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San José
Un grupo de ciudadanos tomó acciones legales para eliminar las pensiones de lujo que reciben recursos provenientes del Presupuesto Nacional. Con ese fin, el movimiento presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Se trata de la Asociación Pro Pensiones Justas y Solidarias, encabezado por Luis Carlos Ramírez Zamora y por Carlos Roberto Loría Quirós.
Ellos presentaron el proyecto el 16 de agosto en el departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, donde lo tendrían que adoptar uno o varios legisladores para hacerlo ingresar a la corriente legislativa.
La propuesta pretende que se deroguen los regímenes de pensiones de Hacienda, Magisterio Nacional y Poder Judicial, además de que las personas que cotizan actualmente para esos sistemas pasen de oficio al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense Social (CCSS), dentro de los seis meses siguentes a la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, el proyecto busca que los pensionados de los regímenes derogados, que devenguen pensiones superiores al límite fijado por la CCSS (₡1,5 millones), paguen una contribución solidaria.
Ese pago adicional se haría de la siguiente manera:
1.- Quienes devenguen una pensión de hasta ₡3 millones mensuales, pagarán una contribución solidaria del 15%, calculada sobre el exceso de ¢1,5 millones
2.- Quienes devenguen una pensión entre ₡3 millones y ₡5 millones mensuales, pagarán una contribución solidaria del 25%, calculada sobre el tope máximo
3.- Para quienes reciben entre ₡5 millones y ₡8 millones mensuales, la contribución solidaria será del 40%
4.- Y será de un 50% para quienes devenguen una pensión superior a ₡8 millones mensuales
En cuanto a los aumentos a la pensión de los jubilados de los regímenes que se propone derogar, el plan de ley establece que, al pasarlos al IVM, recibirán incrementos anuales en las mismas condiciones en que en la actualidad se aumentan las pensiones del régimen IVM.
La acción de inconstitucionalidad, en tanto, fue presentada por Luis Carlos Ramírez el 14 de agosto. En ella, el recurrente impugna los regímenes que pretende derogar el proyecto de ley citado.
Según Ramírez, las leyes son inconstitucionales porque los beneficios que otorgan a los jubilados no son semejantes.
"Conforme postula el principio de unidad de la seguridad social en materia de jubilaciones, aunque existan diversas instituciones que administren fondos de pensiones, los beneficios otorgados por ellas deben ser semejantes, es decir, igual para todos los beneficiarios del sistema de seguridad social considerado como un todo", se lee entre los argumentos que manifestó ante la Sala Constitucional.
De igual manera, Ramírez consideró en su acción que la inequidad entre los montos de las pensiones que reparten los diversos regímenes violenta el artículo 73 de la Constitución Política. Para él, ese numeral establece que en Costa Rica solo existe un régimen de seguros sociales y que debe ser administrado por la CCSS.
Este lunes, al presentar el proyecto de ley en el Salón de Expresidentes, de la Asamblea Legislativa, Ramírez afirmó que las pensiones de lujo "desangran" al país y son injustas porque ponen a las personas de menores ingresos a aportar recursos para que el Estado los transforme en ingresos superiores para los pensionados más privilegiados.
Ante los diputados Marcela Guerrero y Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC) y Patricia Mora del Frente Amplio, Ramírez afirmó que las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional le cuestan al Estado $800 millones al año que se financian con recaudación de tributos o por emisión de deuda pública.
"Cuenten con nosotros, estamos a favor de un sistema solidario y justo. Las pensiones no son para que la gente viva una vida ostentosa que erosione las finanzas públicas", afirmó la diputada Guerrero.
Ella agregó que el Congreso no puede evadir su responsabilidad de concluir la labor de reformar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto para eliminar las pensiones de lujo.
Actualmente los diputados tramitan el proyecto de ley que daría sostenibilidad al régimen de pensiones del Poder Judicial, uno de los más costosos para el erario.
Este lunes, durante varias sesiones extraordinarias convocadas durante la mañana, el plenario acordó extender una prórroga para que la Defensoría de los Habitantes, el Banco Central de Costa Rica, la Contraloría General de la República y la Universidad de Costa Rica, respondan las consultas efectuadas por el Parlamento sobre el proyecto de reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial.
Guerrero y Natalia Díaz, esta última jefa de fracción del Movimiento Libertario, afirmaron que la prórroga la brindó el Congreso para aprobarla por 38 votos y así "blindar" el trámite abreviado que se le aplica al proyecto de ley.
De igual manera, el diputado Ronny Monge, de Liberación Nacional, quien presentó la moción para revisar la votación de la prórroga, dijo que el sentido de la medida es asegurarse de que no se cometan errores en el procedimiento que puedan sacrificar el avance en el trámite de la reforma a las pensiones judiciales, en una eventual consulta de la iniciativa a la Sala Constitucional.
