EscucharEl Banco de Costa Rica (BCR) encara el tercer intento de venta en el transcurso de los últimos 25 años. En las dos primeras oportunidades la iniciativa nunca llegó a la Asamblea Legislativa, a pesar de las intenciones de impulsar la privatización de la entidad durante los gobiernos de José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
El más reciente intento fue anunciado por el presidente Rodrigo Chaves el pasado 16 de agosto. Este miércoles 7 de setiembre, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley en el cual se establecen las bases para el proceso de la venta.
Dicho plan deja en manos del Consejo de Gobierno todo el proceso de venta, desde la contratación de la empresa especializada en hacer la transacción, hasta la subasta final de adjudicación. El Banco Central será el órgano asesor y la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda fiscalizará la transacción.
En todos estos tres episodios, el objetivo desde el Poder Ejecutivo es el mismo: usar los recursos generados por la venta para reducir el endeudamiento del Gobierno. Pero, ¿por qué si el Estado es dueño de dos bancos, el Nacional y el de Costa Rica, es este último el que será privatizado?
“Hay dos particularidades del Banco de Costa Rica por el cual se vuelve un activo más fácil de vender. Primero, por las características de su cartera, porque es más corporativa. Esto es relevante porque es más de empresa y de negocio, y es el espacio donde los bancos podrían tener interés”, dijo Nogui Acosta, ministro de Hacienda, para explicar por qué se eligió el BCR y no el Banco Nacional.
El jerarca destacó que, en contraste, el Nacional es una entidad con un negocio vinculado fuertemente a vivienda lo cual lo hace más difícil de colocar frente a un posible interesado, destacó.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves intentará vender el BCR, Bicsa y 49% del INS para atenuar deuda pública
“Tenemos una evaluación preliminar sobre lo que podríamos recibir y sería alrededor de $2.000 millones, pero dependerá de las condiciones del mercado. Ese monto se aplica a la deuda (del Gobierno Central). Aún estamos en el proceso de cálculos porque la idea es determinar cuánto se ahorra a futuro por una cancelación de bonos”, aseguró Acosta.
La venta del BCR sería un proceso inédito en la historia reciente de Costa Rica pues en casi tres décadas el Estado sacó de sus activos al Banco Anglo (setiembre de 1994), pero por quiebra, y a Bancrédito cuando su operación comercial se volvió inviable (mayo del 2017), lo cual llevó a su cierre.
Para Carlos Fernández, quien fuera gerente del BCR entre julio del 2003 y enero del 2008, la institución está en un buen momento para pensar su privatización dado que aún es un líder en el mercado financiero, pero ha cedido terreno frente a la férrea competencia de los bancos privados.
“Creo que le llegó el momento de la venta porque la rentabilidad ha ido a la baja. Además, porque en participación de mercado ha ido cayendo, en todas las líneas de negocio, excepto en las captaciones en colones porque las instituciones públicas están obligadas por ley a mantener sus depósitos en la banca estatal”, dijo Fernández.
Hasta junio pasado, la entidad contaba con activos totales por ¢7.267.827 millones, de los cuales el 56% es la cartera de crédito con un saldo de ¢4.109.589 millones, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La entidad estatal, fundada en 1890 y cuenta actualmente con 3.987 empleados en las 128 oficinas que tiene en el país.
Para la venta del BCR, el Gobierno debe enviar el proyecto de ley al Congreso y definir la ruta del proceso que aún no está definida. En estas transacciones se acostumbra a contratar a una firma especializada en fusiones y adquisiciones para que establezca el valor de la entidad financiera y consiga a clientes potenciales.
Intentos infructuosos
La primera iniciativa para vender el BCR fue en 1997 y nació a lo interno del banco. La propuesta la impulsó Mario Barrenechea (q. e. p. d.) quien, en ese momento, era el gerente general de la institución.
Fernández recordó que, en ese entonces, se formaron dos equipos de trabajo a nivel gerencial. Uno encargado de mantener el negocio en marcha, en el que estaba; y otro encargado de preparar el proceso de venta.
Junto con Barrenechea se involucraron en el proceso el vicepresidente de la República y coordinador del equipo económico, Rodrigo Oreamuno; así como el entonces ministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez.
En ese momento, la opción que se elaboró fue vender los activos y pasivos del BCR, no así la institución como tal, porque se había determinado la imposibilidad de vender una institución autónoma, dijo Gutiérrez, a La Nación, en ese año.
LEA MÁS: Venta del BCR sin ambiente en el Congreso
El exgerente Carlos Fernández, quien en ese momento era subgerente Financiero, rememoró que el proceso impulsado provocó un ambiente tenso a lo interno del banco y dentro del mismo Gobierno, pues había liberacionistas en contra.
En la Asamblea Legislativa la iniciativa no contaba con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN), pues había legisladores abiertamente opuestos a la venta de activos estatales. La fracción liberacionista era la mayoritaria en ese periodo, pues contaba con 28 de los 57 diputados.
Más adelante, en julio del 2000, durante la Administración de Miguel Ángel Rodríguez, también se planteó la opción de la venta del BCR, pues era uno de los objetivos del plan de gobierno.
Mario Barrenechea, quien seguía al frente de la institución pública, incluso estimó que el banco tenía un valor mínimo de $500 millones. La propuesta contaba con el apoyo de Eduardo Lizano, quien en ese periodo era el presidente del Banco Central, pues la catalogó como una medida de modernización del sistema financiero costarricense.
La propuesta nunca pasó de ideas, durante esos años, de nuevo por el poco ambiente político que existía.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/4TMUHZSZOBE6RLZU5UCV53L6EE.jpg)
El BCR enfrenta la tercera propuesta de venta como opción para disminuir el endeudamiento del Gobierno Central. El nuevo planteamiento, impulsado por la Administración de Rodrigo Chaves, estima ingresos por $2.000 millones. (Rafael Pacheco Granados)
