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La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales concluyó que el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que alerta de un presunto lavado de dinero en la empresa Alunasa, no presenta información que amerite la apertura de una investigación penal en Costa Rica.
Así se lo informó el Ministerio Público a la propia empresa el viernes pasado, en un oficio enviado por el fiscal adjunto Warner Molina a Carlos Peña, asesor jurídico de la empresa del gobierno venezolano.
Peña se comunicó por iniciativa propia días atrás con la Fiscalía para ofrecer "datos, informes, estados financieros y los estados de cuentas bancarias"; no obstante, el Ministerio Público declinó responder a la propuesta, ante la inexistencia de una investigación penal en curso.
"Si bien existe una alerta emitida por la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, informada a esta Fiscalía Adjunta por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), luego de su estudio y valoración se determina que no brinda la información suficiente para la apertura de una investigación penal en nuestro medio", indicó Molina en el oficio.
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La comunicación del fiscal hace referencia al informe que emitió la OFAC el 18 de mayo, el cual concluye que, supuestamente, el diputado constituyente Diosdado Cabello usó Aluminios Nacionales S. A. para lavar dinero, en diciembre del 2016.
El documento estadounidense también afirma que Cabello ordenó al ejército venezolano designar empleados en la planta de Alunasa, ubicada en Esparza de Puntarenas, para que supervisaran la operación de lavado de dinero.
Además de informar la inexistencia de un expediente penal, la Fiscalía comunicó a Peña que no ha solicitado a ninguna entidad que tome acciones ante la alerta de Estados Unidos.
"Ni el Ministerio Público en general, ni esta fiscalía adjunta en particular, ha gestionado, instado o de algún modo determinado a ninguna entidad bancaria o financiera del Sistema Bancario Nacional a realizar o tomar acciones y, o adoptar decisiones contra la empresa Alunasa lo cual, por no existir causa penal, resultaría ajeno a las competencias y atribuciones legales de nuestra institución", escribió Molina.
El Banco Nacional le cerró todas las cuentas a Alunasa el 13 de junio, tras determinar que la publicación del Departamento del Tesoro elevó la calificación de riesgo de la fábrica de productos de aluminio. Según informó la Sugef, otras seis entidades financieras también implementaron algún tipo de medida para protegerse.
Empleados exigen ayuda para la empresa
Un grupo de empleados de la fábrica de productos de aluminio se puso de acuerdo para acuerpar a la empresa en su intento por reactivar operaciones.
En entrevista con La Nación, tres de ellos tildaron de "arbitrario" el actuar de las instituciones, y reprocharon que el gobierno no quiera dialogar con los administradores de la empresa.
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"Lo que pasa es que con Alunasa no es a Venezuela que están haciéndole presión, a es un pueblo allá en el Pacífico, es a 273 trabajadores y es a toda una comunidad que hay detrás, que Alunasa es el eje motriz que mueve la economía del cantón de Esparza. Es como decir que el gobierno se está metiendo un balazo a ellos mismos en la rodilla", dijo Edgardo Rojas, quien trabaja desde 16 años en Alunasa, en el área de Logística.
El gobierno de Carlos Alvarado se comprometió a buscar medidas "paliativas" para ayudarle a los empleados de la fábrica, quienes tienen hasta tres meses de no recibir su salario debido al congelamiento de la operación de la empresa; pero se rehúsa a entablar diálogo con los administradores de la compañía.
Entre las alternativas que el Ejecutivo le ofrece a los empleados está brindarles subsidios a través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero los empleados no confían en esa opción.
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"El IMAS nos va a ayudar, pero hay que ver bajo qué esquema, porque si nos basamos en el básico de ayuda del IMAS, muy probablemente ninguno de nosotros los trabajadores vamos a calificar. ¿Por qué? Porque algunos tenemos casa propia, algunos con su esfuerzo tienen su moto o su carro, entonces para el IMAS no calificamos", dijo Rojas.
Por eso, lo que propuso el grupo es aferrarse a la contestación de la Fiscalía para presionar por condiciones para que Alunasa pueda volver a producir.
Lo principal, dicen, es que la empresa disponga de nuevo de sus cuentas, para que los clientes puedan hacer los depósitos.
"Uno ve que hay como una persecución, nosotros no estamos en defensa del gobierno de Venezuela, estamos en defensa de una empresa que es del gobierno de Venezuela pero trabajamos costarricenses ahí", aseguró Jesús Carmona, empleado de Alunasa desde hace 38 años.
"Lo que queremos es que el gobierno entienda que nosotros queremos seguir trabajando, porque ocupamos trabajar. Nosotros no andamos buscando prestaciones", añadió Carmona.
