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El Gobierno convocó un proyecto de ley que atenta contra las finanzas del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y lo distrae de sus funciones legales, de acuerdo con criterios de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
A su vez, este martes, con 51 votos a favor, los diputados aprobaron una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) para devolver el texto a una comisión dictaminadora, a fin de que rinda un nuevo informe en un plazo de un mes.
El diputado del PLN, Óscar Izquierdo, aseguró que hay interés en revisar la propuesta de ley para analizar las observaciones de los criterios. “Así como está, no nos parece conveniente”, afirmó, sin detallar los aspectos que podrían enmendar.
Este plan del PLN permitiría al Infocoop prestar (en usufructo) o alquilar a cooperativas las propiedades que se adjudicó por ser las garantías de créditos no pagados, en vez de rematarlas para recuperar el dinero no pagado. Además, habilitaría “ofrecerle” las propiedades agrícolas al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
La semana anterior, el Infocoop confirmó que dos de sus propiedadaes adjudicadas son explotadas por los deudores morosos, bajo el alegato que existen procesos judiciales de por medio, aunque las fincas ya están a nombre de la entidad estatal. Se trata del Hotel del Sur, propiedad de ¢2.000 millones en Pérez Zeledón, y un beneficio y bodegas de Coocafé en Heredia, propiedad de ¢850 millones.
Coocafé es un grupo de cooperativos vinculado a uno de los directivos del Instituto de Fomento Cooperativo: el excandidato presidencial y organizador de bloqueos viales, Óscar Campos.
El Infocoop es una entidad que, con fondos públicos provenientes de los bancos estatales, otorga créditos en condiciones ventajosas a las cooperativas, pero de su cartera crediticia de ¢135.000 millones, un total de ¢30.000 millones (22%) están en cobro judicial por problemas de pago. Actualmente, el Instituto tiene más de 120 propiedades adjudicadas operaciones no saldadas.
El pasado 9 de junio, los cooperativistas, incluido el director del Infocoop, Alejandro Ortega, y el asesor legal, Mauricio Pazos, pidieron respaldo en Casa Presidencial, en una reunión que sostuvieron con el vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
La propuesta, que quedó dictaminada en el Congreso anterior, fue retomada por la administración de Rodrigo Chaves.
La ministra de Trabajo y presidenta del Infocoop, Marta Esquivel, aseguró a La Nación, días atrás, que en sus planes no está el alejar al Instituto de las funciones que tiene asignadas actualmente por ley.
Alertas
La propuesta, del Partido Liberación Nacional (PLN), es objetada por la CGR y la PGR, entidades que emitieron criterios con claras advertencias sobre la inconveniencia de la propuesta.
“El proyecto de ley desnaturalizaría la función y finalidades de aquella institución. Al respecto, se debe indicar, en primer lugar, que el leasing y el arrendamiento son figuras comerciales que buscan generar una renta con utilidad al propietario, por lo cual, se comprende que son actividades lucrativas que, en principio, resultan incongruentes con la función de fomento que es esencial al Infocoop”, señaló la PGR, en diciembre del 2021.
La misma propuesta de ley alega en sus motivos la alta morosidad que acompaña a la entidad y la gran cantidad de propiedades que ha tenido que adjudicarse por falta de pago de las cooperativas. Se trata de al menos 124 fincas que le han generado al Instituto gastos de mantenimiento y seguridad por ¢1.000 millones, dice el plan. Precisamente, por eso, para la Contraloría el proyecto representa un contrasentido, porque implica “grandes riesgos financieros” al usar figuras que ni tan siquiera considera posibles.
La CGR expuso que el hecho de que el Infocoop esté rezagado en las necesidades que requiere una institución financiera no da pie para habilitarle distintos tipos de contratos con cooperativas en la disposición de las garantías adjudicadas, lo cual no solo resulta ajeno a sus funciones como entidad financiera, sino además a su finalidad como colaborador del sector cooperativo.
“Este tipo de acciones, de funciones ajenas, implica grandes riesgos financieros que además resultan complejas tanto en su diseño como implementación”, agrega el oficio DFOE-GOB-0117 de marzo del 2022. Solo en 2021, el Infocoop manejó ingresos por ¢27.000 millones, entre ellos, transferencia de recursos que recibe por concepto del 10% de utilidades del Sistema Bancario Nacional. El mismo Infocoop admite que parte importante de sus ingresos en 2021 es “recuperación de garantía de créditos que las cooperativas no honraron”.
Inconstitucional
Además de su inconveniencia, la Procuraduría destacó que una de las concesiones que se da al Infocoop en este proyecto de ley, como lo es la posibilidad de venta directa de esas propiedades, resulta inconstitucional porque existen normas en la administración pública como los remates o licitaciones que riñen con esa disposición que se pretende incluir.
Las entidades consultadas por los diputados no incluyeron en sus observaciones uno de los cambios que se incluyó en medio del trámite legislativo y es la posibilidad de ofrecer estas propiedades, sin especificar los términos de ofrecimiento, al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
