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San José
El Ministerio de Hacienda le suministró a los diputados un dato erróneo sobre la deuda acumulada en el cobro del impuesto a las sociedades anónimas.
Hacienda sobreestimó en más de ¢53.000 millones el dinero que el Gobierno podría recuperar cobrando el tributo a personas jurídicas morosas, el cual se destinaría en su mayoría a financiar a la Fuerza Pública con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
El dato lo suministró en momentos en que el Congreso discute dos cosas. Primero, la posibilidad de revivir el impuesto, el cual fue anulado por la Sala IV a partir del 2016 por errores en el proceso legislativo que lo creó. Y segundo, una propuesta del PUSC para condonar el tributo a las sociedades que no lo pagaron mientras estuvo vigente, entre el 2012 y el 2015.
En junio pasado, al calor de la discusión y a solicitud de la fracción del Frente Amplio, Hacienda comunicó a los diputados que la deuda ascendía a ¢180.000 millones según un corte a julio del 2015.
No obstante, la institución que se encarga de recaudar el tributo, el Registro Nacional, informó el mismo mes que el saldo real es de ¢127.000 millones; es decir, un 30% menos.
El Registro se pronunció a solicitud del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero esa no es la única inconsistencia.
Hacienda añadió que la cantidad de sociedades morosas no varió entre el 2012 y el 2014, manteniéndose en 401.000 y que, en el 2015, la cantidad aumentó a 447.000.
Sin embargo, según los datos del Registro, las cifras reales son considerablemente distintas: 247.000 en el 2012; 269.000 en el 2013; 297.000 en el 2014; y 343.000 en el 2015.
En cada año, la diferencia entre los datos es superior a las 100.000 personas jurídicas morosas.
Incluso, el 3 de mayo del 2016, antes de que el debate sobre el impuesto calentara en el Parlamento, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe sobre el pendiente de cobro del impuesto y, en este, citó la cantidad de sociedades morosas en 365.000 en el 2015, muy cerca de lo que reportó Hacienda.
El tributo era de ¢212.000 para las sociedades activas y de ¢106.000 para las inactivas, pero los diputados discuten una reducción de tasas en caso de que lo resuciten.
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La directora general de Hacienda, Priscila Piedra Campos, dijo desconocer los porqués de las diferencias y admitió que lo que le dieron al Congreso fue una estimación propia.
"Este es un impuesto que administra el Registro Nacional, la base de datos que nosotros manejamos (sobre cantidad de sociedades) es la base que nos dio el Registro. Nosotros tenemos centralizado todo el manejo de las bases de datos en la Dirección de Inteligencia Tributaria. Entonces, ellos (el Registro) le trasladan esa base de datos a esa dirección", dijo.
"No nos han informado cómo ha disminuido la morosidad. Lo que nosotros hicimos fue estimar el potencial (recaudatorio). Con base en la información que ellos nos habían presentado, sacamos la diferencia entre lo que se había pagado y lo que no para estimar la morosidad. Lo que no tenemos claro es cómo se ha contabilizado la gestión de ellos (de cobro). Hay que sentarse con la gente del Registro para conocer cómo estimaron ellos (los montos)", indicó.
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José Luis León, director de Política Fiscal de Hacienda, citó que la morosidad se había reducido en ¢5.000 millones gracias a gestiones del Registro, lo que aún está muy lejos de explicar la diferencia.
Sobre por qué Hacienda no ha realizado el ejercicio de comparar sus datos reales con los del Registro, Piedra no ofreció una respuesta clara. "Puede ser que ellos (el Registro) hayan eliminado los montos prescritos", especuló.
Según León, Hacienda no varió la estimación de sociedades morosas del 2012 al 2014 porque "hicimos la estimación con base en el 2014 y, normalmente, las sociedades mantienen el mismo comportamiento (de pago)".
Priscila Piedra insistió en que el impuesto presenta problemas de cobranza desde su creación por un mal diseño de la Ley N°.9024.
En efecto, por falta de recursos, el Registro incluso ha enfrentado problemas para castigar a las sociedades morosas con su disolución.
Molestia. El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos, también del PUSC, reaccionaron molestos ante las respuestas de Hacienda.
Vargas afirmó que Hacienda manipuló los datos que entregó al Frente Amplio para alterar la discusión de las mociones de condonación que presentó su partido.
"Nos preocupa la manipulación de la información por parte del Ministerio de Hacienda, lo más grave es la ligereza con la que manejan datos tan delicados. Uno esperaría que ese ministerio maneje información confiable y no haga bateos", comentó.
Vargas fue objeto de polémica esta semana al conocerse que varias sociedades integradas por él aparecían morosas en el pago de este impuesto.
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Ramos, por su parte, afirmó que las inconsistencias en los datos que Hacienda ofreció sobre el impuesto a la sociedades se han repetido en otros proyectos de ley de carácter tributario.
"Ellos nos envían proyectos sin consultarlos antes con los sectores interesados, no se asesoran, los proyectos llegan a la Asamblea muy mal redactados. Sobre este proyecto de impuesto a las sociedades, ni siquiera se le dio participación al Registro Nacional que es el que tiene inscritas a las sociedades. Hacienda habla de una morosidad que no existe. Los datos de Hacienda no son confiables, por eso vivimos en zozobra aquí en la Asamblea", agregó.
Priscila Piedra rechazó las críticas y reiteró que los datos que aportó Hacienda al Parlamento salieron del intercambio de información con el Registro Nacional.
Legisladores de otros partidos, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, se oponen al impuesto y le piden al Gobierno que eche mano de otras alternativas, como recortar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se gira a las universidades, para financiar a los cuerpos de policía.
El tributo sobre las sociedades, sucursales de firmas extranjeras y empresas individuales de responsabilidad limitada se creó en el 2011 al aprobarse la Ley N°.9024.
La Ley detalla que el monto que se recaude anualmente irá en un 95% a financiar programas de seguridad ciudadana y en un 5% para las cárceles y administración del propio impuesto.
