El Gobierno les planteó a los diputados este lunes un conjunto de medidas para atenuar el incremento en los precios de la gasolina y el diésel provocados por la guerra en Ucrania.
La primera consiste en un descuento en el impuesto de renta, por cada litro de combustible consumido, para los operadores de buses, taxis, transporte de carga y actividades agrícolas.
El crédito fiscal consistiría en deducir del impuesto ¢78,15 por cada litro de gasolina regular comprado, ¢78,15 por litro de gasolina súper y ¢92,40 por litro de diésel.
Actualmente, la súper vale ¢822 por litro, la plus ¢804 y el diésel, ¢724.
Estos sectores deberán llevar un registro de las compras de combustibles y contar con las facturas electrónicas. Si los créditos fiscales generaran un saldo a favor del contribuyente en el tributo de renta, este no podrá ser objeto de compensación ni dará derecho a devolución alguna, expuso la Presidencia de la República.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que la idea es que los transportistas y agricultores puedan aplicar la deducción en los pagos trimestrales del impuesto de renta.
“Ellos pagarían el combustible y, cuando van a pagar el parcial de renta, hacen la deducción que corresponde por la cantidad de litros que han consumido; entonces, lo aplican directamente.
“Un ejemplo es una empresa que consuma diésel; el crédito fiscal es de ¢92,40 por litro. Si consume 10.000 litros en un mes, entonces ahí esa empresa tiene un crédito de ¢920.000. Entonces, si esa empresa tiene que pagar un adelanto de renta de ¢3 millones, puede quitarle los ¢920.000 y paga ¢2,08 millones”, explicó el ministro.
En cuanto a la afectación fiscal, Elian Villegas dijo que eso dependerá de cuántas personas y empresas se formalicen con este sistema. “Inicialmente, la estimación es que puede andar entre ¢50.000 millones y ¢70.000 millones. Ahora, igualmente, va a depender de qué tan larga va a ser la afectación. Aquí estamos hablando de tres meses y, luego, tres meses más. Si la situación se normalizara en los primeros tres meses, evidentemente estamos hablando de menos dinero. Todo va a depender de qué tan largo se haga.
“Esto termina siendo un crédito fiscal. Entonces, es un impuesto de la renta que no ingresa. Evidentemente va a ser un faltante importante para efectos de la consolidación fiscal, pero es parte de los sacrificios que hay que hacer en momentos como este”, comentó el jerarca.
Este lunes, el Consejo de Transporte Público (CTP) aseguró que el último incremento solicitado en los precios de los combustibles podría ocasionar la paralización de servicios en ese sector. El viernes, Recope solicitó un alza de ¢87 para el litro de la gasolina súper, de ¢85 para el de gasolina regular y de ¢121 para el de diésel.
LEA MÁS: Aumento en combustibles paralizaría transporte público y economía, advierte CTP
La segunda medida planteada por el Gobierno es una reducción de costos de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), los cuales son incluidos en las tarifas de los combustibles. Se reduciría el margen operativo de Recope por medio de una disminución del 80% del monto correspondiente a “rédito para el desarrollo”, es decir, los recursos que se utilizan para reinvertir en el negocio.
La tercera medida es reducir en un 25% el margen de ganancias de los sectores que se dedican a la venta y transporte de combustibles, monto que también se incluye en los precios de los combustibles. Esta acción tendría un efecto sobre el margen de las gasolineras.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que las medidas serían temporales, en caso de que la aprueben los diputados. “Va a estar en función de la duración de la crisis bélica (en Ucrania). Se plantean tres meses y una extensión por otros tres meses más”, indicó.
A la vez, la Presidencia reiteró su apoyo al plan para congelar el impuesto único a los combustibles por un año.
Tres proyectos de ley complementarios
Asimismo, el Poder Ejecutivo solicitó, además, la aprobación de tres proyecto de ley complementarios:
-Expediente 22.027 para la eliminación del aporte de Recope al fondo de ahorro y garantía de los trabajadores con el fin de reducir costos administrativos y que esto contribuyan al control del precio de los hidrocarburos.
-El expediente 22.830, para la aprobación del préstamo para Políticas de desarrollo para la gestión fiscal y descarbonización entre la Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
-El 22.831, para la aprobación de un préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Según Alvarado, estos dos créditos permitirían aliviar la presión del tipo de cambio con respecto al dólar.
El plan fue presentado por el Gobierno este lunes a las jefaturas de fracción.
