El Gobierno busca autorización para invertir casi ¢10.000 millones en terminar la construcción de dos centros educativos nuevos, los cuales fueron desmantelados por desconocidos que aprovecharon el abandono de las obras.
Se trata de la Unidad Pedagógica Sotero González, en Desamparados, y la Escuela Azul de Turrialba.
La primera requiere de ¢5.502 millones y la segunda ¢4.393 millones, según consta en un oficio que la ministra del MEP, Giselle Cruz, envió este jueves a los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, donde se discute ese plan de gastos.
Este viernes, los legisladores de Hacendarios reincorporaron los ¢10.000 millones requeridos al V presupuesto extraordinario del 2021, luego de que los habían excluido a la esperar de explicaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Ahora, el plan pasará a discusión en el plenario legislativo para su votación en primer debate.
Estas obras eran parte de los 103 proyectos que se pretendían levantar con un fideicomiso educativo por $167,5 millones, el cual fue financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa se cerró 31 de diciembre del 2020 con solo 48 obras desarrolladas; otro número igual no se levantó y quedaron inconclusas las siete que ahora el MEP pretende culminar, de las cuales cuatro son centros educativos y tres canchas multiusos.
Días atrás, en el mismo foro de Hacendarios, la ministra había asegurado que la obra de Desamparados, en San José, costaba $7,8 millones (¢4.836 millones).
Cruz dijo en esa oportunidad que se habían pagado $5,9 millones (¢3.600 millones) al consorcio JCB-Rock Construction, hasta que el contrato se rescindió porque la empresa dejó el trabajo sin terminar.
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En un oficio remitido este jueves al Congreso, la ministra detalló que, al 31 de marzo anterior, el centro Sotero González tenía un avance físico y financiero del 77%, pero ese se redujo al 57% por el desmantelamiento y el deterioro.
De ¢3.774 millones invertidos, para el 12 de agosto de este año prácticamente se habían perdido ¢1.237 millones.
Ante ello, Cruz les pidió a los legisladores aprobar ¢5.502 millones adicionales para finalizar la construcción.
Esa inversión se distribuiría en ¢3.886 de construcción, ¢1.243 de amortización e intereses del crédito del BID y ¢373 millones de gastos operativos.
Por su parte, la Escuela Azul tenía un 56,5% de avance al 31 de marzo. Se habían invertido ¢1.105 millones, de los cuales se perdieron ¢939 millones por el vandalismo y el abandono.
Para terminar este centro,la ministra les pide a los diputados ¢4.393 millones adicionales que se distribuirían en ¢3.590 de construcción, ¢405 millones en el pago de amortización e intereses, ¢396 millones en costos operativos durante la ejecución.
Según fotografías aportadas por la ministra a los diputados, la Unidad Pedagógica Sotero González muestra estructuras descubiertas, pérdida del techo, maleza y charcos, daños en los sistemas eléctricos y mecánicos, paredes y concreto estructural.
La Escuela Azul está sin techo, tiene columnas y paredes de material prefabricado colapsados, maleza, daños en la tuberías y en las conexiones eléctricas y mecánicas y hiero oxidado.
En total, la ministra pide a los diputados que le aprueben ¢16.693 millones que se financiarían con deuda interna para terminar las siete obra educativas, de las cuales el 59% serían para estos dos centros.
En principio Hacienda había solicitado ¢16.368 millones, pero los diputados excluyeron ese monto del dictamen mientras el MEP completaba un informe sobre el avance físico y financiero de esas construcciones.
Sin embargo, el dinero se reincorporó este viernes al presupuesto en discusión en Hacendarios, vía moción de ajuste, una vez que el MEP completó la información requerida.
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Del dinero restante, de lo nuevo que Hacienda solicita, ¢2.669 millones serían para el Liceo Rural Santa Rosa de Oreamuno de Cartago y ¢1.533 millones para terminar de construir la Escuela La Hermosa de San José de Pérez Zeledón.
En cuanto a las canchas multiusos, ¢846 millones irían al Colegio Técnico Profesional de Hojancha y ¢987 millones Colegio Técnico Profesional 27 de Abril de Santa Cruz, ambos en Guanacaste; así como ¢760 millones al Colegio Técnico Profesional Santa Lucía en Paraíso de Cartago.
De no concluir lo iniciado, según el ministro de Hacienda, Elian VIllegas, se perdería lo invertido.
Hacienda también solicita a los diputados que le autoricen usar ¢10.547 millones que han estado en la Caja Única del Estado para la fase de cierre del fideicomiso.
Al V presupuesto extraordinario aún le resta superar un día de ajuste en comisión, para que luego sea enviado al plenario para ser discutido en primer debate.