El Gobierno convocó, la tarde del miércoles, a un “acto solemne” para presentar los acuerdos de la mesa de diálogo multisectorial culminada hace casi dos semanas, la cual se quedó corta frente al tamaño de la crisis fiscal.
Este foro no logró proponer un ajuste de ingresos y gastos para disminuir el déficit primario del Gobierno en una cifra equivalente al 2,5% del producto interno bruto (PIB), como se había propuesto desde el principio.
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Desde inicios de esta semana, Zapote divulgó entre los diputados una invitación en digital para que asistieran al Auditorio Nacional del Museo de Los Niños, en San José, a las 5 p. m. de este miércoles 2 de diciembre.
La invitación divulgada por Zapote era escueta. Solo detallaba el objetivo de la convocatoria, la fecha, hora y lugar de la “solemne” actividad.
Frente a un déficit fiscal del 9,3% del PIB, una deuda pública que supera el 70% del PIB y un desempleo del 22%, la mesa de diálogo asegura haber tomado medidas para reducir el déficit primario en un 2,2% del PIB.
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Sin embargo, esa cifra es la suma de medidas que ya existían o que ya estaban en marcha en la Asamblea Legislativa, sin entrar en reformas estructurales del Estado.
Tal es el caso del proyecto Hacienda Digital, que consiste en un préstamo ya aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Carlos Alvarado, incluso antes de terminar el diálogo, para modernizar los sistemas tecnológicos de cobro de impuestos.
Inicialmente, la mesa de diálogo estimó que el préstamo generará anualmente el equivalente a un 0,25% del PIB a partir del 2023, pero, a última hora, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que una revisión duplicó la proyección de la recaudación al 0,50% del PIB.
La mesa de diálogo también incluyó, de última hora, un ahorro del 0,20% del PIB por el canje de deuda cara por otra barata, pero esta es una mera expectativa que depende de los intereses que cobren los mercados locales o internacionales, los cuales se basan en su percepción de confianza sobre el Gobierno de Costa Rica.
Además, los diputados de oposición se muestran reticentes a aprobar más créditos externos de apoyo presupuestario, que son baratos, si el Gobierno mantiene la duda de abrir una negociación de un plan de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno también incluyó un ahorro por una reducción en la deuda política que financiará las campañas del 2022 y 2024.
Si bien esa medida ya estaba en camino en la Asamblea Legislativa, apenas generará un ahorro de alrededor de un 0,10% del PIB en un plazo de cuatro años.
La mesa acordó, también, incluir en la contabilidad dos recortes al presupuesto nacional.
El primero, de ¢150.000 millones para el 2021, en realidad fue forzado por los partidos de oposición, luego de que el partido de Gobierno, el PAC, se opusiera a ellos.
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Otro recorte de ¢170.000 sería para el plan de gastos del 2022, ajuste que le correspondería implementar al nuevo Gobierno.
Asimismo, la mesa de diálogo acordó impulsar la unificación de las compras públicas en un solo sistema digital, estimando un ahorro del 0,10% del PIB a partir del 2021.
No obstante, ya existe una ley que obliga a unificar las compras públicas en el Sistema Integral de Compras Públicas (Sicop) y otro proyecto de ley, con el mismo objetivo, está a punto de aprobarse en primer debate, aunque el Gobierno decidió dejarlo por fuera de las primeras dos convocatorias del periodo de sesiones extraordinarios que se iniciaron este 1° de diciembre.
Otro ahorro equivalente a un 0,20% del PIB provendría de un mecanismo de emisión de deuda conocido como “bonos de deuda cero cupón”, a partir del 2022.
No obstante, este es un sistema en el que el Gobierno se compromete a pagar a los acreedores una amplia ganancia por préstamos de dinero al final del plazo de cada bono, mediante mecanismos de descuento.
En cuanto a nuevos ingresos, se incluyeron dos reformas. Una para cobrar un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ¢225.000 millones, que generaría un 0,12% del PIB a partir del 2021.
La otra es introducir el mecanismo de renta global a partir del 2023 en el cobro de impuesto de renta, para generar un 0,10% del PIB.
Ante esos resultados, la firma internacional de servicios financieros, Stifel, alertó a sus inversionistas de que la perspectiva sobre las finanzas públicas costarricenses se mantiene crítica.
Ese diálogo, dijo, resultó “puramente simbólico” y no aportó medidas estructurales.
“Medidas con potencial recaudatorio, como la eliminación de exoneraciones fiscales a maestros, zonas francas y cooperativas, fueron rápidamente descartadas. Sin que el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mencionara en ningún momento, este diálogo fue puramente simbólico e impulsado por una administración presionada para evitar más demostraciones en las calles”, reseñó Stifel.
La firma puntualizó que el impacto de las acciones propuestas para 2021, 2022 y 2023, en conjunto se estima en 1,67%, 0,87% y 0,6% del producto interno bruto (PIB).
Medidas temporales
Adicional a ello, el Gobierno y los sectores acordaron tres medidas de ingresos que serían aplicadas por una única vez, para este y el próximo año. Estas darían darían un rendimiento adicional del 0,96% del PIB, unos ¢324.000 millones.
Las tres medidas temporales de ingresos son las siguientes:
- Proyecto Pagar. El Gobierno prevé obtener ingresos por ¢90.000 millones para destinarlos a la deuda pública, similares al 0,26% del PIB, por el uso de superávits de las instituciones.
Sin embargo, en el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa fue por ¢99.000 millones, de los cuales ¢50.000 millones servirían para cubrir el hueco generado por la reducción en el monto del marchamo y ¢49.000 millones al pago de deuda pública.
- Venta de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) al Banco Popular.
Con ello, asegura el Gobierno, se generaría un monto equivalente al 0,5% del PIB, es decir, cerca de ¢175.000 millones. Conape dijo la semana anterior que esa decisión provocaría una reducción del 55% en el otorgamiento de préstamos para el 2021.
La caída de ingresos de ese año para la institución sería de ¢16.000 millones debido a que el 57% de los ingresos de Conape, provienen del cobro de intereses por los préstamos otorgados en el pasado a quienes se beneficiaron de un préstamo para cursar estudios superiores.
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- Venta de lotes ociosos del Estado. El ingreso sería del 0,20% del PIB, unos ¢70.000 millones.
A la fecha, no existe un inventario sobre esas propiedades ni está clara la posibilidad de vender cada una.
En el Congreso ya existe un proyecto del fabricista Jonathan Prendas, que ordena a las instituciones hacer un inventario de propiedades ociosas, pasarlas a Hacienda y que esta cartera haga una subasta de ellas para, luego, destinar los ingresos al pago de la deuda pública.