EscucharLa Sala IV ordenó al Ministerio de Hacienda entregar los estados financieros del Gobierno a la Municipalidad de San Carlos, luego de comprobar que el Poder Ejecutivo violentó el derecho de petición y acceso a la información pública.
El 4 de octubre del 2022, el ayuntamiento sancarleño envió a Hacienda el oficio MSC-AM-1704-2022, firmado por la alcaldesa Karol Salas Vargas, en el que solicitó los estados financieros consolidados del Gobierno y sus auxiliares contables por sector para el año 2021 y el periodo intermedio de junio 2022.
Al día siguiente, Hacienda emitió una respuesta en la que, además de enviar los estados financieros incompletos, debido a una aparente pérdida de información por el ataque cibernético ocurrido en el primer semestre del 2022, alegó que los auxiliares contables eran privados.
“Sobre la información de los auxiliares en Word y Excel que su estimable persona solicita, le informo que no es posible proporcionar la misma ya que dichos auxiliares son de uso propio de la Contabilidad Nacional y la información que estamos obligados por Ley a proporcionar corresponde a los estados financieros debidamente consolidados y firmados”, indicó la Dirección General de Contabilidad Nacional a la alcaldesa de San Carlos mediante el oficio SUB-DCN-UCC-1015-2022.
Ante esto, el ayuntamiento llevó a Hacienda a la Sala IV bajo el alegato de que entregó una “respuesta parcial” en la que se negó acceso a los auxiliares contables, sin citar la normativa que justificara la decisión.
Luego de dar audiencia a las partes, los magistrados concluyeron, en la sentencia 2023-25100 del 6 de octubre, que Hacienda rechazó durante un año entregar los estados financieros solicitadas en reiteradas ocasiones por el municipio.
Según los jueces, cuando una solicitud de información amerita más de los 10 días hábiles fijados por ley para recabar la información, la Administración tiene la obligación de informar a la parte solicitante, por escrito, las razones del retraso y la fecha en la que se entregarán los datos.
Sin embargo, la Sala comprobó que Hacienda omitió informar la fecha en la cual remitiría la información solicitada.
“Lo anterior ha provocado que haya transcurrido un plazo injustificado y desproporcionado, ya que no se tiene por demostrado que la autoridad recurrida haya remitido al recurrente los estados financieros consolidados a junio 2022, con la finalidad de atender de forma completa la gestión”, explica la sentencia.
Sin embargo, la resolución de los magistrados no se refirió al traspaso de los auxiliares contables al gobierno local sancarleño, sino que únicamente cita los estados financieros consolidados.
“Este Tribunal comprueba la violación al derecho de petición y de información, únicamente, por la falta de suministrar los estados financieros de la República de Costa Rica del 1.° de enero de 2022 a junio de 2022″, reconocieron los magistrados.
