La Sala IV aceptó la consulta de constitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la segunda versión de la “ley jaguar” del gobierno. Este viernes, el Tribunal Constitucional dio a conocer que acumuló, en un solo expediente, la gestión de la CGR junto con la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La Contraloría pidió declarar inconstitucional el proyecto de ley 24.467 al considerar que permitiría realizar contrataciones a dedo, promoviendo la corrupción y la desviación de poder, además de que suprimiría competencias constitucionales de control sobre los fondos públicos.
La resolución de la Sala IV se produjo mediante un voto de mayoría, en el que cuatro magistrados se pronunciaron a favor y tres en contra.
Se pronunciaron positivamente Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera (instructora). En tanto, Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Alexandra Alvarado Paniagua declararon inevacuable la consulta de la CGR.
Según la resolución 2024-25125, al versar ambas consultas sobre el mismo proyecto de ley y “ante la evidente conexidad que existe entre estos procesos”, lo procedente es acumular la gestión de la Contraloría con la del TSE, que previamente se había admitido para estudio. Así, se evitará la emisión de fallos contradictorios.
La consulta de la Contraloría se tramitaba bajo el expediente 24-022441-0007-CO), pero ahora se integra al 24-021741-0007-CO.
La Sala IV también informó de que el plazo de un mes para resolver empezará a correr a partir de esta fecha, ya no desde el 13 de agosto, momento en que había ingresado el expediente legislativo con motivo de la consulta del TSE. Así lo dispone el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La Sala IV encontró inconstitucionalidades en cuatro artículos de la primera versión de la “ley jaguar”, porque habrían eliminado las herramientas con la que la CGR ejerce su función de fiscalización de la Hacienda Pública.
El gobierno presentó un nuevo texto con la intención de someterlo a referendo. Al respecto, el TSE presentó una primera consulta sobre tres de los cinco artículos que componen el expediente. Los magistrados electorales solicitaron a la Sala IV esclarecer si la nueva versión violaría la Constitución en torno a las potestades de fiscalización de la Contraloría y el principio de contratación por licitación.
