Siete entidades financieras implementaron medidas de seguridad ante la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 18 de mayo, sobre un presunto lavado de dinero en la fábrica de productos de aluminio Alunasa en Costa Rica.
Las medidas se implementaron en atención al protocolo que aplica la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuando se detectan clientes señalados en listas como la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que fue la que emitió la advertencia en este caso.
"La Sugef requiere siempre a las entidades supervisadas verificar si, entre sus clientes, se incluyen personas indicadas en listas como la de OFAC. Se les solicita verificar si tienen operaciones activas o pasivas de las personas designadas, o las empresas y personas relacionadas con estas listas, para que informen los resultados obtenidos a esta Superintendencia, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas", informó la Sugef.
"Cuando se ubica un cliente en tales condiciones, se les pide comunicar las acciones que adoptarán para mitigar los riesgos correspondientes de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo", añadió la institución, pues el objetivo es proteger al sistema bancario nacional.
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Cada entidad financiera decide cuáles medidas aplicará, según el nivel de riesgo que estime.
El Banco Nacional fue uno de los que activó protocolos. La institución decidió cerrar las cuatro cuentas que Alunasa tenía ahí, así como otras dos que estaban inscritas a nombre de Noel Rafael Martínez Valerio, general de división y presidente de Alunasa.
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El BN, además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.
Alunasa es propiedad del Estado venezolano y se dedica a la manufactura de productos de aluminio. Tiene su planta de producción en Esparza, Puntarenas, donde emplea a 277 personas.
De acuerdo con la investigación conducida por el Departamento del Tesoro, la empresa fue utilizada por el diputado constituyente Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, para legitimar dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016.
La empresa niega esos hechos.
EE. UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar funcionarios en la compañía que opera en Costa Rica, en Esparza de Puntarenas.
Cuando cerró las cuentas de Alunasa, el BN alegó: “El nivel de riesgo ascendió en razón de la siguiente publicación (del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), que vincula a autoridades venezolanas que, en apariencia, han utilizado empresas estatales con la realización de negocios fuera del marco legal, razón por la que el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó bloqueos y sanciones”.
El Nacional le comunicó al presidente de Alunasa que, por esa misma razón, no tramitará más créditos ni a su nombre, ni de las empresas que él representa, pero hizo la salvedad de que esta decisión no exime a la compañía venezolana de seguir pagando los créditos que tiene activos con el banco.
Tras el cierre de cuentas, la empresa mantiene una deuda con el Banco Nacional por una línea de crédito revolutiva otorgada en el 2015, la cual permitía a la compañía endeudarse hasta por $2,5 millones.
En entrevista con La Nación, Carlos Peña, asesor jurídico de Alunasa, aseguró que el Banco BAC San José y Credomatic de Costa Rica también les cerró las cuentas a él y a otros cinco empleados venezolanos destacados en Alunasa.
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La Sugef no reveló el detalle de las demás entidades que activaron planes para mitigar riegos, por motivos de confidencialidad.
De la situación de Alunasa también están al tanto el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.
Casa Presidencial, por su parte, descartó acceder a la solicitud de ayuda que le hizo la empresa, la cual pretendía que Zapote le ayudara a gestionar la reapertura de las cuentas.
De acuerdo con Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, el gobierno se limitará a buscar medidas paliativas para asistir a los empleados de Alunasa, quienes tienen varias semanas de no recibir su salario.