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La Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprobi) expresó su preocupación por una propuesta, que los diputados y el gobierno discuten, para suspender los pagos de alquileres de viviendas y locales comerciales, durante tres meses, a causa de la pandemia de coronavirus.
El Ejecutivo envió el martes, a la Asamblea Legislativa, un borrador de proyecto de ley para establecer una moratoria en los arrendamientos. El plan se discute en una mesa de trabajo entre legisladores y personeros de gobierno.
Este miércoles, una versión más actualizada dice que, luego de la moratoria, los inquilinos tendrían que pagar los meses de gracia mediante cuotas adicionales de al menos el 20% del monto acumulado.
Según Pablo Guier Acosta, presidente de Caprobi, hay aproximadamente 300.000 casas de alquiler en el país, de cuyos ingresos dependen miles de familias, a las que no se les puede quitar esos fondos.
“El sacrificio no puede implicar el suicidio absoluto de ningún sector, ni de propietarios, inquilinos o el gobierno” dijo Guier.
Agregó que muchos propietarios de bienes inmuebles son adultos mayores que ahorraron para invertir en una casa o local comercial para arrendar, y su economía depende de dicha actividad.
“Los que se han quedado desempleados necesitan ayuda, pero que no perjudique al resto del país porque, si no, lo que vamos a tener no solo es una crisis económica, sino una crisis médica, infartos, gente enferma, depresiones, viéndola mal con ingresos cero, tenemos que protegernos todos conjuntamente” argumentó Pablo Guier.
Otras de sus preocupaciones es la afectación sobre los centros comerciales, pues estos tienen muchos empleados y lo que menos necesita el país es que quiebren y se generen más despidos.
Además, señaló que el proyecto carece de condiciones para acceder al beneficio de la moratoria, pues no exige comprobar la afectación del inquilino por causa de la pandemia.
Para el presidente de Caprobi, el gobierno también tendría que negociar una moratoria en el pago de impuestos y patentes municipales.
El diputado Otto Roberto Vargas, del partido Republicano Social Cristiano (PRSC), indicó que no apoya la moratoria tal y como se plantea en el texto, pues daría pie a que personas que no están afectadas aprovechen la situación y miles familias dependen de estos ingresos.
Por su parte, Wagner Jiménez, diputado liberacionista, indicó que se busca generar un único texto consensuado, donde se incluiría su proyecto para detener los desahucios de las personas que puedan demostrar que su economía se ha visto afectada por el covid-19.
El congresista Pedro Muñoz, del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que se necesita llegar a un equilibrio de manera que los inquilinos reciban oxígeno, pero que tampoco les falte a los arrendatarios.
Muñoz indicó que trabajan en la construcción de una alternativa al proyecto de ley presentado por el poder Ejecutivo.
Sin embargo, la diputada oficialista, Catalina Montero, indicó estar de acuerdo con el proyecto presentado por el gobierno, y buscarán unificar los proyectos que se manejan en la mesa de arrendatarios.
“En este momento tenemos que proteger hasta donde sea posible las familias, a cada costarricense, desde las posibilidades que tengamos en la política y la normativa hasta donde sea posible”, argumentó Montero.
Por otro lado, Jonathan Prendas, del bloque de Nueva República, manifestó que deben depurar la redacción para no desproteger a unos en el afán de querer proteger a otros.
“Estamos en total disposición en esa mesa virtual de negociación de llegar a un punto de encuentro entendiendo que estamos en una crisis que amerita decisiones urgentes”, dijo Prendas.
