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La regla fiscal que el Gobierno creó en marzo del 2015 para limitar el crecimiento del gasto en el presupuesto 2016 quedó en nada, menos de un año después.
El 27 de marzo del 2015 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto N.° 38915-H, donde se enumeraban las directrices presupuestarias para las entidades públicas en el 2016.
Una de esas instrucciones, incluida en el artículo 7 del decreto, condicionaba la ampliación del gasto presupuestario máximo en el 2016 a que la entidad que solicitara el crecimiento de su presupuesto probara “siempre y cuando” la obtención de ingresos adicionales a los incorporados en el presupuesto.
Para las empresas públicas, la ampliación de gasto se sujetaba a que presentaran estudios de ingresos y gastos que reflejaran su “sostenibilidad, solidez y solvencia financiera”.
Sin embargo, nueve meses después, en diciembre pasado, el presidente Luis Guillermo Solís firmó el acta de la sesión del Consejo de Gobierno donde se tomó el acuerdo de eliminar la regla fiscal que contendría el gasto del sector público este año.
Uno de los argumentos del acuerdo es que se reformaría el decreto para “agilizar la gestión de las entidades”, y para “ colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.
Sin restricción. La reforma a la directriz que permitía al Gobierno sujetar las riendas del gasto se publicó en La Gaceta el 15 de enero, cuando apenas se empezaba a ejecutar el actual presupuesto.
Dicho cambio eliminó la obligatoriedad de que las entidades acreditaran, ante la Autoridad Presupuestaria, ingresos adicionales antes de pedir que se les quitara el tope al gasto.
En su lugar, Hacienda y la Casa Presidencial sujetaron la petición de aumento presupuestario a que fueran casos debidamente justificados y para financiar “gastos ineludibles” y “programas prioritarios” para el país.
La flexibilización del gasto también coincidió con la decisión del presidente Solís de enfocarse en el 2016 en llamar a los diputados a aprobar un plan fiscal que aumentaría en ¢600.000 millones anuales la recaudación.
La intención es disminuir en un 2% del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal, indicador que cerró, en el 2015, en un 5,9% de la producción para el Gobierno Central, y en un 5,6% para el sector público global.
Entre otros ejemplos, con base en los cambios a la directriz presupuestaria, en marzo pasado se incrementó el tope de gasto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en ¢2.237 millones, para financiar el proyecto Prevención de Accidentes de Tránsito Fatales en las Rutas de la Muerte.
En ese mes se decretó aumentar en ¢3.980 millones el presupuesto del Cuerpo de Bomberos.
En febrero, el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, pidió acrecentar su presupuesto en ¢36 millones para financiar el denominado Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro.
Para el exministro de Hacienda Édgar Ayales (2012-2014), al eliminar la regla fiscal, el Gobierno echó por tierra cualquier esfuerzo de contención del gasto.
Entre el 2015 y el 2016, el presupuesto creció en un 2,8%.
“Lo que hicieron fue eliminar su propia regla fiscal al no poder cumplirla, y una regla fiscal es válida en tanto el Gobierno esté absolutamente comprometido a respetarla. Si no, es irrelevante”, lamentó el exjerarca.
Durante los dos primeros años del actual Gobierno, el gasto público se incrementó en ¢1 billón, según reconoció Hacienda a La Nación hace un mes.
Por escrito y vía telefónica, se solicitó una explicación de esa cartera sobre la eliminación del tope del gasto para el 2016, pero no se obtuvo respuesta alguna.
Molestia. La alianza de siete fracciones de oposición sí reaccionó en el Parlamento.
El liberacionista Antonio Álvarez, presidente del Directorio legislativo, consideró que el Ejecutivo abrió la llave del gasto.
“Se confirma que el Gobierno ha actuado con improvisación al no evaluar el alcance de medidas que, cuando pone en práctica, ve que no le son funcionales”, dijo.
Su copartidario, el legislador Rolando González, fue más duro en su juicio.
“Es una aberración que se establezca una regla efectiva para contener el gasto y se revoque sin justificación”, subrayó.
Para Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), la eliminación de la regla presupuestaria evidencia los temores sobre el descontrol del gasto en este gobierno.
En esto coincidió el libertario Otto Guevara. “El cambio no fue socializado. Debimos ser enterados por el Gobierno. Ahora queda debilitada la confianza mutua”, agregó el libertario.
El 9 de mayo, Hacienda presentó un plan de ley para crear una regla fiscal; empero, Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), cree que lo actuado por el Ejecutivo deslegitima su iniciativa.
“Si el Gobierno modifica una regla fiscal tan simple y no se lo cuenta al país, ¿cómo va a legitimar la regla fiscal que impulsa en un proyecto de ley como señal para pedir más impuestos?”, cuestionó el diputado oficialista.
