EscucharEl gobierno y los diputados liberarían las alzas salariales en instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP), mediante un proyecto de ley que debilitará la regla fiscal.
Se trata de una iniciativa de la administración de Rodrigo Chaves, sobre la cual los diputados acogieron y depuraron un nuevo texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Quedan pedientes el dictamen y la discusión en el plenario legislativo.
El texto excluiría del ámbito de cobertura de la regla fiscal a cerca de 20 instituciones y empresas públicas no financieras cuyos recursos dependen de actividades comerciales. En ese rango entran Recope, el AyA, el CNP, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Junta de Protección Social de San José (JPS) y Correos de Costa Rica.
También, están la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Al quedar libres de la regla fiscal, estas entidades ya no tendrán que sujetarse al tope de crecimiento del gasto que exige esta norma, ni a las medidas extraordinarias cuando el nivel de deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Dentro de esas medidas extraordinarias, está precisamente el congelamiento de los incrementos salariales por costo de vida y por cualquier incentivo salarial hasta que el país logre controlar su deuda.
No quedarían exentos los recursos que provengan de transferencias del Gobierno Central hacia esas instituciones, en caso de que los haya.
Los diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Nueva República agregaron en la iniciativa a los cuerpos de policía y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Todas estas entidades se sumarían a las que ya están fuera de la regla, ya sea desde su origen o mediante modificaciones posteriores. Tal es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las empresas públicas en competencia, las municipalidades, el Sistema de Emergencias 911 y la Promotora de Comercio Exterior.
Esas entidades no están sujetas, actualmente, al congelamiento de salarios.
Lo que dice la norma
La regla fiscal es una norma introducida en la reforma tributaria del 2018 (ley 9635) que limita el crecimiento de los gastos corrientes y de capital de las instituciones, según sea el nivel de endeudamiento público y el crecimiento de la economía.
Para este año, la restricción aplica para ambos tipos de gastos, porque la deuda llegó al 68% en el 2021, periodo de referencia para calcular el tope al crecimiento del gasto del 2023, el cual es de un 2,56%.
Para el próximo año, el cálculo se hará sobre la deuda del 2022, la cual fue de un 63,8%. Eso significa que, en el 2024, se mantendrán las medidas extraordinarias como el congelamiento de salarios. En el 2025, la restricción salarial sí se podría levantar en todo el sector público si la deuda, al final del año actual, se mantiene por debajo del 60% del PIB.
Doble interpretación de Hacienda
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, interpreta que el levantamiento de la regla para las instituciones del proyecto no afectaría los salarios. “Eso no se elimina”, dijo.
Alegó que son dos temas distintos, a pesar de que están establecidos en el mismo capítulo de la reforma fiscal del 2018.
“La ley que establece la limitación a los salarios es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla fiscal es el límite al crecimiento del gasto. Son temas diferentes en una misma ley”, insistió.
Señaló que el congelamiento de salarios es una norma de carácter general que aplica para todo el sector público, independiente de la sujeción o no de una entidad a la regla fiscal.
No obstante, la regla fiscal es un capítulo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que solo aplica para las instituciones bajo el ámbito de cobertura de este instrumento.
Tan es así que el propio Nogui Acosta lo expuso por escrito, en setiembre del 2022, cuando contradijo al presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre la sujeción de la CCSS a la regla fiscal.
En esa oportunidad, luego de que el mandatario dijo que un aumento salarial en la Caja era ilegal porque la entidad está sometida a la regla fiscal y la deuda superaba el 60% del PIB, Acosta sostuvo que el presupuesto de la Caja está exento de esta norma de control de gasto y sus medidas.
El pasado viernes 14 de abril, el ministro argumentó a este medio que la Caja está excluida de la regla por su autonomía de Gobierno. No obstante, quedó excluida explícitamente en el mismo artículo en el que ahora los diputados agregarán a Recope, el AyA, el CNP y la Fanal.
Siendo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves renunció al cargo en mayo de 2020, entre otras razones, porque el entonces presidente Carlos Alvarado avaló sacar a las municipalidades de la regla fiscal.
“Él renunció porque las municipalidades representan un riesgo fiscal, pero tienen autonomía. Las empresas públicas (del proyecto de ley en discusión) se pueden excluir con salvaguardas y los entes públicos no estatales, como los colegios profesionales, no deberían estar dentro de la regla fiscal”, justificó ahora Nogui Acosta.
En todo caso, el ministro dijo que está dispuesto a discutir la salida de aquellas entidades que no tienen impacto fiscal y, para aquellas que representen riesgos fiscales, establecer salvaguardas.
Diputados no evaluaron impacto en salarios
El proyecto avanzó en Hacendarios sin que los diputados hayan evaluado el impacto en el pago de remuneraciones. El dictamen está previsto para esta semana.
El diputado Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que ese es un elemento que tendrá que discutirse en la discusión de mociones de ajuste (posterior al dictamen), pero recalcó que se trata de instituciones con ingresos propios.
Agregó que se debe evaluar el impacto de la Ley Marco de Empleo Público. Sin embargo, esta norma no impide los incrementos por costo de vida a las instituciones que estén exentas de la regla fiscal.
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La legisladora Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, argumentó que una norma del Presupuesto Nacional prohíbe la creación de nuevas plazas, excepto en los cuerpos policiales y servicios de educación. Sin embargo, esta disposición aplica básicamente para las entidades del Poder Ejecutivo.
Resaltó que no se excluirían de la norma las transferencias que reciban del Gobierno.
El proyecto original del Gobierno también buscaba excluir de la regla el gasto en intereses de la deuda pública y el gasto de capital, pero esas peticiones fueron rechazadas por los diputados.
El texto, además, establece parámetros a las instituciones que serían excluidas como reportar al Ministerio de Hacienda cada mes de mayo los estados financieros auditados del año anterior.
