el impuesto lo cobren las municipalidades, en lugar del Ministerio de Hacienda. Como hoy este es un gravamen que depende de que los dueños de propiedades hagan una declaración, la idea es pasar a un esquema en el que el Estado identifique quiénes deben pagar.
El gobierno anterior trató sin éxito de reformar el impuesto a las casas de lujo, como parte del acuerdo de equilibrio fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su última versión, el Poder Ejecutivo propuso cobrar el tributo a las viviendas de ¢175 millones en adelante, pero subir las tasas de manera que la más baja fuese de un 0,5% sobre el valor de la propiedad.
Objeción a fusión
Los exjerarcas de Vivienda se pronunciaron en contra del proyecto para fundir a Mivah, Invu y Banhvi en una sola institución. Ellos consideran, especialmente, que el Banhvi es un ente financiero que no tiene cabida dentro de un ministerio.
Zumbado señaló que no cierra la puerta a la combinación del Mivah y el Invu, pero resaltó que en el análisis siempre debe priorizarse la optimización del funcionamiento del sector vivienda.
Asimismo, Campos y Zumbado coincidieron en que el Ministerio de Vivienda requiere un marco legal, debido a que hoy, décadas después de su fundación, no tiene una ley orgánica que le respalde.
“Es necesario, ya son 40 años de la institución, que tiene tareas específicas dadas incluso en otras leyes”, acotó la exjerarca.
