Gobierno prepara un tercer intento para crear fondo de avales para empresas

El Gobierno prepara con “distintos actores” una tercera redacción del proyecto para crear el fondo de avales y garantías de ¢180.000 millones, el cual respaldaría créditos bancarios a las empresas afectadas económicamente por la pandemia.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, hizo ver que el plan sigue siendo de interés del Gobierno como parte del esfuerzo por reactivar la economía.

Sin embargo, el expediente se encuentra desconvocado de la agenda legislativa desde principios del mes de diciembre, cuando el Gobierno lo retiró de la lista como medida de presión para que los diputados aprobaran un crédito de $250 millones del BID que finalmente se perdió.

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“Lo que estamos haciendo en este momento es tratando de consensuar un texto con distintos actores para poder avanzar, ya de forma más acelerada, una vez que eso se presente ante la Asamblea Legislativa”.

“Pero estamos trabajando en eso en este momento. Sigue siendo fundamental para todo lo que es el crecimiento económico y, desde el punto de vista del Gobierno, pues, también es muy importante”, manifestó el jerarca.

Villegas no dio detalles de con quienes se conversa y cuáles cambios traería la nueva redacción.

De concretarse, este sería el tercer intento del Gobierno por avanzar en un plan que, a mediados del año 2020, lo presentó como una necesidad urgente dentro de los planes de apoyo a los deudores y de reactivación económica en plena pandemia.

Una primera redacción, presentada el 6 de agosto en la corriente legislativa, debió ser retirada tres meses después por el Poder Ejecutivo, una vez que la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó el papel del Instituto Nacional de Seguros (INS) como fiduciario de los recursos.

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Un texto sustitutivo, que se mantiene en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, ha sido criticado por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea que ve problemas de conexidad con el plan original.

En esa segunda redacción, Hacienda excluye la idea de crear un fideicomiso para administrar el fondo de avales y traslada la administración de los ¢180.000 millones a la Caja Única del Ministerio de Hacienda.

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Esa cartera dirigiría el proyecto a través de un consejo de rectoría, por lo que el informe técnico del Congreso determinó que el plan requería de 38 votos para ser aprobado por el plenario, pues el texto sustitutivo crea un programa dentro de Hacienda para administrar los recursos.

Esa responsabilidad, asegura el informe, “interfiere en actividades que atañen al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su Consejo, y entidades supervisoras del sistema financiero nacional”.

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El fondo de avales serviría de garantía a las empresas golpeadas por la pandemia para que puedan acceder a financiamientos bancarios. Estos avales cubrirían hasta el 60% de los créditos.

Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (BCR), aseguró que, a pesar de que el sistema bancario nacional ha readecuado deudas a los afectados económicamente por la pandemia, el proyecto de avales sigue siendo necesario para empujar la economía del país.

“El país como un todo lo necesita. Esto es urgente. Hay que destacar que cuando se convocó a sectores sociales a la mesa de diálogo, fue prácticamente el único punto que se aprobó de primero y de forma unánime, así que la necesidad es evidente”, expuso Gómez.

El asesor agregó que, más allá de la discusión de si el programa se debe de desarrollar mediante un fideicomiso o a través de Hacienda, lo importante es que se desarrolle cuanto antes.

“Cualquier texto es perfectible. Si le hacen mejoras o cambios, para nosotros es aceptable. Lo importante es que el instrumento se eche a andar. En el tanto se haga y cuente con la estructura básica, que es que tenga un consejo rector y una unidad ejecutora, que pueda reglamentarse de manera adecuada, yo pienso que eso no le hace diferencia”, agregó.

En su opinión, el país tiene a su alcance tres instrumentos para reactivar economía. Una es la readecuación de deuda que ya implementan los bancos.

Otro es la línea especial de crédito por ¢700.000 millones aprobada en setiembre por el Banco Central a los bancos comerciales, para que estos presten a los clientes más afectados por la covid-19, recursos que también sirven para readecuaciones.

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“El tercero es complemento de las dos anteriores, que no se ha implementado, que es el fondo de avales y garantías. Es un proyecto sencillo que da la suficiente flexibilidad al Ejecutivo para emitir la reglamentación adecuada. En otros países como Colombia y Perú se nos adelantaron y está funcionando bien”, criticó.

Gómez cree que el atraso se debe a que el Gobierno se ha concentrado, en los últimos meses, en resolver el problema fiscal. “Y eso es correcto, pero tenemos un problema que va a la par y es igualmente grave: el desempleo y la reactivación económica”, finalizó.

Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista integrante de la Comisión de Hacendarios, lamentó que el Ejecutivo no haya reconvocado a la agenda legislativa el plan.

La verdiblanca ve acertada la gestión de Hacienda de conversar con actores para elaborar un nuevo texto, dado que el actual tiene deficiencias que fueron detectadas por el departamento de Servicio Técnicos.

Sin embargo, lamenta que los atrasos se deban a la forma incompleta o imprecisa en que el Ejecutivo planteó el texto, según dijo.

“En principio es uno de los proyectos que genera reactivación económica porque permite un flujo de capital para las diferentes empresas dentro de los sectores productivos, teniendo como premisa la sostenibilidad del empleo. Es vital que un nuevo texto se pueda presentar cuanto antes”, urgió Delgado.

Otto Roberto Vargas, legislador del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), aseguró que la demora se debe a las incongruencias de los textos presentados por el Ejecutivo.

Recordó que, en principio, el proyecto se ligó con un crédito de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En su segunda versión, añadió, Hacienda planteó financiarlo a través del presupuesto de ¢36.000 millones por año, durante cinco años, sin que se conociera el origen de los recursos.

“Parece que esto no es prioridad para el Gobierno, ya que ni el proyecto de fondo de avales ni otros de apoyo a las pymes han sido convocados en este periodo de sesiones extraordinarias, en donde es el Poder Ejecutivo quien maneja la agenda”, señaló.