Josué Bravo. 24 marzo
Ivonne Acuña, Karine Niño, Víctor Morales y Eduardo Cruickshank este martes en el Auditorio Nacional, donde se celebró el plenario legislativo. Foto: Alonso Tenorio
Ivonne Acuña, Karine Niño, Víctor Morales y Eduardo Cruickshank este martes en el Auditorio Nacional, donde se celebró el plenario legislativo. Foto: Alonso Tenorio

Los diputados y el gobierno crearon cuatro mesas de trabajo para discutir medidas de cara a la emergencia del covid-19.

Una primera mesa conversará sobre acciones para los deudores del sistema financiero nacional.

La segunda dialogará sobre proyectos de ley en torno a alquileres y contratos, mientras que la tercera sobre reformas al Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Por último, el cuarto foro conversará sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

El trabajo de las mesas luego será conocido por los jefes de fracción para que estos negocien las propuestas, a fin de determinar cuáles medidas ameritan pasar al plenario para votación.

Así lo explicaron, por separado, Víctor Morales Mora, diputado del PAC; y Silvia Hernández, jefa de la bancada del PLN.

“Las mesas se instalaron ante la ausencia de convocatoria de comisiones legislativas, debido a que están canceladas por la emergencia y por las formas obvias de trabajo de sesiones en espacios físicos reducidos”.

“Se han presentado una cantidad significativa de proyectos de ley que deben pasar por un proceso mínimo de consenso y de revisión técnica”, explicó la verdiblanca.

Créditos

En la mesa de créditos, se estudiará, por ejemplo, un texto presentado por los diputados Nueva República, que permitiría prorrogar, hasta por cuatro meses, el pago del monto principal e intereses de los créditos hipotecarios de las personas físicas y jurídicas.

El planteamiento establece que el pago de las cuotas suspendidas se realice al final del plazo inicialmente previsto para cada crédito.

La prórroga empezaría a regir desde la publicación del decreto de emergencia nacional, hace una semana.

El gobierno y el Frente Amplio también tienen proyectos en ese sentido.

Algunos bancos, como el Banco de Costa Rica (BCR), ya ha tomado medidas sin necesidad de ley.

Alquileres

En tanto, en la mesa de arrendamientos, entraría en discusión una propuesta en borrador del Poder Ejecutivo que aplazaría el pago de alquileres de locales comerciales y de viviendas durante tres meses, a partir de su entrada en vigencia.

Los inquilos tendrían que empezar a pagar esas mensualidades seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, mediante pagos mensuales extra a partir de un mínimo del 5% del monto total acumulado.

Además, la propuesta incluye un transitorio que consiste en la suspensión por cuatro meses de la ejecución de desalojos.

La mesa también verá un proyecto del legislador liberacionista Wagner Jiménez, que igualmente introduciría una moratoria de tres meses para los desahucios judiciales o administrativos.

La medida aplicaría para personas que hayan perdido su empleo, se encuentre de previo desempleada o demuestre que, en razón de la crisis sanitaria, no percibe los ingresos suficientes para cancelar el alquiler correspondiente.

Por su parte, Pedro Muñoz, diputado del PUSC, someterá a discusión una iniciativa que permitiría la suspensión o renegociación de todos los tipos de contratos legales que existen en el país, “en razón de un evento de fuerza mayor”.

La intención del socialcristiano es que, ante una emergencia nacional como la de ahora, exista flexibilidad para que los productores suspendan o renegocien acuerdos con proveedores, desde los alquileres hasta contratos de compra o venta de suministros.

FCL

En tanto, se discutirá una reforma para permitir el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FLC) a personas a quienes les reduzcan las jornadas laborales o les suspendan los contratos laborales.

Incluso, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) se pronunció a favor de esa medida.

ROP

Sobre el ROP, hay un texto en la comisión de Asuntos Hacendarios propuesto por el restauracionista Eduardo Cruckshank, que permitiría a quienes se pensionen, en los próximos tres años, retirar en un solo tracto el ROP, en vez de obtener una pensión mensual.

Otra iniciativa del liberacionista David Gourzong sugiere el retiro del 50% del ROP para las personas desempleadas por motivos de la pandemia o los emprendedores que vean reducidos sus ingresos en un 50%.

Esta es la integración de las mesas:

Mesa sobre créditos: Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN); Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Wálter Muñoz; del Partido Integración Nacional (PIN); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Jonathan Prendas, de Nueva República; y la independiente Zoila Rosa Volio.

Por parte del Ejecutivo fueron designados Pilar Garrido, ministra de Planificación (Mideplán); y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Mesa sobre alquileres: Wágner Jiménez y Karine Niño, del PLN; Otto Roberto Vargas, del PRSC; Patricia Villegas, del PIN; Mileidy Alvarado, del PRN; Catalina Montero, del PAC; Jonathan Prendas, de Nueva República; Pedro Muñoz, del PUSCM; y José María Villalta, del FA.

Por el gobierno, la contraparte es Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).

FCL: Luis Fernando Chacón, Karine Niño, Franggi Nicolás y Yorleny León, del PLN; Dragos Dolanesco, del PRSC; Walter Muñoz, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio; Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del PRN; Erwen Masís, del PUSC; Víctor Morales, del PAC; Ivonne Acuña, de Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez.

Por parte del gobierno negociarían Pilar Garido, titular de Mideplán; y el superintendente general de Pensiones, Álvaro Ramos.

ROP: Luis Fernando Chacón, del PLN; Dragos Dolanesco, del PRSC; Walter Muñoz, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio; Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del PRN; Erwen Masís, del PUSC; Víctor Morales, del PAC; Ivonne Acuña, de Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez.

Por parte del gobierno negociarían Pilar Garido, titular de Mideplán; y el superintendente general de Pensiones, Álvaro Ramos.