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El Poder Ejecutivo enviaría mañana a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que permitirá pasar a manos privadas al Banco de Costa Rica (BCR), iniciativa que define el proceso a seguir y que concluirá con el traspaso de la entidad, informó el ministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez.
Ese proceso no incluye la venta del BCR como entidad sino de sus activos y pasivos, dado que no es posible vender una institución autónoma, indicó el Ministro al dar detalles sobre los pasos que se van a seguir en la privatización por primera vez desde que en diciembre pasado se anunció ese traspaso como parte de las medidas para reducir la deuda interna.
Cuando, en una licitación pública, se adjudiquen a un comprador interesado esos activos y pasivos, se incorporan a la sociedad anónima Banco de Costa Rica -creada en ese momento- y así la institución autónoma desaparece.
El BCR es la segunda entidad bancaria, en tamaño, en Costa Rica y en los últimos años ha registrado las mayores utilidades de todo el mercado financiero. Sus activos, conformados por bienes y créditos, sumaban a junio pasado ¢220.629 millones, y todas sus obligaciones ¢198.325 millones. Su patrimonio alcanza los ¢22.303 millones.
Entre otras reglas definidas en el proyecto de ley, se crea un comité directivo integrado por el Primer Vicepresidente de la República, los ministros de Planificación y Hacienda, y el Presidente Ejecutivo del Banco Central.
También se crearía, de ser aprobada la iniciativa en el plenario legislativo, una unidad de implementación del proceso de venta, integrada por funcionarios técnicos.
Otra instancia que se crea es una comisión fiscalizadora que deberá verificar si la transacción se efectúa adecuadamente, sin que se favorezca ilegítimamente a alguien.
Este último grupo sería similar al que se estableció para la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), en el cual se designó a personas vinculadas a los dos partidos políticos mayoritarios.
También se contratará a un grupo asesor financiero que conduciría la venta y que hará un avalúo del BCR.
Dado que se trata de un banco público, el plan contempla, además, una garantía del Estado para quienes tengan sus recursos en el Banco. Así, por ejemplo, para Certificados de Depósito a Plazo (CDP) que venzan después de la venta se establece esa garantía estatal hasta dos meses después de vencido el título.
"Esto es para que la gente no tenga temor en el proceso de venta", aseguró Gutiérrez. El proyecto también contempla vender un 5 por ciento de las acciones a los empleados del Banco a un precio preferencial.
A la Asamblea
Hoy, en Casa Presidencial, se tomará la decisión final de si se envía el plan de ley de venta de los activos y pasivos del BCR a la Asamblea Legislativa.
Aunque la intención era también enviar antes del 31 de agosto -en sesiones extraordinarias- la iniciativa que abre el mercado de los seguros y permite la venta del 40 por ciento del Instituto Nacional de Seguros (INS), todavía no está concluida, por lo que - según Gutiérrez- no se enviará hasta setiembre.
El plan de traspaso del BCR, aunque estaba listo desde hace días, no se había remitido al Congreso a la espera de que se tramitaran en el plenario otros dos proyectos de ley que forman parte del plan para reducir la deuda interna del Gobierno.
Sin embargo, solo el que fija el pago de impuesto sobre la renta a algunas instituciones públicas recibió aprobación la semana pasada, y el otro, tendiente a condonar parte de las deudas de dependencias estatales con el Gobierno, se discutió ayer en el plenario pero no fue aprobado.
El futuro de la iniciativa del BCR es incierto. Por una parte, la Unión de Empleados de dicha entidad planteará a los diputados la inconveniencia para el país de dicha venta, aseguró su secretario general, Jorge Mario González.
Si bien dijo que no conoce el contenido del plan ha tenido referencias sobre él y opinó que está lleno de inconsistencias. Por una parte, dijo, la deuda interna no se soluciona con la privatización del BCR y, por otra, tendría consecuencias para el mercado financiero nacional "más fuertes que por el cierre del Anglo", indicó.
Además, los jefes de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), José Antonio Lobo y Francisco Antonio Pacheco, respectivamente, mostraron sus reservas sobre el trámite legislativo del proyecto.
Indicaron -al ser consultados por separado- que ni formal ni informalmente se ha discutido sobre el éxito del proyecto en la respectiva fracción y que dudan de que pueda tener un trámite expedito.
Lobo mencionó que setiembre se consumirá en el debate del Presupuesto de la República para 1998 y que, por lo complejo del tema, se debe escuchar el criterio de sindicatos, empresarios y otros sectores. "Es muy ajustado el tiempo que queda", dijo.
Pacheco también consideró que es una iniciativa muy controversial y, por tanto, no se puede vislumbrar qué suerte correrá en la Asamblea. Señaló que la fracción no conoce detalle del plan, ni sabe si el Poder Ejecutivo pretende hacer una presentación sobre él a la bancada liberacionista.
