EscucharLa más reciente encuesta del CIEP reveló que existe una fuerte oposición de la población a reducir controles sobre las decisiones del presidente de la República de turno.
Con motivo de la propuesta de referéndum sobre la denominada “ley jaguar”, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), consultó a los encuestados si estaban de acuerdo con eliminar o disminuir controles sobre las acciones de los mandatarios. Un 49% se pronunció en desacuerdo, mientras que un 38% estuvo de acuerdo y un 13% externó una opinión neutra.
El CIEP destacó que, aun en condiciones de un alto respaldo hacia la labor del presidente Rodrigo Chaves, la iniciativa de liberar a los mandatarios de controles “no es respaldada por la mayoría de la población”.
“Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad en apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, explica el estudio.
El Centro agrega que, mediante la “ley jaguar”, el gobierno buscaba mantener la iniciativa política y relanzar la segunda mitad de su mandato, pero esto no se tradujo en un aumento de la aprobación al presidente, la cual se mantuvo en un 54% entre abril y setiembre.
A principios de junio, Chaves propuso llevar a referéndum un proyecto de ley para eliminar los controles de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las contrataciones públicas y el uso de los fondos estatales. Según el órgano fiscalizador, dicho plan llegaría al grado de permitir contrataciones a dedo.
Una primera versión del proyecto fue declarada inconstitucional por la Sala IV, debido a la eliminación de las facultades de control de la Contraloría.
El Poder Ejecutivo presentó una segunda versión, la cual también fue enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a consulta constitucional. A esa consulta se le sumó otra planteada por la Contraloría, que fue acogida a finales de agosto pasado. Ambas gestiones fueron unificadas en un solo expediente y están bajo estudio de los magistrados.
La Contraloría solicitó a la Sala IV declarar inconstitucional la propuesta del gobierno al considerar que esta promovería la corrupción y la desviación de poder, además de que suprimiría competencias constitucionales de control sobre los fondos públicos.
