El Gobierno prepara un decreto que establecería un límite a las retenciones del salario que bancos, cooperativas o casas comerciales aplican a empleados públicos en caso de deuda.

Así lo anunció este viernes la ministra de Planificación, Pilar Garrido, durante la presentación de nuevas medidas del plan de reactivación económica que impulsa la administración Alvarado.

Garrido explicó que, en la actualidad, solo en el Gobierno Central hay entre 30.000 y 35.000 servidores (entre el 20% y el 24% del total de la planilla) que debido a sus deudas tienen un ingreso mensual inferior al salario mínimo intocable.

La mayoría de empleados en esa condición son del área de educación y de seguridad pública, informó Mideplán.

Garrido indicó que, por ley, este ingreso no puede ser inferior al equivalente de un salario mensual de una servidora doméstica, que en la actualidad es de ¢190.000 mensuales.

Sin embargo, mencionó que en la actualidad ese límite no se respeta al momento de que las empresas aplican deducciones automáticas al salario.

La jerarca explicó que el decreto, que se estaría implementando a partir de finales de setiembre, vendría a reglamentar esa fijación.

Garrido estimó que, con la fijación de un límite a las deduciones, se podrían liberar entre ¢5.000 y ¢7.000 millones anuales. No obstante, no dio mayores detalles sobre las condiciones del decreto.

“El Código de Trabajo señala que cuando a uno se le aplican rebajos en el salario este no puede quedar en cero, porque es un tema de dignidad humana y derecho laboral. Lo que te tiene que quedar es un salario mínimo.

"En este momento, a la directriz hay que calibrarla bien porque estamos revisando que no se dispare la mora”, explicó la jerarca.

Alegó que, de concretarse esta medida, los trabajadores tendrán un mejor margen de gastos de consumo que ayudarán a reactivar la economía nacional.

Por otra parte, Garrido indicó que el decreto solo aplicaría para los empleados públicos, puesto que un beneficio similar para el sector privado requiere de una ley.

Una vez que entre en vigencia, la directriz tendría un transitorio de unos seis meses para que la entidad financiera y el trabajador renegocien las nuevas condiciones de la deuda, explicó la jerarca.

Plan ambicioso

Poner límites a las rebajas salariales por deudas de los empleados públicos es una de las medidas contempladas en el plan de reactivación económica del Gobierno, el cual fue relanzado este viernes desde Casa Presidencial.

Mediante este programa, que proyecta una ejecución de ¢5,4 billones en obra pública, el Poder Ejecutivo pretende generar 189.000 empleos entre el 2019 y el 2022 para realizar la construcción de infraestructura vial y hospitalaria, proyectos de energía, educación y vivienda.

El plan contiene obras viales que ya se desarrollan como el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, San José; y otros prioritarios que no tenían financiamiento como la reconstrucción y ampliación de la ruta San José-Cartago.

Esta última obra se realizaría mediante alianza público-privada por un valor de $400 millones, citó Garrido.

De desarrollarse el plan de reactivación económica, el país estaría creciendo al final de la administracion Alvarado entre 3,3% y 3,8% como lo proyecta el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de la coyuntura económica actual, aseguró la jerarca.

“Mantenemos la expectativa de crecimiento porque creemos que estas medidas directas tengan un impacto en la confianza en el inversionista y en el sector privado”, concluyó.