EscucharEl Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), adjudicó contratos por ¢70.000 millones en un periodo de 19 meses, comprendido entre 2023 y 2024, sin que los concursos fueran sometidos a los controles previos de la Contraloría General de la República (CGR). Para ello, se valió de procedimientos excepcionales permitidos por la Ley General de Contratación Pública (LGCP).
En estos casos, las empresas proveedoras no tienen la posibilidad de apelar las condiciones de los concursos ni las adjudicaciones ante la Contraloría, en su rol de órgano fiscalizador.
La CNE, como órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, registró contrataciones por casi ¢46.000 millones solo durante los primeros siete meses de 2024, utilizando el régimen de excepción de emergencias, una figura exclusiva de la Comisión.
Este es el tipo de proceso que se utilizó para asignar a Constructora MECO un contrato por ¢21.889 millones para la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. Según el presidente Rodrigo Chaves, este contrato se hizo “como traje a la medida” de la constructora porque, añadió, el concurso habría incluido un requisito que solo un oferente podía cumplir. El competidor, Consorcio Pedregal, que ofertó por ¢1.000 millones menos, no pudo apelar la adjudicación ante la Contraloría General de la República.
La contratación de MECO representa el 48% de la totalidad de los recursos adjudicados en lo que va del año. Además, es la mayor de todas las adjudicaciones realizadas por la CNE en este gobierno. Los cuestionamientos en torno a esta asignación motivaron el despido del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el 12 de marzo.
De los 146 procedimientos de compra adjudicados por la Comisión en 2024, 132 se realizaron mediante el régimen de excepción, según los registros del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República (CGR). En tanto, en 2023, la CNE asignó contratos a través de 246 procedimientos por un monto total de ¢24.526 millones.
Después de la pista de Liberia, los mayores contratos por régimen de excepción corresponden a obras amparadas en una emergencia ocurrida hace siete años, en el 2017: la tormenta tropical Nate. Entre los proyectos se incluyeron, por ejemplo, la reconstrucción del colegio indígena Yimba Cajc, en Rey Curré de Buenos Aires de Puntarenas, y las obras de estabilización en la urbanización Valladolid en San Miguel de Desamparados.
Si bien el decreto por este fenómeno lo emitió originalmente el expresidente Luis Guillermo Solís el 5 octubre del 2017, la declaratoria fue prorrogada por el actual mandatario, Rodrigo Chaves, mediante otro decreto promulgado el 21 de abril del 2023. Los efectos de la extensión finalizaron el 2 de febrero del 2024. Así, el gobierno contrató obras por excepción con base en los efectos de la tormenta Nate.
Entre las cinco contrataciones más costosas de 2023, la única que no corresponde a infraestructura pública fue otorgada al Consorcio Datasys-Vinet. La CNE adquirió licencias informáticas por ¢1.437 millones para enfrentar el ataque cibernético que afectó a diversas instituciones del sector público a mediados de abril de 2022.
Debido a los ciberataques, el gobierno del presidente Chaves emitió una declaratoria de emergencia para todo el sector público el 8 de mayo del 2022.
La Nación envió consultas a la CNE, desde el pasado 1 de agosto, sobre el uso del régimen de excepción, sin que se obtuviera respuesta al cierre de esta información.
¿En qué consiste el régimen de excepción de la CNE?
El régimen de excepción que emplea la CNE está respaldado por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. El artículo 30 de esta ley establece que dicho procedimiento especial puede aplicarse siempre que exista una declaratoria de emergencia, la cual debe hacer, por decreto, el gobernante de turno.
La asignación del contrato para los trabajos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber se realizó al amparo de la declaratoria de emergencia por la tormenta tropical Bonnie, emitida el 12 de junio de 2022. Inicialmente, el documento incorporaba 12 cantones y cuatro distritos afectados, excluyendo a Liberia, ya que no se registraron daños importantes por los vientos, lluvias o inundaciones del fenómeno.
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No obstante, un año después, en junio de 2023, Chaves y la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, decretaron la introducción de la reparación en el aeropuerto de Liberia. Esto ocurrió tres meses después de que caducara el plazo definido por la CNE para incluir otras obras, siempre que hubiera un “nexo de causalidad” con la tormenta tropical. Ese plazo venció en marzo de 2023.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la contratación de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje fue publicada el 11 de octubre de 2023 y adjudicada a MECO el 11 de enero de 2024. La obra, iniciada en marzo, continúa en proceso.
En respuesta a la redacción original del decreto ejecutivo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó, en setiembre del 2022, el Plan General de Emergencia, en el cual se contemplaron obras y servicios para atender los destrozos causados por Bonnie. En ese documento, el único requerimiento para Liberia fue el alquiler de maquinaria para extracción de material en un tajo.
El artículo 32 de la ley condiciona la aplicación del régimen de excepción a que los proyectos y las obras estén incorporadas al Plan General de la Emergencia.
Asimismo, el numeral 30 establece que, para que la CNE pueda utilizar los procedimientos de excepción, debe “existir un nexo de causalidad entre el hecho productor de la emergencia y las obras, los bienes y servicios que se pretenda contratar, de manera que las actividades ordinarias de prevención y las administrativas de la Comisión y de las demás instituciones del Estado, no podrán llevarse a cabo bajo este régimen de excepción”.
El 14 de marzo, la Fiscalía General de la República confirmó que investiga al presidente Rodrigo Chaves por incluir la reparación de la pista de aterrizaje en el decreto de emergencia para atender las afectaciones de la tormenta tropical Bonnie, ocurrida en julio de 2022. En la causa judicial, también figuran Natalia Díaz Quintana; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo; y el exministro Luis Amador Jiménez.
Un informe firmado por siete funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, de la Dirección General de Aviación Civil, advirtió a las autoridades de gobierno de la ilegalidad de reparar la pista de aterrizaje a través de un decreto de emergencia.
