Si hoy estuviesen disponibles los créditos de salvamento que promueve el gobierno, los asalariados altamente endeudados podrían acceder a préstamos con una tasa de interés del 11,15% para refundir sus prétamos y obtener más liquidez.
Con esas condiciones, los deudores pagarían unos ¢11.500 por cada ¢1 millón con un plazo de 15 años, el cual podría extenderse a 20 si se aporta una garantía hipotecaria.
Así, si una persona obtuviera un crédito de salvamento de ¢10 millones, el pago mensual quedaría en unos ¢115.000 más seguros. Por un préstamo del mismo tamaño, con una tasa del 20% y a ocho años, el pago mensual sería de ¢210.000
La tasa de interés que cobren los bancos para este programa no deberá superar la tasa básica pasiva (TBP) más 5,5 puntos porcentuales.
Así lo establecen el proyecto de ley de creación del crédito de salvamento, presentado este miércoles por el gobierno en la Asamblea Legislativa, y una directriz firmada el martes por el presidente Carlos Alvarado para que la banca estatal empiece a trabajar en los mecanismos de otorgamiento de estos préstamos.
La tasa básica pasiva es la tasa de referencia para los préstamos en colones y la fija el Banco Central.
Este miércoles, este indicador se ubicó en 5,65%. Esa cifra más 5,5 puntos porcentuales da como resultado un 11,15%.
El Gobierno presentó el viernes una estrategia para aliviar a las personas con altos niveles de endeudamiento, en momentos en que las deudas de las familias costarricenses superan en 8,4 veces sus ingresos, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
A cambio de obtener los préstamos, los beneficiarios deben cumplir con un programa de educación financiera, de tres años, que impartirán los bancos.
Además, no pueden adquirir otra deuda hasta que hayan pagado el 50% del crédito de salvamento o hasta que haya transcurrido la mitad del plazo.
El proyecto también establece que la tasa de interés resultante deberá ser menor al promedio ponderado de las tasas de interés del total de las deudas por refundir.
El plan completo
La iniciativa del Gobierno para dar más holgura a las personas endeudadas consta de dos proyectos de ley. Uno crearía la figura de crédito de salvamento; el otro permitiría fortalecer el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef.
Hoy, el CIC tiene la limitante de que solo permite ver las deudas que tienen las personas con entidades supervisadas por Sugef.
El proyecto de ley de fortalecimiento del CIC permitiría crear una plataforma alterna que muestre la totalidad de la información crediticia de los deudores, por ejemplo, las cuentas con comercios que venden electrodomésticos a pagos y las deudas con compañías telefónicas.
Actualmente, cuando una persona solicita un préstamo, las entidades financieras no tienen forma de ver la suma real de todos sus compromisos financieros, lo que supone un inconveniente a la hora de calcular el riesgo crediticio de los solicitantes.
De fortalecerse la plataforma actual, habría más control y seguridad, tanto para los bancos como para los clientes.
Dicho proyecto también quiere castigar la tasa de usura, o sea, el cobro excesivo de tasas de interés.
Hoy, a pesar de que la ley fija de seis meses a dos años de cárcel a los usureros, no se aplica porque no está definido a partir de cuál tasa se considera desproporcionado ese cobro.
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El proyecto de ley de crédito de salvamento propone que sea el Banco Central el que determine esa tasa y así se puedan imponer castigos.
Esa misma iniciativa de ley impulsa una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, para que se les permita a las entidades financieras endeudarse en el extranjero con otros entes internacionales, y no solo con organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como ocurre hoy.
El objetivo es que esos nuevos recursos captados por los bancos se destinen al otorgamiento de créditos de salvamento.
BN prevé introducir nuevos créditos en tres meses
El plan del Ejecutivo se complementa con la directriz firmada por el presidente este martes.
Una vez emitida esa directriz, los bancos estatales (Nacional y de Costa Rica) y el Popular, como ente público no estatal, ya pueden empezar las gestiones para otorgar los préstamos.
Las tres entidades financieras coinciden en que es necesario que la Sugef emita la normativa bajo la cual tendrán que operar.
Asimismo, destacan la urgencia de que los diputados aprueben los proyectos de ley.
El del CIC, por ejemplo, les permitirá contar con una central de información crediticia más robusta de los aspirantes a los préstamos.
En tanto, el proyecto de ley del crédito de salvamento les ayudaría a captar más recursos en el extranjero.
Por lo pronto, los bancos tratarán de ir ajustando sus políticas y reglamentos internos, aseguraron las tres entidades.
El Banco Nacional, por ejemplo, comunicó que tiene previsto implementar el programa en unos tres meses, aproximadamente.
“Esto porque la directriz requiere ajustes en programas de crédito, además de revisar los aspectos adicionales que requiere un programa específico de educación financiera, adicional a los que ya aplica la institución”, contestó la institución por medio la Dirección General de Relaciones Institucionales.
Por su parte, Douglas Soto, gerente general del BCR, dijo que, de aquí a fin de año, la entidad trabajará en la creación de un producto diferenciado , de corte “consumo-hipotecario”, para ofrecer los créditos de salvamento.
“Estamos estableciendo un equipo de trabajo en las partes de servicio al cliente, riesgo y productos nuevos para crear un producto que nos ayude”, comentó el funcionario.
Según Soto, uno de los objetivos es que esta alternativa crediticia ayude a quienes se están viendo afectados por tasas, plazos y tipo de cambio y que están endeudados en dólares, condiciones que les limitan la liquidez.
“Nosotros, los dos bancos del Estado, manejamos una gran cantidad de captación en colones, por lo tanto tenemos un nivel de colones con el que podríamos ayudar a esas personas a pasarse a colones, utilizando un producto que puede ser de consumo-hipotecario”, argumentó el gerente.
Por su parte, Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular, dijo que esta entidad ya tiene una parte del camino recorrido, pues desde hace unos meses cuentan con un programa para detectar a los clientes más riesgosos, a quienes les ofrecen planes especiales.
Según dijo, identificaron a aquellas personas que reciben menos de ¢190.000 de salario líquido. Ellos serían prioritarios para el crédito de salvamento, afirmó.
Se trata de 7.200 empleados del sector público y de 14.000 del sector privado.
Asimismo, comentó, existe otro grupo de clientes, de 40.000 personas, cuya relación cuota-ingreso es superior al 70%. O sea, que solo les queda un 30% para atender sus necesidades.
En ese caso, una vez definida la normativa, el banco evaluará si serían sujetos del crédito de salvamento.
Así como el Popular, el Banco Nacional también cuenta con un programa de adecuación de deudas, el cual se haría extensivo a nuevos clientes, afirmó la entidad.
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