El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) evaluará la posibilidad de otorgar subsidios a los empleados de la compañía Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, los cuales llevan tres meses sin recibir su salario.
Esa es una de las medidas ordenadas por Casa Presidencial luego de reunirse con representantes de los trabajadores de esta empresa, la cual fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un presunto lavado de dinero.
El Banco Nacional le congeló las cuentas bancarias a Alunasa producto de la alerta emitida por EE. UU.
La firma, que niega haber participado en una operación de lavado, alega que no tiene cómo movilizar dinero para producir o para pagar sus deudas.
El gobierno de Carlos Alvarado descarta reunirse con Alunasa, la cual pide que le permitan operar bajo supervisión. En cambio, Casa Presidencial enfoca sus esfuerzos en atender a los trabajadores y para ello hubo una reunión estre viernes, que estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Con el fin de ayudar a los 273 trabajadores de la empresa, el IMAS identificará a empleados que, sin el salario, caen en la línea de pobreza, lo cual los hace objeto de ayudas por parte de esta institución pública.
Según informó Zapote, el Banco Nacional también llamó a los empleados que tengan deudas con el BN para conversar sobre posibles prórrogas o arreglos de pago. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hará lo mismo.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) también informó de que, por ley, dará atención a los funcionarios durante seis meses.
El Ministerio de Trabajo, a su vez, verá los perfiles profesionales de los afectados para ayudarles a encontrar un nuevo empleo.
El pasado 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió un comunicado en el que asegura que el diputado constituyente venezolano, Diosdado Cabello, utilizó a Alunasa para introducir y legitimar dinero de origen ilegal.
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Producto de esa alerta, el 13 de junio el Banco Nacional cerró las cuatro cuentas que la empresa tenía en esta entidad financiera, así como dos a nombre de Noel Rafael Martínez Rivero, general de división y presidente de Alunasa.
La investigación de Estados Unidos concluyó que Diosdado Cabello, en asocio con altos funcionarios venezolanos, utilizó a Alunasa para legitimar, en Costa Rica, dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016.
EE. UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar funcionarios en la compañía en Costa Rica.
Según el Departamento del Tesoro, Cabello y su grupo lavaron dinero en Alunasa mediante la importación, a través de Panamá, de cargamentos de minerales por la vía marítima, algo que la compañía niega.