El Gobierno les planteó a los diputados una reducción del gasto público por ¢458.000 millones, de los cuales ¢372.000 millones se podrían ahorrar en este año de crisis económica.
El planteamiento se compone de dos vías.
Por un lado, el Poder Ejecutivo presentó un segundo presupuesto extraordinario para el 2020, el cual contiene una disminución del gasto por ¢328.000 millones (0,9% del PIB).
Esa rebaja obedece a dos componentes: un recorte de partidas por ¢277.000 millones y una reducción de ¢51.000 millones en los destinos específicos.
Los destinos específicos son aportes obligatorios que, por ley, el Gobierno debe hacer a diversas instituciones. Usualmente, los montos son definidos, por ejemplo, de porcentajes de la recaudación de un impuesto.
Este año, en vista de que la recaudación de casi todos los tributos cayó, entonces también bajan los montos de los destinos específicos por pagar a instituciones.
La segunda vía planteada por el Gobierno, en forma paralela, es un proyecto de ley para reducir en un 15% las jornadas de los salarios más altos del sector público, lo que implicaría una rebaja salarial en la misma proporción.
Si los diputados lo aprueban, esa iniciativa afectaría los salarios mayores a ¢1,5 millones y podría ahorrar casi ¢130.000 millones en 12 meses.
De esos ¢130.000 millones, unos ¢44.000 millones corresponderían al 2020 y los ¢86.000 millones al próximo año.
De manera que, en caso de que el Congreso apruebe ambas iniciativas gubernamentales, este año el Ministerio de Hacienda podría bajar el gasto en ¢372.000 millones.
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Esa cifra equivale a poco más de un 1% del producto interno bruto (PIB) en momentos en que la recaudación de impuestos cayó en casi 3,3 puntos del PIB por causa de la pandemia.
Este proyecto de presupuesto reflejaría, de una vez, la caída de casi ¢1,2 billones que el Gobierno sufrirá en la recaudación de impuestos por causa de la pandemia de covid-19.
Por ejemplo, la recaudación del Impuesto a los Ingresos y Utilidades caerá en alrededor de ¢380.000 millones, poco más de un 1% del PIB. Mientras, del impuesto sobre el valor agregado (IVA) se percibirían ¢416.036 millones menos de lo esperado.
A su vez, el plan prevé aumentar en ¢660.000 millones el nivel de endeudamiento al que el Gobierno podría acceder para terminar de financiar los gastos de este año.
En el presupuesto, la propuesta del Ejecutivo supone disminuir el gasto en los ministerios, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como en transferencias a instituciones fuera del Gobierno Central.
El plan contempla, por ejemplo, disminuir el plan de gastos del Ministerio de Educación Pública (MEP) en ¢127.700 millones, y el del Poder Judicial en ¢5.147 millones.
La reducción al MEP incluye una disminución de ¢48.000 millones en las transferencias a las universidades públicas, aunque la mayor parte de ese dinero el Ejecutivo lo tendrá que reponer en los próximos años.
En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se restarían ¢21.700 millones y, en el Ministerio de Trabajo, ¢21.584 millones.
“Las rebajas aquí planteadas reflejan el esfuerzo institucional por salvaguardar el equilibrio entre las necesidades de atención de la pandemia y la estabilidad macroeconómica y fiscal”.
“Este proceso de rebaja fue ordenado desde la Presidencia de la República y, por conducto del Ministerio de Hacienda, se solicitó a cada jerarca del Gobierno de la República, mediante comunicación formal, las rebajas según en cada caso”, indica el proyecto de presupuesto extraordinario.
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La iniciativa, además, autorizaría el uso de los ¢75.000 millones que cedió el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el plan Proteger (bonos de ayuda a damnificados) y los subsidios del IMAS, a lo cual también se fijarían casi ¢15.000 millones procedentes del diferencial de los precios de los combustibles.
Fondos para la CCSS
A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el plan le trasladaría ¢3.000 millones que, según el gobierno, se usarán para otorgar nuevas pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a personas en condición de vulnerabilidad.
Otros ¢42.800 millones le serían transferidos para compensar la caída en sus ingresos como consecuencia de la reducción en la base mínima contributiva, el salario base más bajo que toma la Caja como referencia para asegurar a un trabajador.
El plan de gastos vigente del Gobierno asciende a ¢8,56 billones sin contar con los pagos por amortizaciones.
Antes de que la pandemia impactara el país, se pronosticaba que a las arcas del Estado ingresarían recursos frescos por 5,46 billones, por lo que se necesitaba pedir ¢3 billones prestados para completar el financiamiento del año.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) estimó que la pandemia hará que los ingresos caigan a ¢4,3 billones, lo que obligaría al gobierno a buscar ¢4,26 billones prestados para cubrir el Presupuesto.
Eso implicaría que el déficit fiscal subiría al 12% del PIB, muy por encima del 6,9% del año pasado.
Para evitarlo, el plan del Ejecutivo es bajar el gasto a unos ¢7,74 billones y aumentar en unos ¢660.000 millones el nivel de endeudamiento.