El Gobierno convocó los proyectos de regulación de plataformas de transporte y de cierre de regímenes de pensiones de lujo para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativas del mes de agosto.
Mediante un decreto emitido esta tarde, Casa Presidencial amplió la lista de proyectos convocados para este nuevo mes, en el que el Poder Ejecutivo domina la agenda del Congreso.
El decreto suma 34 proyectos a los 27 que fueron acordados entre el Gobierno y seis partidos políticos el miércoles pasado.
Dentro de la nueva convocatoria, se encuentra el expediente 21.587, el cual pretende regular la operación de las plataformas como Uber o DiDi.
Este plan, por ejemplo, les impediría a los choferes de estas plataformas trabajar más de 12 horas diarias. Además, les exigiría pagar un derecho de operación anual de ¢90.000.
La convocatoria también incluye el expediente 21.345, un proyecto de ley que le cerraría la puerta a nuevos pensionados de lujo.
La idea es trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios públicos que hoy tienen la posibilidad de pensionarse mediante algún sistema jubilatorio con cargo al Presupuesto Nacional, los cuales ofrecen ventajas económicas que terminan pagándose con impuestos.
La iniciativa, llamada Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345), propone cerrar en definitiva la entrada de más personas a los regímenes de Gobierno que hoy le cuestan al país más de ¢700.000 millones anuales.
Por otra parte, el decreto incorpora el proyecto de creación de la Agencia Espacial Costarricense y planes para regular la pesca atunera y el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
En cuanto a la pandemia, se incorpora una reforma al Código de Trabajo para incorporar la incapacidad por riesgo epidemiológico y la entrega del Fondo de Garantía a notarios afectados por crisis económica.
Asimismo, fueron convocados planes para atender a arrendatarios y arrendadores en el marco de la pandemia y para regular los salarios de las altas jerarquías de las instituciones públicas en regímenes de competencia.