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El impuesto a las personas jurídicas está cerca de revivir, pero con una rebaja para los propietarios de las sociedades.
Antes de que la Sala IV lo anulara por errores de procedimiento, el tributo era de ¢212.000 para las sociedades activas y de ¢106.000 para las inactivas (lo que equivale a un 50% y un 25% de un salario base).
Ahora, en cambio, las personas jurídicas inactivas, aquellas que no tengan ingresos, pagarían poco menos de ¢64.000 (un 15% del salario base).
En cuanto a las activas, el tributo se divide en tres escalas: ¢106.000 para las que tengan ingresos anuales por menos de ¢51 millones; ¢127.000 para las que tengan ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones, y ¢212.000 para las que tengan ingresos por más de ¢119 millones.
Esas escalas equivalen a un 25%, un 30% y un 50% del salario base, respectivamente.
El texto fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios y ahora pasará a primero y segundo debates en el plenario. De los nueve legisladores, siete se manifestaron a favor y dos en contra. Los votos negativos fueron de la socialcristiana Rosibel Ramos y del libertario Otto Guevara.
El impuesto recaudaría ¢47.146 millones, que se repartirían así: ¢39.885 millones para el Ministerio de Seguridad, ¢2.215 millones para el Ministerio de Justicia, ¢2.215 millones para el Organismo de Investigación Judicial y ¢2.831 millones para la Caja Única del Estado.
Rolando González, de Liberación Nacional (PLN), destacó que el proyecto restablecerá un impuesto que la Sala IV declaró nulo por errores de forma en la tramitación de la ley original.
La iniciativa avanza ahora hacia sus trámites en el plenario legislativo, luego de fuertes enfrentamientos entre fracciones, pues había críticas hacia la presidenta de Hacendarios, Rosibel Ramos, quien no permitía que la iniciativa saliera de ese foro parlamentario.
Luego de fuertes presiones hacia los legisladores y de solicitudes de parte del Ministerio de Seguridad Pública, las fracciones negociaron, principalmente con el PUSC, quien se oponía al cobro por igual a sociedades, sin tomar en cuenta su tamaño.
Al final, el PUSC cedió para permitir el avance de la iniciativa, luego de exigir que se hiciera un cobro escalonado a las sociedades contribuyentes.
Por su parte, Otto Guevara adujo que aún la iniciativa está lejos de discutirse en el plenario legislativo. Aseguró que permitió su avance en la comisión hacendaria porque no es un proyecto "devastador" para la economía nacional, como sí considera las propuestas sobre el impuesto al valor agregado, el de Renta y la ley para combatir el fraude.
"El proyecto le aumenta los costos de formalización de una empresa a quien va a emprender. Hoy se tiene que pagar ¢150.000 ante el abogado que inscriba la sociedad, ¢68.000 de gastos de inscripción y la parte proporcional del impuesto, según el mes del año en que se inscriba", dijo Guevara para justificar su voto negativo.
Añadió que, pese a estar listo para su envío al plenario, él atrasará la presentación de su dictamen negativo hasta el último día posible, lo que atrasaría el ingreso del plan a la agenda del plenario, donde entrará al final de la lista, por ahí de la posición 200.
Además, para que se le dé prioridad, tendría que lograr el apoyo de 38 diputados que lo pongan de primero en la lista, lo cual no ve Guevara tan factible.
Esta mañana, en un comunicado de prensa, el Gobierno destacó la necesidad de tener esos fondos a mano para el financiamiento de la policía.
"Estos dineros se invierten, en un 90% por el Ministerio de Seguridad Pública, en programas de lucha contra la delincuencia, crimen organizado y seguridad ciudadana. Un 5% se transfiere a programas de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y un 5% al Organismo de Investigación Judicial", destacó el Ejecutivo.
