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Ante la Sala Constitucional, el Ministerio de Hacienda aceptó que incumple con el giro de recursos fijado por ley para financiar la atención de las personas en pobreza. No obstante, el viceministro de Egresos, Luis Molina Chacón, prometió que el gobierno asignará los recursos en el 2025.
Así respondió el viceministro un recurso de amparo interpuesto por cinco diputados del Frente Amplio (FA) contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Los legisladores señalaron que, según el artículo 24 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el gobierno debe girar anualmente al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), como mínimo, un monto equivalente a la transferencia hecha en el 2019.
Dicha cifra está en ¢255.583 millones, pero Hacienda solo planeó transferir ¢193.452 millones en el 2024.
El faltante de ¢62.131 millones afecta a los programas para niños en condición de pobreza, adultos mayores vulnerables, personas con discapacidad, becas estudiantiles y bonos de vivienda, entre otros, hicieron ver los diputados recurrentes.
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Luis Molina, quien respondió el recurso como ministro de Hacienda interino, argumentó que, “desafortunadamente”, los recursos actuales son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la ley exige.
Pese a la situación descrita, el jerarca aseguró que, gracias a los esfuerzos hechos, existe una decisión tomada por el Ministerio de Hacienda para asignar a Fodesaf una suma no menor a la que exige la ley, en el presupuesto del 2025.
Jonathan Acuña, uno de los diputados que presentaron el recurso, celebró que Hacienda se comprometa a cumplir con el monto establecido por ley, a partir del próximo año. En su criterio, lo hace por la presión ejercida desde el Congreso para frenar los recortes a la inversión social.
Sin embargo, fustigó al gobierno por, supuestamente, cambiar su postura para el próximo año como cálculo electoral, de cara a los comicios presidenciales del 2026.
“En buena hora, ahora sí van a cumplir, aunque lo estén haciendo por fines electorales, porque vaya cosa: incumplen el primer año de gobierno, el segundo año, pero se van acercando las elecciones y, bueno, ahora así vamos a cumplir.
“Aunque sea por razones electoreras, en buena hora, porque esos recursos son necesarios para los hogares más empobrecidos para nuestro país”, expresó este lunes el legislador en el plenario legislativo.
Hacienda: ‘No se han lesionado derechos fundamentales’
Molina solicitó a los magistrados declarar sin lugar el recurso de amparo y denegar las pretensiones de los congresistas de obligar al gobierno a cubrir el faltante del 2024, por considerar que el Ministerio de Hacienda “ha actuado de conformidad con las posibilidades fiscales actuales, en resguardo de las finanzas públicas” y, por lo tanto, no ha lesionado derechos fundamentales ni por acción ni por omisión.
“Nada sería más satisfactorio que poder cumplir con esa obligación en los términos específicos en que está estipulada, al igual que todas las demás responsabilidades asignadas a esta cartera por medio de la normativa vigente”, alegó.
En el recurso de amparo, los legisladores del Frente Amplio acusaron al Ministerio de Hacienda de provocar un grave perjuicio a programas sociales como el régimen no contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De igual manera, señalaron que existe una afectación al Fondo de Subsidios para la Vivienda a cargo del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Red de Cuido, las becas Avancemos y otros programas a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El viceministro de Hacienda dijo a los magistrados que el Ministerio de Hacienda ha realizado grandes esfuerzos para tratar de lograr un equilibrio entre las metas fiscales y las obligaciones fijadas para la asignación de recursos.
“Se debe tener presente que la Sala Constitucional ha señalado, en varias oportunidades, que el equilibrio fiscal es indispensable para el sostenimiento del Estado Social de Derecho, ya que la inexistencia de dicho equilibrio implica correr el riesgo de contar con cada vez menos recursos para la atención de las múltiples obligaciones del Presupuesto Nacional, entre ellas la prioritaria atención del gasto social”, dijo el viceministro a la Sala IV.
Molina responsabilizó de esta situación a las administraciones pasadas, por hacer “manejos irresponsables e inadecuados” de las finanzas públicas que obligan, ahora, a pagar deuda pública. Igualmente, adujo que la situación se agrava por la rigidez presupuestaria que limita la asignación de recursos por parte del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el funcionario culpó a las instituciones por tomar decisiones “sin considerar la realidad fiscal del país y el efecto sobre las finanzas públicas”, así como a los diputados por la aprobación de leyes que imponen más gasto sin fuente de financiamiento.
Molina argumentó que, durante el periodo 2020-2024, se ha tenido que realizar ajustes para corregir los desbalances financieros, lo que ha repercutido no solo en el gasto social, sino también en el resto de obligaciones que dependen del Presupuesto Nacional.
“Se hubiera dejado sin financiamiento otros gastos, que así como los de la seguridad social, también deben ser cubiertos y que igualmente constituyen exigencias legales y constitucionales, tales como los correspondientes a la salud, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, el pago de los salarios de los funcionarios públicos, y muchos otros”, contestó el viceministro de Ingresos.
