EscucharLa Cámara de Empresarios del Combustible se pronunció este lunes en contra del plan del Gobierno de reducir temporalmente, en un 25%, el margen de ganancia que cobran las gasolineras y empresas dedicadas al transporte hidrocarburos. Para el sector, sería un “golpe fulminante”.
La medida fue planteada por el presidente Carlos Alvarado para atenuar el aumento en los precios de las gasolinas producto de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania.
José Miguel Masís, director ejecutivo de la cámara empresarial, alegó que ese ajuste impactaría muy poco las tarifas de los combustibles, pero ocasionaría profundas crisis financieras en las estaciones de servicio que, según dijo, apenas se recuperan de los efectos de la pandemia de coronavirus.
“Estamos hablando de que la propuesta entre estaciones de servicio y transporte, que somos dos operadores totalmente distintos, la reducción en el precio rondaría cuando mucho los ¢17 por litro. En el caso de la propuesta sobre Recope, representaría una disminución de cerca de ¢3.
“O sea, que el esfuerzo que estamos haciendo sería para un máximo de ¢20, pero eso sería un golpe fulminante para muchas estaciones de servicio que no han logrado recuperar su economía después de la situación de pandemia y bajo consumo.
“Aunado al castigo por este porcentaje, igualmente existe una disminución en el consumo en las estaciones de servicio que, obviamente, todo junto, representaría una pérdida sustancial”, manifestó el directivo de la Cámara de Empresarios del Combustible.
Debido al aumento en los precios de los combustibles en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo presentó medidas adicionales al congelamiento del impuesto único. Una de ellas es la reducción del margen que perciben las estaciones de servicio y los transportistas del combustible por su actividad económica.
La cámara de empresarios abogó por una reducción definitiva en el impuesto único a los combustibles, componente que, según la organización, es el que dispara el costo de las tarifas.
Entretanto, el presidente Alvarado aseguró, la semana pasada, que el Gobierno solo implementará medidas que no comprometan las finanzas públicas ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Sobre la medida propuesta por el mandatario a los diputados, el directivo de los empresarios del combustible manifestó: “Yo tengo la ligera impresión de que el presidente piensa que las estaciones de servicio tienen un porcentaje con respecto al precio, pero no podría estar más alejado de la realidad esa percepción. Es un monto fijo”, afirmó Masís.
El margen de las estaciones de servicio y de los tanques transportistas representa ¢71,1 por litro de combustible. Actualmente, la súper vale ¢822 por litro, la plus ¢804 y el diésel, ¢724.
La estructura tarifaria de los combustibles en Costa Rica está compuesta por cinco factores: precio internacional, impuesto único, flete y margen de las estaciones de servicio, margen de operación de Recope, subsidios y canon.
“La reducción del 25% supera al porcentaje que tienen las estaciones de servicio para el pago de planillas. Si avanza, esta propuesta estaría atentando contra el empleo en las estaciones de servicio. Un 16% del margen de comercialización se dedica al pago de planillas y cargas sociales”, alegó el directivo.
Dentro del paquete de medidas que el Poder Ejecutivo les presentó a los diputados este lunes, se encuentra la posibilidad de que los autobuseros, taxistas y propietarios de transporte de carga y actividades agrícolas, puedan descontar del impuesto de la renta un monto por cada litro de combustible.
Se trata de un crédito fiscal que permite deducir de ese tributo ¢78,15 por cada litro de gasolina regular comprado, ¢78,15 por litro de gasolina súper y ¢92,40 por litro de diésel.
Estos sectores deberán llevar un registro de las compras de combustibles y contar con las facturas electrónicas. Si los créditos fiscales generaran un saldo a favor del contribuyente en el tributo de renta, este no podrá ser objeto de compensación ni dará derecho a devolución alguna, expuso la Presidencia de la República.
La otra medida planteada por el Gobierno es una reducción de costos de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), los cuales son incluidos en las tarifas de los combustibles. Se reduciría el margen operativo de Recope por medio de una disminución del 80% del monto correspondiente a “rédito para el desarrollo”, es decir, los recursos que se utilizan para reinvertir en el negocio.
