El Gobierno propone encargar la venta del Banco de Costa Rica (BCR) al ministro de Hacienda, en un segundo intento por subastar esta entidad bancaria y sus empresas subsidiarias. La intención es generar recursos para la amortización de la deuda pública.
Un nuevo proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo a los jefes de las bancadas de la Asamblea Legislativa, establece que el Ministerio de Hacienda tendría la rectoría del proceso de subasta como “el órgano máximo de toma de decisiones”. La venta se haría en tres tractos a partir de la creación de una sociedad anónima y de su respectivo capital accionario.
La intención de vender el banco la anunció el mandatario Rodrigo Chaves hace un año, el 16 de agosto. El primer proyecto de ley lo presentó el Gobierno en setiembre del 2022, el cual fue archivado en febrero pasado por el Congreso. Ese plan encargaba el proceso de subasta al Consejo de Gobierno, conformado por el presidente de la República y sus ministros en calidad de junta de accionistas.
El segundo proyecto distribuido a los jefes de fracción dice que Hacienda estará facultado para llevar a cabo los actos y negocios jurídicos necesarios para consumar la venta del banco estatal.
De acuerdo con el texto, estos actos estarían excluidos de las normas de la Ley de Contratación Pública, salvo en el respeto a los principios generales fijados en la Sección II de esta legislación, la cual se refiere a las excepciones para aplicar los procesos ordinarios de contratación.
Este nuevo texto, además de otorgar la rectoría a Hacienda, crearía un comité decisorio integrado por el ministro de Hacienda, el tesorero nacional, el director de Crédito Público de Hacienda y el presidente del Banco Central de Costa Rica.
El tesorero y el director de Crédito Público podrían ser sustituidos por sus subalternos inmediatos (el subtesorero y el subdirector de Crédito), en caso de ausencia, mientras que el jerarca del BCCR podría ser reemplazado por un representante, dice el texto.
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El comité decisorio estaría encargado de evaluar y emitir criterios para llevar a cabo el proceso de venta.
Para vender el BCR, se requiere la autorización de la Asamblea Legislativa con el voto de al menos 38 de 57 diputados, según determinó el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Esto exige un gran poder de negociación al Poder Ejecutivo dado que varias bancadas anunciaron, cuando se presentó la idea, su oposición.
Contratación de firma especializada
La propuesta contempla la contratación de una o varias firmas de asesoría financiera para la estructuración de un modelo de venta, con mecanismos, precios y estrategias que deberán ser ratificados por un comité técnico.
Para escoger la asesoría, el comité técnico presentaría un pliego de condiciones y criterios de selección previamente aprobados por el comité decisorio, los cuales serán publicados en la página web de Hacienda, en un semanario internacional especializado y en otros medios que se estimen convenientes.
El comité técnico analizaría las ofertas y emitiría una recomendación al comité decisorio. De la contratación se encargará el ministro de Hacienda mediante una resolución.
El comité técnico, otro de los órganos en los que se apoyará Hacienda para la venta, estará conformado por cinco personas de reconocida experiencia en materia bancaria, financiera y cualquier actividad relacionada con el giro comercial del BCR.
Los miembros serán designados por acuerdo entre el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central.
Comisión de venta
Con respecto a los honorarios de la asesoría financiera especializada, el texto dice que estos serán determinados de manera razonable, tomando en cuenta la experiencia de la firma asesora y las mejores prácticas internacionales.
Añade que el pago del Estado por la subasta del BCR podría consistir en un monto fijo y un incentivo adicional establecido como un porcentaje del precio de venta.
En cuanto al precio de venta del BCR, las firmas especializadas tendrán un plazo de tres meses, a partir de su contratación, para hacer la valoración, y este tiempo podrá ser prorrogado por una única vez.
A la venta el 100% de las acciones
El proceso de venta se plantea de la siguiente forma: primero, la institución autónoma Banco de Costa Rica deberá transformarse en una sociedad anónima mercantil denominada Banco de Costa Rica Sociedad Anónima (Banco de Costa Rica S. A.).
El capital accionario será equivalente al capital social reflejado en el último estado financiero consolidado auditado, dividido en acciones de ¢1.000 cada una, que quedarán en custodia de la Tesorería Nacional.
El proyecto otorgaría al Ministerio de Hacienda la potestad de promover la venta de la totalidad del capital accionario en un mismo momento, a uno o varios oferentes.
La venta se realizará en tres etapas: en seis meses el 51% de las acciones, en los siguientes tres meses el 25% y, en los tres meses subsiguientes, el 24% restante.
En caso de no vender las acciones de la forma indicada anteriormente, el Ministerio de Hacienda podrá determinar los tiempos y cantidades de lo restante, mediante resolución administrativa.
El texto considera dentro del patrimonio del banco, para la venta, el conjunto de sus activos que incluyen intangibles como patentes y marcas (incluida la marca comercial “Banco de Costa Rica”), derechos de autor y metodologías de negocio, así como bienes, pasivos, contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras.
También se incluye el capital accionario de empresas subsidiarias como BCR Valores Puesto de Bolsa S.A., BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (SAFI), BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. (BCR OPC), BCR Corredora de Seguros S.A., Banprocesa S.R.L., BCR Logística S.A. y la participación accionaria en Banco Internacional de Costa Rica S.A.
Nogui Acosta: ‘Es la venta de un negocio en marcha’
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que el nuevo proyecto de ley simplifica el esquema de venta y no incluye una estimación del costo total del banco. “Es la venta de un negocio en marcha y que busca generar ingresos para el pago de deuda”, dijo.
El anterior texto estimaba un costo total del banco de aproximadamente $1.785 millones (unos ¢964.800 millones según el tipo de cambio oficial del dólar fijado en ¢540,52 para este 1°. de agosto). El nuevo plan no contiene una estimación del costo de venta.
El anterior texto constaba de 39 artículos, incluidas las normas a derogar, y siete normas transitorias; el actual cuenta con 25 artículos y cinco disposiciones transitorias.
Uso y administración de recursos
El 95% de los recursos obtenidos por la venta se destinará exclusivamente para el pago de intereses y amortización de la deuda interna y externa, bajo la gestión del Ministerio de Hacienda.
El 5% restante se utilizará para crear el Fondo de Reservas Sociales, administrado por Hacienda, con el propósito de asignar recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), bajo la modalidad de presupuesto por resultados y programas específicos.
Con esta propuesta, el Gobierno busca, en parte, solventar las cargas parafiscales que el BCR destina anualmente de sus ganancias a estas instituciones, aspecto que había sido cuestionado por los diputados.
El texto anterior autorizaba destinar las acciones residuales que el banco conservara, después de un plazo de dos años del proceso de venta, para el pago del aporte estatal al IVM y permitía a la CCSS comprar acciones para el IVM.
Del mismo modo, el nuevo texto indica que el Banco de Costa Rica S.A. deberá seguir trasladando el 5% de sus ganancias, establecidos por ley, a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), así como todas las obligaciones parafiscales que le corresponden a todo banco privado.
Cuestionamientos al proyecto anterior
La Contraloría y diputados criticaron la propuesta anterior porque permitía al Consejo de Gobierno contratar sin concurso a la persona o firma asesora del proceso de subasta.
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Ese texto proponía que un comité de cinco ministros (Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo) contratara asesoría sin necesidad de recurrir al sistema de compras públicas, optando por realizar entrevistas para seleccionar a los asesores.
El órgano contralor también señaló ausencia de criterios claros para definir el porcentaje de comisión que recibiría la persona encargada de la asesoría por la venta del banco.
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