El gobierno considera importante que continúe en el Congreso la discusión sobre el proyecto de ley para castigar los “crímenes de odio”, el cual conllevaría un riesgo para la libertad de expresión en el país.
“Esa es una discusión a la que le damos la bienvenida y que los señores diputados van a resolver de la forma que ellos estimen. Lo que es importante es que siga su trámite y se tome una decisión sobre el contenido final. Todo proyecto está sujeto a ajustes, está sujeto a enmiendas, eso es normal”, afirmó Agustín Castro, viceministro de la Presidencia.
Sin embargo, el jerarca evitó involucrar al Ejecutivo en la discusión que desarrolla el Congreso.
Castro aseguró que la iniciativa nació de una propuesta de la Defensoría de los Habitantes, con la finalidad de mejorar la legislación sobre derechos humanos.
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“Si hay algún punto específico que los diputados quieran ajustar, de nuevo es una decisión del Congreso. Ni siquiera es una decisión del Ejecutivo. Así que esa es una discusión a la que le damos la bienvenida y que los señores diputados van a resolver de la forma que ellos estimen”, añadió el viceministro.
Al consultarle si el Ejecutivo hará sus propios aportes al texto o liderará alguna discusión, Castro respondió de manera tajante: “Ese tema está en manos de los diputados y ahí se queda”.
La iniciativa, que está a las puertas de ser votada en el plenario en primer debate, impondría una pena de entre seis meses y dos años de cárcel a quien deliberadamente, niegue los delitos de genocidio comprobados en una sentencia judicial.
De igual forma, impondría la misma condena a quien integre una organización inspirada en teorías para promover odio y discriminación, aunque no concrete ninguna acción.
Dicha pena oscilará entre los dos y los tres años de cárcel si, al reproducir esas expresiones, exprese su apoyo al llamado al uso a la violencia, odio o discriminación.
Asimismo, propone la creación del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, lo cual implicaría más gasto para el Gobierno Central, pues dicha entidad tendrían su propio presupuesto.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), la jueza penal Rosaura Chinchilla y el abogado penalista Ewald Acuña, el proyecto contiene vicios que afectarían la libertad de expresión, coinciden
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público también objetaron la propuesta.
La iniciativa se tramita en el expediente 20.174. Fue presentado en el 2016 por la entonces diputada liberacionista, Sandra Piszk, con el apoyo de Marvin Atencio del PAC; Maureen Clarke, de Liberación; Rosibel Ramos del PUSC; y Patricia Mora del Frente Amplio.
La Comisión de Derechos Humanos lo dictaminó en setiembre del 2017 y el 14 de mayo, la delegación de Costa Rica que viajó a Ginebra, Suiza, a rendir un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró que el proyecto sobre crímenes de odio estaba en camino ser aprobado.