Borrón y Cuenta Nueva, un grupo que afirma representar a 34.000 trabajadores independientes, aboga por la inclusión de los transportistas piratas en el proyecto impulsado por el Gobierno para regular tanto a los taxis como a las plataformas tecnológicas de transporte como Uber y Didi.
“Si estamos tratando como país de arreglar la situación, no podemos seguir enmarcando un proyecto solo en las plataformas tecnológicas y taxis”, señaló en la Asamblea Legislativa, Joseph Ugalde Thompson, uno de los voceros del movimiento.
En declaraciones a La Nación, Ugalde amplió que, al legalizar a los “piratas artesanales”, como él los denomina, los propietarios de vehículos podrían acceder a programas de capacitación para mejorar la calidad de su servicio.
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Además, dijo, serían elegibles para obtener financiamiento para la adquisición de nuevos vehículos y podrían cotizar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para obtener seguro médico y jubilación.
Dentro de este grupo de transportistas informales, que operan sin permiso oficial, Ugalde ubica a los taxistas informales que movilizan a vecinos de sus comunidades, los servicios colectivos que operan en zonas urbanas, incluidos aquellos que transportan trabajadores a comunidades peligrosas durante la noche, así como los transportistas piratas que brindan servicios a hoteles en áreas turísticas.
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“Se ocupa que a estos trabajadores independientes se les ayude con derechos”, insistió el vocero.
Ugalde y Ronald Brenes Chaves, también miembro del grupo, comparecieron ante la comisión legislativa de Gobierno y Administración, donde se debate un proyecto del Gobierno que busca equiparar las condiciones de competencia entre los taxistas y las plataformas como Uber y Didi.
Brenes expresó la necesidad de una ley de transporte unificada, pero señaló que la propuesta actual viola el principio de igualdad al regular únicamente a estas dos actividades.
Ugalde, por su parte, criticó la falta de legislación. Sostuvo que en la actualidad se libra una “guerra del hambre” en la que Uber, por ejemplo, cobra tarifas muy bajas por kilómetro, Didi también baja sus precios para atraer clientes, y una tercera plataforma, inDrive, los reduce aún más.
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Según Ugalde, esta competencia desleal está afectando los ingresos de los conductores, quienes se ven obligados a trabajar jornadas de hasta 12 horas o más para poder alcanzar las cuotas del vehículo o pagar la hipoteca de sus casas.
Las extensas jornadas alejan a los conductores de sus familias y de sus actividades religiosas, aseguró Ugalde, quien añadió que, a la larga, esto repercute en la inseguridad ciudadana debido a los bajos ingresos de los conductores.
Ambos comparecientes evitaron entrar en detalles sobre el proyecto del Gobierno, indicando que está en proceso de elaboración un texto sustitutivo.
Propuesta del Gobierno
La iniciativa del Gobierno establecería que plataformas como Uber, DiDi y los taxis que se asocien a estos servicios deberían adherirse a un precio mínimo por viaje, a partir del cual regirían condiciones de libre mercado en las que conductores y usuarios podrían negociar los montos.
Este precio base garantizaría una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, basada en los costos de operación. La tarea de fijar la tarifa recaería en los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en lugar de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Bajo la regulación propuesta, los conductores estarían sujetos a una serie de requisitos y obligaciones, incluyendo el pago de seguro de trabajador independiente a la CCSS, así como un seguro de responsabilidad civil para terceros e impuesto de renta.
En total, se requeriría el cumplimiento de 12 requisitos para operar, que también incluyen el pago de un permiso de operación al MOPT, con un costo de ¢50.000 durante el primer año.
Además, los conductores deben estar al día con multas de tránsito, no haber cometido infracciones temerarias, y deben tener un historial libre de antecedentes penales en delitos sexuales, tráfico y distribución de drogas, asociación ilícita y delitos contra la vida.
